Durante la pandemia, informes oficiales de distintos países del mundo han alertado de una mayor incidencia de la COVID-19 entre la población racializada. En EEUU, un 55% de los infectados son negros e hispanoamericanos. En Reino Unido, una investigación ordenada por el gobierno alertó de una mayor tasa de mortalidad por la enfermedad entre los ciudadanos pertenecientes a minorías. En España, como en otros países europeos, es imposible confirmar una tendencia similar: la inexistencia de estudios demográficos desglosados por etnia/raza lo impide.
En medio de una ola global de protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos, colectivos antirracistas de distintos países de Europa se chocan con la falta de estudios estadísticos para denunciar con datos la discriminación que sufren cada día. En el último mes, han aumentado las voces de activistas, políticos y académicos que piden encontrar una vía segura para incluir en el censo una categoría de etnicidad.
Mientras el debate sobre la recolección de este tipo de información oficial -delicada por los usos discriminatorios del pasado- ha entrado en las instituciones de países vecinos como Portugal y Francia, en España permanece estancado a pesar de ser una las reivindicaciones clave de los colectivos racializados.
“¿Por qué no plantear con calma y constructivamente el debate sobre las estadísticas étnicas?”, escribió Sibeth Ndiaye, portavoz del Gobierno francés, en una columna publicada este mes en Le Monde. “Porque hemos hecho del universalismo la base de nuestras leyes, pero, incapaces de medir y mirar la realidad tal como es, permitimos que florezcan fantasías”, destacó la política franco-senegalesa, quien denunció haber sufrido “el racismo ordinario”. Su artículo ha dividido al Gobierno galo: el presidente Emmanuel Macron ha respondido que “no es el momento” de crearlo, mientras otros ministros apoyan el desarrollo de estudios demográficos con matices diferentes a los planteados por Ndiaye.
En Portugal, el Gobierno impulsó en 2017 un proceso de consultas con el objetivo de encontrar un camino para recoger datos étnico-raciales en los censos. El Ejecutivo luso creó un Grupo de Trabajo que ha recomendado la inclusión de una pregunta voluntaria sobre si el ciudadano es negro, blanco, gitano o tiene rasgos asiáticos. La población respondería a dicha cuestión de manera voluntaria, una fórmula para sortear las limitaciones impuestas por la Constitución del país. La propuesta, sin embargo, ha sido rechazada por el instituto estadístico del país para los estudios demográficos de 2021.
La Comunidad Negra, Afrodescendiente y Africana ha denunciado en repetidas ocasiones la “invisibilización” de la población no blanca generada por la falta de datos desglosados por origen étnico o racial, pero el debate no llega a despegar en España. El Ministerio de Igualdad, desde su Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, aseguran estar “trabajando en ello”, sin ofrecer más detalles al respecto.
Desde el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente de Inclusión, destacan que la legislación de protección de datos de las personas la UE y en consecuencia la de España, “no permite incluir en el censo el origen étnico o racial, la religión o la orientación sexual” -en Europa lo permite si es con consentimiento-. “Para hacer estudios que describan, por ejemplo, la situación socioeconómica o la discriminación en determinados colectivos se utilizan otros métodos como muestreos que no requieren conservar datos que identifiquen individualmente a las personas”, detallan fuentes del Observatorio, que ponen como ejemplo la encuesta EU-MIDIS de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales.
Desde el departamento dependiente de Inclusión consideran “necesario profundizar en la realización de estudios en España” en la línea de la FRA.
Hasta ahora, el Instituto Nacional de Estadística (INE) “no se ha planteado formalmente” introducir el origen étnico en las encuestas ni en los censos, admite un portavoz del organismo a eldiario.es. La falta de iniciativa se debe, según detallan las mismas fuentes, a la “baja demanda” de este tipo de información en España, a los límites existentes en la legislación en materia de protección de datos y a las dudas sobre la “aceptación por parte de la sociedad” a la hora de responder a preguntas sobre su etnia o raza.
