Denuncias de explotación laboral en Malasia contra un fabricante de guantes médicos en pandemia

“No tengo ningún sueño para el futuro porque todos los sueños dependen del dinero”, dice Resham, del distrito nepalí de Banke, en la frontera con el estado indio de Uttar Pradesh. “El tiempo pasa y yo me hago mayor, sea lo que sea lo que tenga que venir, lo afrontaré y seguiré adelante con la vida”.

Resham, de 45 años, regresó el año pasado a Nepal tras diez años en Malasia trabajando para la empresa productora de guantes médicos Supermax. En octubre, Estados Unidos prohibió las importaciones de Supermax citando pruebas “que indican el uso de trabajo forzado”. Un mes después, Canadá también rescindió sus contratos. En Reino Unido, la filial británica de Supermax fue nombrada proveedora autorizada de guantes para el personal del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) con un nuevo contrato de 6.000 millones de libras (unos 7.100 millones de euros). 

Igual que otros cientos de miles de trabajadores nepalíes, Resham había viajado a Malasia en busca de un salario decente que le permitiera enviar dinero a su familia. Pero tras una década fuera de su país, ha regresado sin nada. “Es agradable estar de vuelta con mi familia, pero me preocupa encontrar la manera de afrontar mis responsabilidades”, dice Resham, que necesita dinero para financiar la educación secundaria de sus dos hijos adolescentes. 

El despacho de abogados Wilson Solicitors ha solicitado una revisión judicial del contrato en nombre de un grupo de trabajadores de Supermax y de The Citizens, la ONG co-demandante y especializada en investigar contratos firmados por el Gobierno británico durante la pandemia.

Según Nusrat Uddin, socio de Wilson Solicitors, “se cree que este caso es el primero de este tipo, en el sentido de cuestionar la diligencia debida del Gobierno británico en relación con los productos que adquiere, y si los procesos en marcha se adhieren a la legislación que ellos mismos han promulgado”.

Supermax se adjudicó en 2015 parte de un contrato para suministrar guantes al sistema de salud británico por un importe de entre 320 y 375 millones de libras (entre 380 y 445 millones de euros, aproximadamente). En abril de 2020, y gracias a la regulación para emergencias de la pandemia, la empresa se adjudicó sin licitación un contrato individual por 311 millones de libras (unos 370 millones de euros). En diciembre de 2021, cuando ya eran conocidos de sobra los cuestionamientos al modelo laboral de la empresa, Supermax ganó una parte del acuerdo marco de suministro del NHS por un importe de 6.000 millones de libras (unos 7.100 millones de euros).

El falso sueño malayo

“No es justo”, dice Saroj*, de 27 años. “En vez de ayudar a estas empresas malayas, Reino Unido debería ayudar a los trabajadores que dicen haber sufrido abusos en el pasado y que ahora mismo los están sufriendo”.

Resham y Saroj forman parte del grupo de seis ex empleados nepalíes de Supermax que fueron entrevistados sobre su etapa en Malasia. Casi todos proceden de zonas rurales y han crecido en comunidades agrícolas. En su mayoría, no terminaron el colegio o directamente no fueron debido a la situación económica de sus familias. Viajaron a Malasia para mantener a padres, hijos, cónyuges y hermanos. Pero estos trabajadores repatriados alegan haber pasado por malas condiciones de trabajo y de vida en Supermax, entre las que se incluyen abusos, detenciones y deducciones de sus salarios. Sin acceso a sus pasaportes, con sueldos reducidos y en deuda con la empresa de contratación, la mayoría no tuvo más remedio que quedarse.

Cuando era más joven, Resham trabajaba como agente de policía en su pueblo. Pero la posición que tomó durante la insurgencia maoísta en Nepal hizo que su familia sufriera ataques violentos y él tuviera que dimitir. Fue así como empezó a buscar trabajo en el extranjero. Terminó eligiendo Malasia porque una empresa de contratación le dijo que “el sueldo, el clima, la cultura y el ambiente de trabajo son buenos”.

Según un informe de Amnistía Internacional publicado en 2017, muchos trabajadores migrantes nepalíes quedan “atrapados en un círculo vicioso de deuda y explotación”. Dos de cada tres nepalíes encuestados por Aministía pagan tasas de contratación excesivas o ilegales.

Dil, un ex trabajador de 32 años del distrito nepalí de Dhankuta, describe Supermax como un lugar en el que era difícil “hablar con alguien o entablar amistad”. Los trabajadores de la empresa eran “despedidos y maltratados” por plantear problemas o por cometer pequeños errores como ir al baño sin un pase, dice. A Dil lo multaron en cuatro ocasiones por “no llevar un corte de pelo adecuado”.

Según Resham, después de restar las “deducciones oficiales” por comida, alojamiento y facturas; así como las “no oficiales”, como la multa por el corte de pelo; le quedaban unas 130 libras al mes (unos 154 euros), bastante menos de la mitad del salario. Además de los recortes en el sueldo, Resham dice haber sido detenido y agredido físicamente por denunciar las malas condiciones laborales, como la baja calidad de la comida que deducen de sus salarios.

