Las ONG Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos elevarán al Tribunal Constitucional la demanda desestimada por la justicia por la detención ilegal de cerca de 1.200 inmigrantes en un polideportivo de Tarifa durante los días 11 y 12 de agosto. Alegaban el incumplimiento de la la ley de inmigración: “después de llegar a la playa en patera, los retenidos no fueron puestos a disposición judicial ni pudieron acceder a un abogado”. La polémica ha entrado en el Congreso: Iniciativa per Catalunya ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para aclarar las condiciones del internamiento de estas personas.
Cuando los inmigrantes fueron llegando a la costa gaditana durante esas 48 horas fueron derivados a un polideportivo en Tarifa, acondicionado como lugar de acogida del que, según las organizaciones, no podían salir a voluntad. “La operación de rescate y asistencia se convirtió en un largo periodo de privación de libertad”, denuncian. Los últimos en salir de estas instalaciones, aseguran, lo hicieron quince días después.
“Cuando tuvimos conocimiento de aquella situación, presentamos un habeas corpus al juzgado de instrucción número 2 de Algeciras”, ha explicado a eldiario.es José Luis Rodríguez Candela, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge. El habeas corpus es una medida judicial para reclamar una detención ilegal y llevar a diposición judicial al demandante. En este caso fue rechazada por el juez: “entendía que las detenciones se habían producido pero que no eran incorrectas por no existir privación de libertad”, apunta Rodríguez, quien se cuestiona cómo se puede detener alguien “sin privarle de libertad”.
El auto del juez presenta varias contradiciones, según el abogado: “declara que no ha habido detención porque esos inmigrantes no han cometido ningún delito”. En paralelo a la denuncia en Algeciras, las organizaciones presentaron una queja a la Oficina de la Defensora del Pueblo. La institución les respondió amparándose en la respuesta del juzgado.
Rodríguez Candela ha anunciado a eldiario.es que en los próximos días presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales en aquellas 48 horas. “Pudimos comprobar la situación de privación de libertad de primera mano, no podían salir y tampoco nos permitieron entrar a las ONG”. Por otro lado, sendas asociaciones esperan la respuesta a un recurso urgente presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y a un informe de la situación al Relator Especial para los Derechos Humanos de los Inmigrantes, ambas instancias de Naciones Unidas.
Según Mikel Araguás, portavoz de Andalucía Acoge, existen otras incongruencias en el auto. El escrito expone que durante el tiempo en el que los inmigrantes estuvieron retenidos “se cumplió con la función de acogida humanitaria”. Araguás matiza que la demanda no ponía en cuestión la adecuada atención a los inmigrantes: “en paralelo al drama humanitario, los inmigrantes estuvieron durante prácticamente una semana retenidos sin pasar a disposición judicial ni recibir apoyo jurídico”.
Preguntas en el Congreso
A la espera de presentar el recurso ante el TC, las organizaciones han recurrido a la vía política: Iniciativa Per Catalunya-Verds, dentro del grupo Izquierda Plural, planteó este jueves en el pleno ordinario del Congreso de los Diputados una serie de preguntas concernientes a la actuación de la policía los días 11 y 12 de agosto.
Por escrito, el grupo parlamentario preguntó al Gobierno por qué los inmigrantes no pudieron abandonar el recinto en el que se encontraban retenidos, en caso de que no estuvieran en situación de detención. En esta misa línea, ICV ha pedido al Ejecutivo que confirme si la las Fuerzas de Seguridad del Estado respetaron la jurisprudencia del Tribunal Constitucional “en la que se establece que no existen áreas intermedias o zonas grises entre la situación de libertad y de detención, así como que cualquier limitación de la libertad debe ser calificada siempre como detención”.
Según Araguás, las medidas judiciales que se tomaron en agosto “no han dado ningún fruto” y por ello han recurrido al camino de la política como último recurso. El portavoz lamenta que la respuesta que dio el juez en el auto de desestimación ha sido nula.