El Defensor del Pueblo concluye que Interior incumplió la ley en la tragedia de Melilla

El Defensor del Pueblo ha concluido que el Ministerio de Interior incumplió la legalidad en las devoluciones realizadas por la Guardia Civil durante el salto de la valla de Melilla del pasado 24 de junio en el que murieron al menos 23 personas, según el avance de los primeros resultados de su investigación sobre la tragedia. Aquel día, los migrantes retenidos en el lado español de la alambrada fueron retornados por los agentes en una actuación defendida por el ministro Fernando Grande-Marlaska. El equipo de Ángel Gabilondo recuerda al Ejecutivo que los “rechazos en frontera” deben seguir un procedimiento individualizado.

“Tras analizar la documentación recibida por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la institución concluye que se efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales”, sostiene un comunicado hecho público por el Defensor este viernes. Según recuerda la institución dirigida por Ángel Gabilondo, el Tribunal Constitucional “establece que el rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales”, una exigencia incumplida de forma sistemática en las vallas de Ceuta y Melilla. Hasta ahora, Interior solo reconocía haber devuelto en caliente aquel día a 102 personas.

A través de este caso, la institución apunta a las sistemáticas devoluciones en caliente llevadas a cabo en la frontera, defendidas por el ministro Grande-Marlaska. Su departamento no ha tardado en responder al varapalo del Defensor. “Todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad”, han remarcado fuentes de Interior a elDiario.es.

La devoluciones en caliente están prohibidas en base a la Ley de Extranjería. En 2014, el Gobierno del Partido Popular intentó regular estos retornos a través de la creación de una nueva figura, llamada “rechazo en frontera”, incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, esta normativa también exige el estudio individualizado de cada caso, pues incluye la exigencia de cumplir la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Los testimonios de los supervivientes de la tragedia, recogidos por elDiario.es y otros medios, acusan a Interior de haber devuelto a Marruecos a menores, personas heridas y potenciales solicitantes de asilo. Una decena de sudaneses retornados de forma sumaria por la Guardia Civil aseguró que los agentes españoles utilizaron la violencia con el objetivo de retener a los migrantes que intentaban permanecer en España.

Recomendaciones

El Defensor del Pueblo también ha formulado una serie de “recomendaciones y recordatorios legales” a la Secretaría de Estado de Seguridad para “que se evite la repetición de episodios similares” en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla.

Entre ellas, Ángel Gabilondo ha solicitado la revisión de “los protocolos de actuación activados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Marruecos” cuando se produzcan intentos de entrada irregular en los perímetros fronterizos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En esta línea, el Defensor del Pueblo también solicita que el desarrollo “urgente” de las garantías incluidas en la Ley de Extranjería en lo referente a los retornos de migrantes, para cumplir con la sentencia del Constitucional en relación a los “rechazos en frontera”.

La institución también ha exigido a Interior que sus equipos dejen “constancia escrita” de que, antes de proceder a la devolución, el extranjero ha recibido “información sobre protección internacional”. También propone aumentar el flujo de información internacional con el objetivo de “prever situaciones de presión fronteriza extrema, para incrementar los operativos de atención humanitaria en el perímetro terrestre en coordinación con la Secretaría de Estado de Migraciones y la Agencia de Asilo de la Unión Europea”.

El comunicado del Defensor también llama la atención a la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la necesidad “aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza” para “garantizar el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradante”.