Muchos desplazados sirios se enfrentan a elevadas multas o a perder sus hogares por una nueva ley del Gobierno

Los desplazados por la guerra en Siria han recibido con enfado y preocupación una nueva enmienda legal que les obliga a pagar multas exorbitantes al Gobierno en Damasco o arriesgarse a perder las casas y propiedades que dejaron atrás en su país.

Afectado por las sanciones internacionales, falto de liquidez y tratando de recaudar como sea, el gobierno de Bashar al Asad anunció en febrero el cambio de un artículo de la ley sobre reclutamiento militar. En la ley modificada, los hombres que no hayan hecho el servicio militar antes de los 43 años y tampoco hayan pagado la multa de 8.000 dólares (unos 6.700 euros) perderán sus bienes sin previo aviso ni derecho a apelación.

Antes de la modificación de la ley, muchos sirios no podían o no querían pagar la multa de entre 7.000 y 10.000 dólares por eludir el servicio militar. Ahora se enfrentan a la pérdida de sus bienes si no cumplen.

Estas cantidades están muy lejos de lo que puede pagar la mayoría de los civiles desplazados en zonas controladas por los rebeldes o de los atrapados en los campos de refugiados del Líbano, Jordania y Turquía.

El derrumbe de la moneda siria durante el último año ha dejado a 12,4 millones de personas pasando dificultades para poner comida en el plato, tanto en las zonas controladas por el régimen, como en las gestionadas por los rebeldes o por los kurdos.

A Amer Ahmad, un ingeniero sirio que ahora vive en Estambul, sus parientes en su ciudad natal de Alepo le informaron de los cambios legales cuando las autoridades sellaron con cinta roja la casa familiar. “Me quedé muy sorprendido; tuve que contratar a un abogado en Alepo para averiguar el motivo”, recuerda Ahmad, de 44 años. “Me dijo que era porque no había hecho el servicio militar y no había pagado la multa; las propiedades que mis hermanos y yo heredamos de nuestro padre están todas a mi nombre, así que esto también les afecta; perderemos todos nuestros bienes, no solo la casa”.

“En general, he sido un activista de perfil bajo, no quería hacer el servicio militar y tampoco quería apoyar económicamente al régimen estando fuera del país”, dice. “Pero ahora me veo obligado o nuestras propiedades desaparecerán para siempre”.

La enmienda se suma a otras medidas similares de los últimos tiempos. En 2018, por ejemplo, el régimen introdujo la tristemente célebre Ley 10, por la que confiscó las propiedades y derribó las casas de los supuestos disidentes. Una política que los activistas de la oposición y grupos de derechos humanos han calificado de limpieza étnica.

A medida que la economía siria se ha ido hundiendo durante el último año, las medidas financieras que al principio se usaban como castigo contra los que se enfrentaban a al Asad se han ido convirtiendo en formas de garantizar la supervivencia económica del régimen.

A menudo, los parientes de los cientos de miles de detenidos en las cárceles del régimen sirio se ven obligados a sobornar a las autoridades para poder visitar a sus familiares o conseguir su liberación. Se cree que ese dinero está ayudando a que los altos cargos del aparato de seguridad sirio eviten las consecuencias de las sanciones.

La zona de la campiña de Hama, fértil para los olivos y los pistachos, fue recuperada por el régimen sirio durante el verano de 2019. Las familias que tenían cultivos allí se encontraron de pronto arruinadas después de que sus propiedades fueran confiscadas y subastadas a finales del año pasado.

Según Muhammad Abu Hussein, que ahora vive en el campo de refugiados de Atmeh (cerca de la frontera con Turquía), “es un castigo inmenso y sistemático contra la gente que se rebeló al régimen”. “Tengo una finca de 100 hectáreas, era difícil seguir adelante durante la guerra, pero nos las arreglamos hasta que el régimen nos echó; vinieron las tropas del régimen, asaltaron mi casa y me robaron los tractores. Cuando me fui, contraté a alguien que estaba a salvo en la zona del régimen para que se ocupara de mis tierras, pero tras la confiscación ya no recibo ni un céntimo de ellas. Según Asad, ya no son mis tierras”.

Según Sara Kayyali, especialista en Siria de la ONG Human Rights Watch, las nuevas medidas dificultan aún más el regreso al hogar de los aproximadamente 12 millones de sirios desplazados (casi la mitad de la población antes de la guerra). “Lo realmente preocupante de esta nueva enmienda es la escala de la población siria a la que afecta; muchos sirios, incluso personas leales al Gobierno, se marcharon para evitar el reclutamiento y los abusos contra los derechos humanos que se dan en las fuerzas armadas sirias”, dice.

“Damasco se tambalea económicamente y no puede funcionar si no es con decisiones jurídicas ilegítimas y con los continuos abusos contra la población civil en las zonas bajo su control; desgraciadamente, mi intuición es que seguiremos viendo este tipo de prácticas mientras el Gobierno siga con dificultades de financiación”.

Traducido por Francisco de Zárate