Crece la presión en el seno de la UE por el acuerdo alcanzado con Túnez para controlar los flujos migratorios. La última en dar la voz de alarma ha sido la Defensora del Pueblo, que lo ha cuestionado por la falta de garantías en el cumplimiento de los derechos humanos. Emily O'Reilly se ha dirigido a la Comisión Europea para preguntarle si ha elaborado una evaluación de impacto al respecto y si pretende llevar a cabo una evaluación periódica sobre la situación mientras el acuerdo se implementa.
Ante el incremento de la presión migratoria a través desde Túnez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y del holandés, Mark Rutte, sellaron un acuerdo con la dictadura de ese país para que actúe como policía de fronteras en el Mediterráneo. A cambio de impedir la salida de personas migrantes, se le ofrecía un paquete de ayuda de 1.000 millones de euros, de los que 150 son directos y sin condiciones de devolución. 150 millones tienen por objetivo mejorar las fronteras tunecinas para impedir que las embarcaciones salgan al mar.
La Defensora del Pueblo plantea a la Comisión Europea si tiene criterios definidos para cortar esa financiación en caso de que se violen los derechos humanos.
A lo largo del verano se han producido expulsiones de migrantes de Túnez a Libia y Argelia con condiciones extremas. Incluso la ONU manifestó su preocupación por la situación.
La carta de O'Reilly llega unos días después de que la izquierda se revolviera contra el acuerdo. La líder de los socialistas y demócratas, la española Iratxe García, ha pedido la retirada de dicho acuerdo y ha solicitado una evaluación de la legalidad de dicho acuerdo por parte de los servicios jurídicos del Parlamento. “Esta Casa siempre ha trabajado por la defensa de los derechos humanos y debe actuar en esta cuestión crucial”, señaló García.
“El acuerdo de la Unión Europea con Túnez no respeta la legislación de derechos humanos, no respeta nuestros valores. Externalizar la gestión de las fronteras no garantiza los derechos mínimos de los demandantes de asilo y lo que no podemos hacer es enviar un mensaje desde Europa de este tipo. Es totalmente inaceptable que el dinero de los contribuyentes europeos esté yendo para financiar a gobiernos que están atacando los principios fundamentales de los derechos humanos”, señaló en una rueda de prensa el martes: “Los ciudadanos escapan de Túnez por la represión que cada día es peor”.
Las críticas de la socialista chocaron con la defensa que hizo del acuerdo el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pascual Navarro: “Luchar contra la migración irregular con origen o destino en Túnez y evitar la pérdida de vidas en el mar son prioridades comunes de dicho país y de la Unión Europea. Este memorando refleja estas prioridades y contribuye en mayor medida a un enfoque global de la migración. También coincidimos con nuestros homólogos tunecinos en que la migración se debe abordar a través del vínculo entre migración y desarrollo”.
El cuestionamiento de la Defensora del Pueblo se produce, además, justo después de que Túnez haya vetado la visita de una delegación oficial del Parlamento Europeo para estudiar el acuerdo. “Condenamos la decisión de las autoridades tunecinas de negar la entrada a la delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y exigimos una explicación detallada. Esta conducta no tiene precedentes desde la revolución democrática de 2011”, indicó la delegación, integrada por cinco eurodiputados de distintos partidos, en un comunicado. La intención era proseguir el trabajo de la misión de investigación de la Comisión de Asuntos Exteriores a Túnez en abril de 2022, cuando el Parlamento estaba preocupado por el retroceso político en el país en el ámbito de la democracia y los derechos humanos.