La primera “fotografía fija” de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que realiza el ámbito académico no deja en buen lugar a las autoridades españolas. Las clínicas jurídicas de las cuatro universidades, la de Barcelona, Valencia, Valladolid y la Pontificia Comillas ICAI-ICADE, han elaborado un estudio, una radiografía global y exahustiva de las condiciones de vida de los internos que acaban entre sus muros para ser expulsados de España y que “no distan mucho de los centros penitenciarios”. “Estamos ante un hecho: la vulneración masiva de derechos humanos”, afirma uno de sus responsables.
El informe 'La situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España y su adecuación al marco legal', encargado por Pueblos Unidos, pretende aumentar la información de estos centros, dada la “opacidad y falta de transparencia” de las fuentes oficiales, denuncia Amalia Hernández, coordinadora del proyecto. También, comparar: enfrentar los hechos, el día a día de los extranjeros sin permiso de residencia privados de libertad para expulsarlos del país (aunque solo se cumplió esta finalidad en el 47,45% de los casos en 2014), con el “debe ser”, la normativa que regula estos centros.
1. CIE de Aluche (Madrid)
El informe comienza haciendo referencia al nombre con el que se conoce a este centro: “El 'Guantánamo español”. Inaugurado en junio de 2005 y con capacidad para 280 personas (40 mujeres), centraliza un gran número de las expulsiones de extranjeros de España.
En las habitaciones, que oscilan entre los 21 y 40 metros cuadrados, viven entre 6 y 8 personas. Por la noche, a las 23.45, las puertas se cierran con un sistema de “rejas y llaves”. En los cuartos, los internos que simplemente han cometido la falta administrativa de residir en España sin los papeles necesarios pueden convivir con personas que están condenadas por diversos delitos, “lo cual supone una vulneración de lo establecido en el artículo 7,3 el Real Decreto 162/2014”, el Reglamento de los CIE. No hay ventilación y “la disposición de planchas metálicas en las ventanas apenas deja entrar la luz”.
Las visitas deben comunicarse con sus allegados a través de una mampara y hablan por un telefonillo, sin contacto físico.
El servicio médico, adjudicado a la empresa Clínica Madrid, S.A. no tiene servicio permanente. Según el pliego rector de la licitación convocada por el Ministerio del Interior el pasado mes de mayo de 2014, “el servicio médico se prestará de lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 horas. Los sábados, domingos y festivos en horario de 10.00 a 13.00 horas”. Cuando hacen una prueba, “no se entregan los partes médicos a los internos”.
Respecto a la población vulnerable, como embarazadas y niños, que no deberían acabar en uno de estos centros, en el caso de Madrid “no existe rigor en la identificación de los menores internados”.
2. CIE de La Piñera (Algeciras)
El CIE de Algeciras, con capacidad para 350 personas, se crea en 2003 en un antiguo centro penitenciario. Según ha podido documentar el informe “necesita numerosas reformas”, muchas “estructurales”. En literas, comparten habitación entre 6 y 8 personas, en habitaciones aisladas por rejas, tanto en puertas como en ventanas. Tampoco hay separación de las personas con antecedentes penales de las que no los tienen.
La atención sanitaria, de nuevo, es responsabilidad de Clínica Madrid S.A. (gracias a la licitación concedida por el Ministerio del Interior). Si tienen alguna indisposición por la noche, no hay personal cualificado ya que la asistencia se presta de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Los fines de semana tampoco están presentes los profesionales médicos ni el de enfermería.
No siempre hay servicio de traducción. “Es oscilante: a veces hay y a veces no hay”, concluye el informe. El idioma, según recoge el estudio, es a menudo un problema para la comunicación fluida con los servicios médicos.
“Los servicios sociales son prácticamente inexistentes”. En este clima, la capacidad del centro para detectar a posibles menores de edad, que deberían ser acogidos por el sistema de protección del menor, no existen. Tampoco se adoptan “medidas especiales para el caso de las mujeres embarazadas ni los internos de avanzada edad”.
3. CIE de Zapadores (Valencia)
La última “reforma” del CIE de Zapadores, en Valencia, fue una fumigación por la plaga de chinches a finales de 2014, según las autoridades. Pero este edificio, construido dentro de las instalaciones policiales, “necesita una reforma, tal y como aseguran miembros de la Policía”, indica el estudio. Ante la falta de información oficial, ni siquiera se conoce el número exacto de personas que pueden ocuparlo: los datos recabados en el informe apuntan que existen 156 plazas, pero en una entrevista del Juzgado de Control -encargado de la vigilancia de las condiciones del centro- de las se obtiene un dato diferente, 135.
