Las desapariciones forzosas en México: “¿Cómo confiar en un estado criminal?”

La muerte, los secuestros y el miedo han focalizado la atención internacional en México. El país norteamericano se enfrentó este febrero al examen periódico del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU con la pesada losa de los 43 estudiantes desaparecidos en una pequeña ciudad de Guerrero, uno de los estados más violentos del país. Los crímenes son una constante, pero esta no era una revisión más. Los relatores de las Naciones Unidas fueron contundentes ante la falta de información aportada por el Gobierno sobre las personas que sufren estos delitos: “Las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes”.

“El sufrimiento de que desaparezcan a tu hijo es algo indescriptible”, narra Felipe de la Cruz, uno de los padres de los normalistas atacados en Iguala (la ciudad en la que desaparecieron los 43 jóvenes de Ayotzinapa). Su hijo, Ángel Leri de la Cruz, sobrevivió al ataque y fue testigo del horror sufrido por las familias. Hoy Felipe es portavoz de la llamada causa “de los 43”: “El estado de ansiedad y horror constante que sufren los padres es tremendo. Estas desapariciones son un acto diabólico y maquiavélico. Y el Estado es el responsable porque a los chicos se les llevaron policías y militares. La complicidad entre el Gobierno y el narco está más que demostrada. Es un crimen de estado y hasta la ONU lo reconoce”.

Las desapariciones de Iguala se han convertido en el mayor escándalo nacional desde la masacre de Tlatelolco en 1968. El 2 de octubre de aquel año el ejército reprimió una manifestación en la capital y mató a cientos de estudiantes. La represión y el miedo lograron acallar las voces de protesta. Pero en 2014 la situación es muy distinta. Hoy las voces no pueden silenciarse: la gran mayoría de movimientos sociales, políticos y culturales mexicanos se han unido para denunciar un crimen masivo que, según todos los indicios, fue cometido por las mismas autoridades en coalición con el narco.

Desde septiembre, el país ha sido testigo de marchas multitudinarias que exigen al Gobierno esclarecer el denominado caso Iguala y rendir cuentas ante las múltiples desapariciones forzosas ocurridas durante la última década. Y a pesar de todas las protestas, la respuesta del Gobierno de Enrique Peña Nieto sigue siendo el silencio. Ni siquiera el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU consiguió el número total de personas desaparecidas por la fuerza en el país, a pesar de su insistencia en el reciente examen periódico al que sometió a la delegación mexicana en Ginebra.

El pasado 13 de febrero, el Comité de Naciones Unidas fue tajante: “Las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes”. Rainer Huhle, miembro del Comité y relator sobre el caso de México, explicitó la preocupación del organismo “por la impunidad”: “Las cifras hablan por sí mismas si tenemos en cuenta que hablamos de miles de casos de desapariciones forzadas y sólo seis personas han sido condenadas”.

El total de afectados “no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, aseveró Huhle. El Gobierno de México reaccionó con molestia y afirmó que las críticas del organismo “no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales”. Sí admitió la necesidad de mejorar los registros oficiales. “En el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas”, reconoció Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario general para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Más de un centenar de ONG mexicanas entre las que se cuentan el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y la Comisión Mexicana de defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDH) expresaron su rechazo a la respuesta del Gobierno y denunciaron la impunidad y el vacío legal con respecto al tema: “Hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una Ley General contra la Desaparición Forzada”.

En el terreno legislativo, el Gobierno aprovechó la cita con las Naciones Unidas en Suiza para prometer que para junio como tarde México contará con una Ley General de Desaparición Forzada. “Es un reto inmediato”, afirmaron los representantes de la delegación mexicana, que recordaron que deben cumplir primero con la reforma de la Constitución.

En medio de una guerra sucia con decenas de miles de víctimas cada año, la masacre de Iguala ha sido la gota que ha colmado el vaso. Desde 2006 más de cien mil personas han muerto como consecuencia de la guerra entre cárteles y de la situación de violencia generalizada y represión en México.

Para Samuel Kenny, coordinador de la Fundación para la Justicia y el Desarrollo Democrático (una de las organizaciones más implicadas en el tema), lo más alarmante es la participación directa o indirecta de las autoridades. “Una desaparición forzosa se diferencia de una desaparición normal en que implica la participación de fuerzas estatales. Por tanto se puede afirmar que el Estado siempre es responsable de las desapariciones forzosas, aunque lo nieguen, porque todo el territorio mexicano es su responsabilidad. Cuando cualquier autoridad de cualquier nivel participa o permite una matanza, el Estado es responsable”, explica.

Los casos más graves de desapariciones

Durante los últimos años han ocurrido matanzas aún mayores que la de Iguala que no han alcanzado un nivel mediático ni remotamente parecido.

En 2010, en el municipio de San Fernando (estado de Tamaulipas, frontera oriental con Estados Unidos) 72 migrantes fueron masacrados por el cártel más sanguinario del país: el de los Zetas. En 2011, otras 193 personas fueron asesinadas en el mismo estado en circunstancias similares. Esta vez, decenas de policías y oficiales fueron detenidos por complicidad con los narcos, pero como matiza Samuel Kenny, “ni siquiera se les acusó de desaparición forzosa. No hay ninguna voluntad para reconocer este problema”. ¿A qué se debe esta omisión? “Sólo pueden responder las autoridades. El Comité de la ONU les preguntó por qué no hay datos precisos sobre desapariciones forzosas, pero no dijeron nada claro”, responde el coordinador de la Fundación para la Justicia y el Desarrollo Democrático.

