El Gobierno danés quiere habilitar un centro en una isla deshabitada para recluir a personas extranjeras que han cometido un delito y que están pendientes de expulsión, una medida incluida en un paquete legal para endurecer la política de inmigración que ha generado controversia.
El plan -incluido en los presupuestos acordados entre el Gobierno liberal-conservador y el xenófobo Partido Popular Danés (DF)- afecta a peticionarios con solicitud de asilo rechazada que han cometido delitos graves y extranjeros autores de algún crimen que no pueden ser devueltos a sus países porque no los aceptan o se arriesgan a sufrir torturas.
Dinamarca cuenta desde 2016 con un centro en Kærshovedgård, en la península de Jutlandia, para extranjeros pendientes de expulsión pero el Gobierno asegura que, tras las informaciones de los últimos meses en prensa sobre los problemas de delincuencia generados en la zona por los internos, ha decidido destinar a los que han cometido un delito de mayor gravedad a una isla
“Los extranjeros que han abusado de la confianza de la sociedad danesa y cometido actos criminales deben tener las condiciones más austeras posibles y ser controlados de forma consecuente”, dijo hace unos días la ministra de Integración, Inger Støjberg. “No son deseados”, añadió en una publicación en Facebook.
Støjberg, la cara más visible de la dura línea en inmigración del Gobierno de Lars Rasmussen, ya había asegurado dos años atrás, cuando se presentó el centro de Kærshovedgård, que el objetivo era hacerle la vida “lo más insoportable posible” a ese grupo de personas extranjeras.
El nuevo centro estará situado en Lindholm, isla al sureste del país destinada desde hace un siglo a experimentos para la investigación de enfermedades contagiosas de animales y hasta julio bajo control del Instituto de Veterinaria de la Universidad de Lyngby (Copenhague).
Las labores de limpieza de la isla -sin residentes permanentes desde hace décadas- obligarán a que hasta 2021 no esté listo el centro para internos, que tendrá un centenar de plazas y para el que se destinarán 759 millones de coronas danesas (algo más de 100 millones de euros) los próximos cuatro años.
La isla estará controlada por las autoridades penitenciarias y habrá policía patrullando y, aunque los internos podrán abandonarla durante el día en transbordador hasta la pequeña localidad de Kalvehave, deberán regresar de noche.
“Minimizaremos la cantidad de frecuencias tanto como sea posible. Lo haremos tan molesto y tan caro como se pueda”, dijo al canal TV2 el portavoz de extranjería del DF, Martin Henriksen.
Lluvia de críticas
La iniciativa ha provocado críticas, entre otras, del Instituto de Derechos Humanos, que la ha considerado “al borde de la legalidad”, ya que se trata de personas que han cumplido pena y no se les puede privar de libertad.
“Es una mala idea, simplemente traslada el problema de un lugar del país a otro”, ha declarado Mikael Smed, alcalde socialdemócrata de Vordingborg (municipio al que pertenece la isla), mientras “Politiken”, principal diario danés, habla de “derrota” y de “condenar al infortunio” a un grupo de personas.
El paquete incluye otras medidas destinadas a conseguir que más refugiados regresen a sus países como dificultar “hasta el límite de los compromisos fijados por las convenciones” la prolongación de permisos de residencia y un descenso de las ayudas económicas.
“Estamos muy preocupados por las nuevas reglas, que dan aún más provisionalidad e inseguridad, menos ayudas y peores opciones de educarse. Es muy duro, destruirá familias”, critica el secretario general de la ONG Ayuda al Refugiado, Christian Friis Bach.
Coincidiendo con las miles de llegadas de refugiados a Europa hace tres años, el Gobierno de Rasmussen endureció aún más la estricta política de asilo y extranjería que impera en Dinamarca desde el cambio de siglo, con medidas polémicas como una ley para confiscar dinero y objetos de valor a solicitantes de asilo para costear su estancia.
La idea de trasladar a una isla a extranjeros autores de algún delito había sido sugerida ya en 2000 por la entonces ministra de Integración socialdemócrata, Karen Jespersen, pero la iniciativa fue duramente criticada por su propio partido y otras fuerzas políticas.
“Hemos dicho que hay que encontrar un lugar donde colocar a los solicitantes de asilo rechazados que sean criminales, dónde esté no importa tanto”, declara ahora la líder socialdemócrata, Mette Frederiksen, que en sus tres años al frente del partido ha apoyado todas las medidas restrictivas en inmigración del Gobierno.