Las celdas, con ventanas con barrotes, están preparadas para seis personas. No existe baño en el interior de las habitaciones, las puertas se cierran por la noche y no hay ningún sistema automático de apertura para los casos de emergencia. La ventilación en las celdas llega por unos ventanucos en los alto de las paredes, pequeños, que permiten pasar la luz. Las personas con antecedentes por delitos comparten cuarto con los que no los tienen.
Los internos tienen “escasez de agua: una botella de un litro para cuatro personas en las principales comidas, con acceso a un dispensador de agua de pago, con una máquina expendedora (0.75 euros la botella de medio litro y un euro la de litro). Está prohibido el uso de ”linternas o bolígrafos y de cepillos de dientes“.
El patio de mujeres está cerrado. De este modo, si quieren salir a que les dé el aire, deben hacerlo al de hombres por lo que normalmente no salen, afirman en la Campaña por el Cierre de los CIE. Según el juez de control, el patio no se abre porque “las mujeres no lo solicitan”.
Si se ponen malos, los internos del CIE de Zapadores tampoco cuentan con médico las 24 horas del día. La adjudicataria, Sermedes, a cuyo servicio los internos tienen acceso con dificultad: los voluntarios que trabajan con los internos afirman que tienen que ser muy exagerados o tener dolores muy fuertes para poder ver al médico, que está ocho horas
4. CIE de Zona Franca (Barcelona)
A pesar de que el CIE de Barcelona, con capacidad para 226 personas, es de nueva construcción (de 2006) ha seguido el modelo arquitectónico de las cárceles. Las personas internadas comparten habitación con otros tres o cinco compañeros, sin baño.“Para ir al servicio por la noche, hay que avisar a los policías para que les abran la puerta y les acompañen al WC”, reza el estudio. Algunos acaban haciendo orinando en botellas de plástico, en las celdas.
No hay separación de las personas que han estado en la cárcel por delitos cometidos de los que no tienen antecedentes.
Tampoco existe servicio sanitario permanente, ni atención especializada. Gracias a un auto del Juzgado de Control se falló en contra de la práctica en la que se negaba la realización de pruebas médicas por la falta de tarjeta sanitaria. Las personas que ingresan en los CIE no tienen papeles y el Gobierno quitó las tarjetas sanitarias a las personas en situación irregular. Ningún interno puede tener tarjeta, por lo tanto.
“Se han producido suicidios y agresiones en el interior del CIE”, indica el estudio.
5. CIE de Sangonera La Verde (Murcia)
El comienzo de la actividad del centro data de 1993. En este centro, las habitaciones son colectivas, donde conviven entre 6 y 12 personas. Dentro, no hay aseo ni inodoro ni ducha. Las puertas se cierran por la noche y no cuentan con apertura automática. En las ventanas, por las que entra luz natural, no hay rejas.
En este centro, hay atención médica permanente: de “un médico y un diplomado de emfermería (dos ATS)”. Aunque el médico está de guardia y localizable, solo permanece en el centro de las 8.30 a las 14.30 horas.
Los servicios sociales son un punto débil del centro: “No hay asistencia social en este CIE, como mucho algún técnico, temporalmente y de manera discontínua”.
6. CIE de Barranco Seco (Las Palmas)
Del CIE de Barranco Seco, que puede acoger a un total de 168 personas, apenas se han podido recabar detalles, según denuncian los responsables del informe. En las habitaciones conviven entre 5 y 6 personas, “un número excesivo” según las denuncias que recoge el estuio.
Tampoco hay asistencia sanitaria durante todo el día, aunuque se desconoce el horario establecido. “No hay trabajadores sociales”, añade el informe. Una de las denuncias del centro radica en que “no se activaron protocolos para detectar y proteger a víctimas de trata”.
7. CIE de El Matorra (Fuertventura)
En la actualidad, en suspensión temporal debido a su uso reducido desde 2012. Durante la época de mayores llegadas de pateras a las Islas Canarias, el centro funcionaba en dos zonas: “Por un lado, dos grandes naves con una capacidad para 350 personas cada una, dotadas de un baño y alguna ducha. Por otro lado, pequenísimas celdas, pero dotadas de veinte literas cada una”.
El baño es común y exterior y “su insalubridad era alarmante”. Las celdas son de “tipo cárcel”, sin luz nocturna, con rejas en ventanas y puertas.
Respecto a la atención médica, “hay noticias de que a veces pasaban semanas completas desde que veían al médico”. El servicio fue adjudicado por el Ministerio del Interior a una clínica privada llamadas Las Olas.