El Defensor del Pueblo advirtió el pasado viernes al Ministerio del Interior de que el acuerdo entre Marruecos y España, al que se sigue aferrando Fernando Grande-Marlaska para defender las devoluciones de menores desde Ceuta, exige cumplir la legislación española e internacional en cada uno de los retornos practicados. En la argumentación de su recomendación, publicada este miércoles, Francisco Fernández Marugán ya alertaba al ministro de que las expulsiones de los niños y adolescentes, tal y como se han llevado a cabo en los últimos días, no son legales.
“A la vista de las actuaciones realizadas, esta institución está en condiciones de afirmar que el procedimiento seguido en el día de hoy para devolver a Marruecos a un grupo de menores, cuyo número se desconoce, no cumple con los requisitos legalmente establecidos”, indicó Fernández Marugán en el texto del recordatorio enviado el viernes a Interior, en el que pedía la suspensión de estas repatriaciones. Al Defensor le preocupa “muy especialmente” el “incumplimiento de la obligación de escuchar al menor, y la ausencia de informe previo de los servicios de protección de menores y del ministerio fiscal”.
Tanto el ministro del Interior como el presidente de Ceuta han defendido la base legal de su operativo de retorno de menores apelando al acuerdo con Marruecos de 2007. Según su tesis, las devoluciones de menores no tienen por qué cumplir el estudio individualizado de los casos exigido en la Ley de Extranjería, algo que niega el equipo de expertos del Defensor del Pueblo. La institución recuerda que, en primer lugar, el pacto bilateral exige el cumplimiento de la legislación española.
“Tras la entrada en vigor del Reglamento en extranjería en el año 2011, y tras la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional no existe duda alguna respecto al procedimiento que se ha de seguir”, zanja Fernández Marugán.
La tesis de Marlaska y Vivas
El presidente del Gobierno de Ceuta puso en duda este martes que las condiciones en las que España y Marruecos pactaron iniciar el viernes la repatriación de niños migrantes solos al país vecino deban someterse a la Ley de Extranjería y señaló que esa es una disyuntiva “jurídica” que espera que los tribunales resuelvan de aquí viernes, el plazo en el que los retornos forzosos han quedado suspendidos.
“El acuerdo solo dice que los gobiernos se pondrán de acuerdo en cómo llevarlas a cabo, siempre cumpliendo el bien de interés del menor. En ningún sitio dice que haya que tener entrevistas individualizadas”, insistía el presidente local. El acuerdo con Marruecos, sin embargo, no exime del cumplimiento de la legislación, según ha concluido un juzgado ceutí y reiteran las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es.
Grande-Marlaska, por su parte, defendió de nuevo este martes las devoluciones de menores aferrándose al pacto con Marruecos. “Cuando existe una realidad con un país en concreto se firma un convenio” y después se da “la discusión técnico-jurídica del procedimiento”, dijo en una entrevista con RNE.
Interior ha pedido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que inadmita el recurso presentado por la Asociación Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra el retorno de los menores no acompañados desde Ceuta. La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska ha alegado que no es la administración competente en este trámite y que estos hechos ya están siendo analizados por un juzgado de Ceuta.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional había reclamado al Ministerio del Interior que remitiera en un plazo de 24 horas el oficio de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la repatriación de menores en virtud del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat.
“El escrito cuya copia se solicita se limita a poner de manifiesto que el Ministerio del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos”, responde Interior en un recurso que firma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en la línea de lo defendido por Interior estos días: que es el Gobierno de Ceuta quien procedió a solicitar el retorno de los menores.