“Hablo ahora y parece que me estoy refiriendo a una pesadilla”, dice Saroj, que decidió quedarse en el albergue y no presentarse a trabajar para hacer que Supermax lo enviara de vuelta a casa. “Pensé que regresar a Nepal era mejor que trabajar en una empresa abusiva que pagaba muy poco”, dice. Pero, como no trabajaba, no se le permitían las comidas de la fábrica, explica. En aquella época, la cómida de la fábrica se deducía automáticamente de los salarios de los trabajadores, lo que limitaba su acceso a la comida. Sus amigos le daban alimentos a escondidas, pero su plan para que lo enviaran a casa había fracasado. La empresa dijo que sólo le permitirían comer si empezaba a trabajar de nuevo, dice. “Así que finalmente decidí reincorporarme al trabajo”. 

Debido a la pandemia y al aumento en la demanda de guantes, las jornadas laborales en Supermax pasaron de 12 horas al día a 14 o 15, y a los trabajadores no se les permitía viajar a casa con facilidad, explica el ex trabajador nepalí Sitaram, de 36 años, a la ONG The Citizens. “Retuvieron nuestros pasaportes para siempre... Considero su actitud como de trabajo forzado”, dice Sitaram, que se quedó sin volver a casa durante la muerte de su padre el año pasado. “Cuando solicité la repatriación urgente, me suspendieron y me mantuvieron sin salario durante un mes en el albergue”, dice. En la cultura hindú, dice, su deber era estar en el funeral como único hijo de su padre. 

“La empresa siempre usaba la pandemia como excusa para retenernos, creo, porque si volvíamos, se reduciría su plantilla y no podrían producir los guantes”, alega Resham.

“Comprendemos perfectamente que hay una pandemia y que hay una mayor demanda de guantes EPI”, dice Uddin. “Pero este Gobierno [británico] se ha autoproclamado líder mundial en la lucha contra las formas modernas de la esclavitud, por lo que este mismo Gobierno debería asegurarse de que los productos que compran para proteger a sus propios ciudadanos y a su personal médico no han sido fabricado haciendo pasar por condiciones nefastas a los del otro lado del planeta”.

Auditorías, indemnizaciones y amenazas

Tras las prohibiciones de Estados Unidos y de Canadá, hay auditorías independientes en marcha en las instalaciones de Malasia. Supermax anunció a principios de febrero que estaba reembolsando las tasas de contratación pagadas por ex trabajadores, mejorando las condiciones laborales y aumentando el salario mínimo.

En la solicitud de revisión judicial de Wilson Solicitors se dice que en septiembre de 2021, el organismo responsable del aprovisionamiento del sistema de salud británico, “recibió un resumen detallado de las pruebas que fundamentan las preocupaciones crecientes sobre Supermax”. Tras la decisión de Estados Unidos de prohibir las importaciones, Supermax garantizó a Reino Unido que “había tres auditorías de sus fábricas en marcha y que se entregarían los resultados”. Pero “inexplicablemente”, Reino Unido no esperó al resultado de las auditorías para dar por finalizada la evaluación y adjudicar el contrato a Supermax.

El 1 de febrero se pidió a Supermax un comentario para este artículo pero no hubo respuesta. Dos días después, los trabajadores repatriados que aparecen en este artículo fueron contactados por una filial de Supermax con una oferta de indemnización.

En un comunicado del 8 de febrero, Supermax confirmó el pago de la indemnización y dijo estar creando “un fondo de amortización para garantizar la indemnización a estos ex trabajadores y a todos los demás trabajadores que reúnan los requisitos necesarios de acuerdo con los criterios de elegibilidad revisados para la indemnización”. El comunicado decía que la empresa había “implementado un pago único discrecional de 5.000 ringgit malayos (unos 1.000 euros) a todos sus trabajadores y añadirá un elemento adicional por el interés sobre el importe de las tasas y los costes relacionados con la contratación pagado por los trabajadores”. 

Los informes de los trabajadores sobre las condiciones actuales de la fábrica son contradictorios. Algunos cuentan que, en una auditoria de hace tres meses, los que se quejaron de las condiciones fueron amenazados de muerte por un supervisor de Supermax. Pero un ex trabajador llamado Jugal, de 30 años, dice que sus amigos que siguen aún en las fábricas están “contentos porque han mejorado muchas cosas”. Entre ellas, que ahora pueden llevar sus teléfonos a la fábrica, que pueden comer su propia comida, y que no tienen deducciones en los salarios.

Un portavoz del organismo responsable de las compras del sistema de salud británico dijo a The Guardian: “Nos tomamos muy en serio cualquier acusación de esta naturaleza y no dudamos en investigar las reclamaciones presentadas contra los fabricantes. Antes de adjudicar el contrato a un proveedor se lleva a cabo el adecuado proceso de diligencia debida y seguimos las normas legales y éticas más estrictas. En este momento no podemos hacer más comentarios debido a los procedimientos legales en curso”.

Este artículo se ha escrito en colaboración con la ONG The Citizens. John Lubbock y Uma Bista contribuyeron al reportaje.

*Algunos nombres han sido modificados como medida de protección.

Traducción de Francisco de Zárate.