De Dinamarca a Finlandia: el fin de la cultura de acogida de migrantes en los países nórdicos

Los países nórdicos, reconocidos hace tiempo por sus ideas progresistas y por sus políticas liberales frente a la acogida de personas refugiadas, se han vuelto rotundamente escépticos con la llegada de nuevos migrantes y solicitantes de asilo. Una prueba más de ello es el acuerdo que firmaron a principios de mes los ministros de justicia e inmigración de las cinco naciones nórdicas (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia) para cooperar entre ellos en materia de deportación y creación de programas de retorno conjuntos.

Este plan irá destinado a personas solicitantes de asilo en los países nórdicos a las que los tribunales han denegado la protección y deben ser devueltos a sus países. El objetivo es acelerar el ritmo de las deportaciones de personas que no tienen el derecho de residir en los países nórdicos, y los vuelos de retorno se harán en cooperación con la agencia de protección de fronteras de la Unión Europea, Frontex. El acuerdo también incluye aumentar la ayuda destinada a los programas dirigidos por Naciones Unidas de retorno voluntario para inmigrantes en situación irregular procedentes de los países del norte de África, y para los programas de asistencia y reintegración de las personas retornadas voluntariamente.

Esta decisión supone la confirmación de que el modelo danés de implementar la mano dura, restringiendo la llegada de inmigrantes y solicitantes de asilo, se ha convertido en la línea a seguir por el resto de países de la región nórdica. A medida que los partidos antiinmigración han ido ganando peso en los gobiernos nórdicos en los últimos dos años, se confirma el giro definitivo en las políticas migratorias de los países que, antes, habían sido vistos como los más acogedores en Europa por su aclamado modelo de sociedad del bienestar.

Inspirados en Dinamarca

La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, fijó en 2019 el objetivo de reducir a cero la llegada de solicitantes de asilo en el país, y en 2020 su gobierno fue el primero y único en la UE en revocar los permisos de residencia de refugiados sirios originarios de la región de Damasco, alegando que era seguro para ellos volver a Siria. Su Ejecutivo también aprobó una ley que permitía la construcción de centros de recepción para solicitantes de asilo fuera de las fronteras de la UE, estableciendo negociaciones para que los centros fueran en Ruanda.

En concreto, la ley, que de momento no ha sido posible implementar, permitía a Dinamarca trasladar a los refugiados que lleguen en territorio danés a centros de asilo de un país socio mientras se revisa la solicitud de asilo, lo que levantó la condena de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también condenó al país nórdico por deportar a dos ciudadanos afganos que habían cometido crímenes en Dinamarca, mientras que los jueces en Estrasburgo tienen que considerar otros 14 casos más relacionados con deportaciones efectuadas por las autoridades danesas.

El Gobierno sueco admite tener la intención de reflejarse en las medidas aplicadas en Dinamarca. El Ejecutivo conservador del primer ministro Ulf Kristersson fue elegido hace un año con la promesa de poner fin a la crisis de violencia sin precedente relacionada con las pandillas que atemoriza el país, un problema que el primer ministro sueco atribuye directamente “a una política de inmigración irresponsable y una integración fallida” hasta ahora. De los cinco países nórdicos, Suecia es el que tiene una mayor proporción de población con origen extranjero (alrededor del 24%), en parte fruto de las políticas de acogida que el país ha llevado a cabo hasta ahora.

Sin embargo, el Gobierno de Kristersson, que mantiene la mayoría en el parlamento gracias al apoyo externo del partido de ultraderecha Demócratas de Suecia, se ha propuesto cambiar la visión en el mundo de Suecia como un país acogedor para los extranjeros. Como parte del acuerdo de gobierno, el Ejecutivo anunció una campaña informativa a nivel internacional para desalentar la llegada de nuevos solicitantes de asilo y contrarrestar la reputación de “Suecia como país de las subvenciones”, según dijo la nueva ministra de migración, Maria Malmer Stenergard. Por el momento, el Gobierno sueco ha reducido la cuota de solicitantes de asilo que aceptará anualmente (de 5.000 a 900 al año) y ha implementado un sistema de permisos de residencia temporal para los refugiados, un calco de lo que ya lleva años haciendo Dinamarca.

Poner en el límite el marco legal

Tras los pasos de Suecia, el nuevo Gobierno conservador surgido el pasado mes de junio en Finlandia también está centrando parte de su acción en endurecer las políticas migratorias. Una de las propuestas que estudia implementar el Ejecutivo de Petteri Orpo (formado junto al ultra y antiinmigración Partido de los Finlandeses) es limitar el acceso a los servicios sanitarios y a la seguridad social para las personas inmigrantes sin permiso de residencia.

Este jueves, el primer ministro anunció el cierre de sus cuatro principales pasos fronterizos en la frontera oriental, una medida con la que busca frenar el aumento de la llegada de refugiados –sobre todo procedentes de Irak, Yemen y Somalia– desde la vecina Rusia, mientras las autoridades finlandesas acusan a Moscú de guiar a los solicitantes de asilo hacia su territorio en respuesta a la cooperación de Helsinki con EEUU en materia de defensa. Las ONG recuerdan que se debe respetar el derecho a pedir asilo, independientemente de dónde procedan los solicitantes o cómo accedan a la frontera.

Las medidas migratorias del Gobierno finlandés han levantado críticas y preocupaciones de expertos académicos, organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos que advierten de que estas políticas “pueden contribuir a una escalada de los discursos de odio y el racismo dentro del país”.

La investigadora en ciencias sociales en la Universidad de Copenhague Katrine Syppli Kohl coincide con estas preocupaciones, a lo que añade: “En los últimos años, el enfoque nórdico en materia de derechos humanos está seriamente en entredicho”. La experta pone como ejemplo de la regresión el hecho de que Dinamarca aprobó en 1983 una ley de extranjería que fue conocida como la más liberal en Europa, pero “desgraciadamente desde entonces se han ido imponiendo más restricciones y el país se ha convertido en un pionero en impedir que más solicitantes de asilo lleguen a los países nórdicos. Sin duda, ha servido de inspiración para otros países como Suecia o Noruega”, dice Kohl.

La investigadora explica que las legislaciones antiinmigración aplicadas en Dinamarca hasta ahora “son un intento muy abierto y consciente de llegar al límite absoluto de lo que permiten el marco legal y las convenciones internacionales”. “Claramente esta ha sido la estrategia”, dice.

Kohl subraya las consecuencias de llevar a cabo estas políticas migratorias para los países que las implantan. “Las minorías con orígenes provenientes de refugiados se sienten ahora excluidas en los países nórdicos, incluso si tienen la nacionalidad, tienen la sensación de no ser completamente ciudadanos y no se sienten bienvenidos, por lo que creo que esto es algo muy desintegrador”, explica la experta. “También significan una amenaza a la cohesión social porque dividen a los ciudadanos, evitando que las personas con orígenes extranjeros se sienten parte de la sociedad”.