Uno de los límites: la Ley de Protección de Datos
Los estrictos límites establecidos en la normativa de Protección de Datos a la recolección de información con criterios étnicos o raciales es uno de los principales obstáculos. El reglamento europeo prohíbe el tratamiento de datos personales que revelen ciertos temas considerados sensibles, como el origen étnico o racial, las opiniones políticas, orientación sexual, entre otros; siempre que no exista “consentimiento”. La legislación española, sin embargo, va más allá, e impide la recogida de esta información aunque exista autorización.
“A fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico”, indica la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Samuel Parra, abogado experto en Protección de Datos, destaca la “dificultad” que presenta la normativa española para, como en el caso de la intención de Portugal, introducir una pregunta voluntaria en el censo para reflejar la diversidad étnica de la población. El especialista cita dos vías posibles para realizar este tipo de estudios oficiales. Una de ellas es la realización de ficheros anónimos. La otra, la creación de una normativa concreta para permitir la recolección de esta información sin autorización -con una serie de límites-, un extremo delicado al que también se oponen colectivos antirracistas.
La organización gitana Kale Amenge lleva años reivindicando la creación de un censo que desglose la información por origen étnico/racial, siempre que su elaboración cuente con el criterio de las minorías y se realice a partir de información anónima y voluntaria. “Pedimos la recolección de estos datos como arma política: es necesario saber cuántos somos”, sostiene Cayetano Fernández, miembro de la organización. “Genera recelo porque históricamente hemos sufrido dos intentos de genocidio. El hecho de saber que puede haber un censo, que incluya donde vives o tu nombre, genera miedo; pero si hay voluntad política se puede hacer de manera anónima y haciéndonos formar parte del proceso”, sostiene.
Desde el INE recuerdan que la Ley 12/89 de la Función Estadística Pública, que rige la actividad del organismo, “ya establece que los datos de origen étnico serán estrictamente voluntarios y se debería advertir de ello a los entrevistados en cualquier encuesta”. Esto no ocurre con la información que, en general, se puede solicitar en los cuestionarios del INE, cuya respuesta por parte de los ciudadanos es obligatorio, apuntan las mismas fuentes.
Fernando Barbosa, profesor de Antropología en la Universidad Complutense de Madrid, destaca la necesidad de abrir el debate en España. “Varios académicos manifestamos hace tiempo una preocupación seria sobre la dificultad de analizar los efectos del racismo estructural en nuestras sociedad”, sostiene el académico. “Ahora, hemos podido ver cómo en Inglaterra el impacto de la COVID-19 ha sido mayor en grupos comunitarios minoritarios, más expuestos, debido a una desventaja histórica acumulada. Sin embargo, en España no es posible detectarlo”, sostiene el experto, que defiende la creación de una legislación para regular el uso de la categoría étnico-racial en los censos.
En su visita a España en 2018, el Grupo de Expertos de la de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes recogió decenas de denuncias de discriminación institucional y social en España, a través de organizaciones y testimonios, pero ninguna podía ser analizada de manera estadística debido a la falta de información oficial al respecto.
Según concluyó el equipo de especialistas, la inexistencia de datos étnicos “impide encontrar soluciones eficaces contra el racismo y la exclusión social” en España. La ONU recomendó “vivamente” al Gobierno que “recoja, recopile, analice, difunda y publique datos estadísticos fidedignos, desglosados según criterios étnicos, sobre la base de la autoidentificación voluntaria”.
Más allá de los obstáculos técnicos ligados a la incorporación de datos étnico-raciales a los estudios demográficos, la falta de voluntad también ha sido clave en la ausencia de este tipo de censos: “En las numerosas reuniones que el INE ha tenido con usuarios y expertos durante los años que el proyecto del censo lleva expuesto no se ha planteado nunca la incorporación de esta pregunta”, confirman fuentes del Instituto Nacional de Estadística.