En marzo de 2011, los Zetas entraron en el municipio de Allende (en el norteño estado de Coahuila) para llevar a cabo una venganza. Arrasaron más de 30 casas y, según las denuncias, hicieron desaparecer a más de 300 personas. Después de tres años de absoluta pasividad y encubrimiento del caso, el Gobierno de Coahuila asegura que solo hubo 28 desaparecidos. Al igual que en el resto de los casos, las autoridades solo reaccionaron ante la insistente presión mediática y social.

“Estamos muy preocupados ante la ausencia y la manipulación de datos”, continúa Kenny. “En el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no aparecen las denuncias de desapariciones de migrantes que nosotros reportamos. La Secretaría de Gobierno da cifras contradictorias. Ahora dice que hay 20.000 desaparecidos, ahora menos… Los migrantes son ignorados. No hay un reconocimiento oficial del problema”.

A estos casos se podrían añadir la aparición en mayo de 2012 de 49 torsos mutilados encontrados en Cadereyta (en el norteño estado de Nuevo Leon), la muerte de 22 personas el junio pasado en Tlatlaya ( en el Estado de México, que rodea la capital) y por supuesto el caso de violencia generalizada en Ciudad Juárez, una de las ciudades más peligrosas del país, situada en Chihuahua, la frontera oeste con Estados Unidos. Desde los años noventa, cientos de mujeres han sido secuestradas, violadas y desaparecidas en la urbe fronteriza. A partir de la guerra del narco de 2006 la violencia se desató con una media de casi diez homicidios por día. Sólo en 2010 hubo 3.622 asesinatos contabilizados en la ciudad. En total más de 10.000 muertos desde 2006 en una sola ciudad. Un nivel de atrocidad solo comparable con el de una guerra civil.

La desaparición de los 43 de Ayotzinapa es solo uno más de los cientos de casos en los que la corrupción política se cifra en violencia criminal. ¿Qué diferencia hay entre Iguala y San Fernando en Tamaulipas? ¿O frente a la matanza de Allende? ¿O con las desapariciones de cientos y cientos de mujeres en Ciudad Juárez?

En todos estos casos hay inocentes muertos, hay narcotraficantes implicados y hay una clara complicidad de las autoridades. Todos ellos, por tanto, son casos de desapariciones forzosas. ¿Por qué la indignación no ha saltado hasta el caso Iguala? ¿Qué tiene de especial? “Nadie sabe por qué”, responde Samuel Kenny, “porque este tipo de desapariciones no es nuevo; ocurre desde hace décadas y es un método generalizado desde la llamada 'Guerra Sucia' que el Gobierno de México mantuvo contra los grupos guerrilleros durante los años 70”.

Según el periodista Sergio González Rodríguez, autor de Huesos en el desierto (una de las obras más importantes sobre las desapariciones en Ciudad Juárez), las autoridades mexicanas no dedican ninguna atención al tema. “Saber que cada día desaparecen 13 personas en México, desde que comenzó el régimen de Enrique Peña Nieto, resulta abrumador y lleva a exigir un verdadero avance del Gobierno para solucionar este problema”.

Para él, los casos de San Fernando e Iguala son los más graves, pero más allá de su rango emblemático —en el primero, las víctimas fueron migrantes latinoamericanos; en el segundo, se trató de estudiantes—, “el problema atañe a la crisis institucional de México y a su Estado a-legal, que funciona fuera y/o contra la legalidad, mientras simula cumplir la ley (…). Si no hay ni siquiera registros veraces de víctimas se puede hablar de ineptitud e irresponsabilidad, de desdén y ganas de soslayar el problema y, en cambio, darle una solución burocrático-propagandística, mediante mensajes comunicativos que divulgan las tareas realizadas por el Gobierno”, señala el periodista.

“El Estado de Derecho no existe”

La responsabilidad de policías municipales en las constantes desapariciones ha llevado a expertos e investigadores a comparar ciertos estados de México con el totalitarismo nazi. “Hay una suerte de neblina que no nos permite distinguir dónde empieza la mafia y dónde empieza el Estado. Esto es tan grave que por eso hay dos delitos que no prescriben, porque implican la intervención de servidores públicos haciendo actividades criminales: la tortura y la desaparición forzada, que son graves porque implican una traición a la confianza del ciudadano (de que el Estado lo protegerá) y además se le elimina”, asegura Gilberto Santa Rita Tamés, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

En palabras del periodista Sergio González Rodríguez “lo sucedido en Guerrero implica no sólo a la corrupción local, sino al desastre de gobierno federal y sus omisiones. De nuevo, queda claro que en México el Estado de Derecho es inexistente”.

¿Cuánta gente ha desaparecido en México desde que comenzó la guerra del narco en 2006? La respuesta en estos momentos es imposible de esclarecer debido a la opacidad del Gobierno y a la falta de datos, pero los expertos afirman que las víctimas podrían ser más de 100.000. ¿Quién es el responsable de las desapariciones forzadas? “La respuesta está en la pregunta”, asegura Samuel Kenny, de la Fundación para la Justicia, “porque desaparición forzada significa: responsabilidad de las autoridades, y eso a su vez significa crimen de estado. Por tanto la pregunta más inquietante no es quién es el responsable, sino: ¿Cómo confiar en unas autoridades que son las responsables de las desapariciones? ¿Cómo pedir al Estado que esclarezca los casos si el Estado es el criminal?”.