Marruecos reanuda la causa contra 24 saharauis detenidos tras los sucesos de Gdeim Izik en 2010. El Gobierno les acusa de la muerte de once agentes marroquíes. Encarcelados desde entonces, una sentencia militar –revocada– condenó a los activistas a penas desde 20 años a perpetua. La jurisdicción civil retoma el caso, discutido por numerosas organizaciones de derechos humanos. Es el juicio al “detonante de la primavera árabe”.
El Tribunal de Apelación de Salé, cerca de Rabat, juzga imputaciones por “formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres”. El Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), por su parte, reclama la “libertad inmediata y sin condiciones” de los presos. Y denuncia repetidas violaciones de los derechos humanos en cárceles locales y los territorios ocupados.
En su primera audiencia, el 26 de diciembre de 2016, el macrojuicio quedó pospuesto hasta su reapertura el 23 de enero de 2017. El juez permitió entonces desarrollar los alegatos de defensa y estimó la ausencia de uno de los inculpados, Mohamed el Avubi, en libertad provisional. Una jornada marcada por “momentos de tensión” y la presencia de “familiares de las víctimas, simpatizantes del independentismo saharaui, observadores internacionales y periodistas”, informaba Efe.
—¿Qué ocurriría si regresases?
—“Si vuelvo a Marruecos me espera una condena de por vida”.
Es la respuesta de Hassanna Aalia, condenado a cadena perpetua. Hace unas semanas Hassanna Aalia conoció la ratificación de su condición de refugiado en España. “Antes de entrar en prisión”, dice, aguardan “todo tipo de sufrimiento y torturas”. Como a sus compañeros, asegura: “A cinco de ellos les han violado sexualmente con botellas de cristal”. Relata reincidentes episodios de maltrato físico y sicológico. “No lo pueden soportar”, zanja.
Aalia fue uno de los 25 saharauis condenados por el Tribunal Militar de Rabat el 16 de febrero de 2013. Desde entonces, tres de los presos están en libertad condicional y diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) rechazaron aquellos veredictos “sin ningún tipo de pruebas” que los vinculasen con los asesinatos.
Como reconoció el Tribunal Supremo alauí, que anuló las sentencias. La visita en marzo del pasado año a los campos de refugiados saharauis del que fuera secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, coincidió con una huelga de hambre de los presos y abrió, de paso, una crisis entre Marruecos y Naciones Unidas.
La sala ordenó repetir la causa en una jurisdicción civil. El caso busca dilucidar la implicación de los activistas en los disturbios acaecidos en el campamento instalado a pocos kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. La protesta de Gdeim Izik es considerada por analistas como Noam Chomsky, como una de las manifestaciones iniciáticas de la denominada primavera árabe.
Del 'Campamento de la Dignidad' a la cárcel
Miles de manifestantes pidieron “el fin de la ocupación y el derecho inalienable a la libre determinación y la independencia”, decía la RASD en un comunicado. En el desmantelamiento de la protesta (noviembre de 2010) hubo trece muertos: once policías marroquíes y dos civiles saharauis. Fue el momento más crítico vivido en la zona desde el alto el fuego proclamado entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991. Tierras que viven marcadas por un conflicto bélico latente.
Las causa abierta responde a un “juicio político”, según uno de los abogados de los activistas, Mohamed Fadel Leili. Y la anulación de “la sentencia del tribunal militar”, apunta, reafirma que “no se han justificado” las imputaciones “por asesinato y complicidad”. Las pruebas “son falsas”, subraya otro letrado, Bazaid Lehmad. Desde la defensa aseguran que el nuevo juicio puede suponer “penas mínimo de 15 años” a encarcelados que declaran “maltratos y violaciones de todo tipo por las autoridades”. Es “lo único seguro”, en palabras de Fadel Leili, “la mayoría de los detenidos dicen que fueron torturados”.
El objetivo del 'Campamento de la Dignidad' era “reivindicar nuestros derechos sociales, civiles y políticos”, defiende Hassanna Aalia. De la protesta, el grupo de Gdeim Izik pasó a la cárcel.
El activista afirma que la represión del campamento se realizó bajo el “silencio cómplice” del Estado español como “potencia administradora” del Sáhara. También apunta a la comunidad internacional que, según recuerda, “debería responder ante estas constantes violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en la última colonia de África, pendiente de descolonizar”.
“Gdeim Izik fue algo muy grande para todas las personas saharuis”, define el activista, condenado a perpetuidad. Fueron, dice, “los días más bonitos y felices de mi vida” y reclama para el grupo de Gdeim Izik la “libertad inmediata y sin condiciones”. Justo aquello que buscaban para su pueblo al tiempo que nacía la primavera árabe. “Por primera vez, nos sentimos libres en nuestro propio territorio, entre nosotros”.