Mohamed Saykouk es marroquí residente en Málaga. Vive en un piso de tres dormitorios y 90 metros cuadrados con su pareja y cuatro hijos. Hace cuatro meses, cuando decidió comenzar la búsqueda del que hoy es su hogar, le dio pereza. Pensó en cuántas puertas tendría que tocar antes de encontrarlo. Sabía que su nombre, su acento y sus rasgos físicos marcarían la diferencia a la hora de encontrar buenas ofertas.
“Estuve dos meses buscando casa”. No porque Mohamed no encontrara una a su gusto, sino “por ser de fuera”. “Hay gente que directamente dice que no alquila a extranjeros”, sin importar los números de la cuenta bancaria. “También hay gente que, por no decirte que no directamente, te pide a una persona española que te avale el piso. Otras veces dicen que ya está alquilado, aunque no quitan el anuncio”, relata por teléfono Saykouk.
Su experiencia no es un caso aislado, pero sí una realidad ocultada por los propios afectados, que llegan a tomarse como algo natural la discriminación. Es tan cotidiano que se asume y no se llega a denunciar, afirman organizaciones sociales que trabajan en este ámbito, como ACCEM.
La entidad dispone de un servicio de asistencia a víctimas de discriminación racial o ética al que acuden personas con situaciones muy similares a la de Mohamed. “Son más de las que parece”, asegura Florencia Gaya, coordinadora de este departamento. “Frecuentemente, aparecen publicadas ofertas en portales de alquiler de viviendas en las que se excluye a la población inmigrante, matizándolo con frases del tipo 'abstenerse extranjeros' o 'sólo españoles'”. Para comprobarlo, basta con una búsqueda en Google.
No es el único obstáculo. “Habitualmente llaman por teléfono a un propietario para ver un piso y éste, al escuchar su acento, les dice que el piso ya está alquilado. Les exigen más condiciones que al resto de la población, como pedirles una fianza mayor”, añade Gaya.
Tras descripciones como “ideal para inmigrantes” se esconde el rechazo, denuncia Eduardo Gutiérrez de Provivienda, asociación que cuenta con un programa para evitar la discriminación en el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid. “Los pisos que se definen con ese tipo de frases suelen tener pocos metros cuadrados y fomentan la sobreocupación. Además, suelen estar ubicados en barrios donde se localiza más población inmigrante, fomentando la segregación espacial. Muchas inmobiliarias sólo les ofrecen pisos en ese tipo de zonas”.
Tener la documentación en regla también se ha convertido en un requisito cada vez más habitual. “Y no tiene por qué”, precisa Gutiérrez. “El permiso de residencia no puede ser un criterio válido a la hora de firmar contrato de alquiler y el problema es que existe un desconocimiento tanto por parte de la propia población inmigrante como por parte de los propietarios”.
Gutiérrez señala la especial desprotección de quienes no tienen permiso de trabajo o no disponen de un contrato por escrito –situación que se produce especialmente en el servicio doméstico– a la hora de acceder a una vivienda en alquiler por las exigencias que suele imponer el mercado, como tener una nómina, cuenta bancaria, número de identificación de extranjero, etc. Así como el hecho de que esta situación administrativa irregular sea una barrera más a la hora de denunciar abusos.
Son pocos los datos disponibles sobre las denuncias por discriminación en este ámbito, precisamente porque apenas llegan a registrarse. La última encuesta realizada por Provivienda, entre 250 usuarios de la Comunidad de Madrid (2012), muestra resultados en la línea de estas afirmaciones, como que al 24% de los inmigrantes consultados les han dicho en alguna ocasión que no alquilan a extranjeros al interesarse por una oferta o que al 54% les han exigido tener los papeles en regla para firmar un contrato.
Los informes de SOS Racismo y CEAR en Bilbao (finales de 2011) y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (2012), en Granada, documentan también una diferencia significativa en los pisos ofertados en función del origen de quien los solicita. “Hicimos un testing, es decir, una prueba de discriminación en directo. Dos personas extranjeras y una no extrajera iban a una inmobiliaria en busca de un piso en alquiler. Todas con una apariencia y vestimenta parecida y decían estar en las mismas condiciones: misma nómina, mismo trabajo”, describe Miguel Ángel Navarro de SOS Racismo.
¿El resultado? Los españoles que participaron en la prueba recibieron más de un centenar de ofertas frente a la veintena que obtuvieron los extranjeros. De las 29 inmobiliarias visitadas, sólo una ofreció el mismo número de pisos en ambos casos.
“También detectamos una gran diferencia en el trato”, añade Navarro. “A veces la gente siente que no es bienvenida con detalles muy directos, como que en las propias inmobiliarias no les dejen entrar, yendo a todo correr a atenderles a pie de puerta y a decirles que no tienen pisos en alquiler. Eso también es un factor importante”.
En el caso de Granada, “se observó que los extranjeros extracomunitarios debían responder por regla general a un número mayor de requisitos para acceder a la vivienda y que en muchos casos se les exigía una documentación totalmente innecesaria para alquilar un piso como, por ejemplo, el permiso de trabajo.
“Las cuestiones relativas a su forma de vida también fueron frecuentes, con preguntas como ¿cuántas personas van a habitar la vivienda?, ¿de qué nacionalidad son?, ¿cuál es su estado civil?, ¿cuántos hijos/as tiene? Unas preguntas que tienden a reproducir imágenes estereotipadas que suelen asociarse con la población migrante y su utilización del espacio habitacional y que en ningún caso fueron realizadas a participantes españoles y comunitarios”, recuerda en este artículo Carmen Gómez, coordinadora del informe.
“Alquilo a quien me dé la gana”
Uno de los argumentos que propicia el “sólo españoles” que acompaña a algunos anuncios de alquiler es el “desconocimiento” de los propietarios, asegura Florencia Gaya de ACCEM. “Muchas veces dicen 'tengo derecho a alquilar a quien quiera'. Sí, pero siempre y cuando eso no vulnere el principio de no discriminación”. Es decir, puedes argumentar que no alquilas tu casa a alguien porque no puede pagar, pero no por su origen o color de piel, recuerda.
¿Y esto es denunciable? “Sí. Pueden presentar una denuncia, pero hay que tener en cuenta que se trata de personas que lo que quieren es encontrar una casa donde vivir en paz, no meterse en un proceso judicial contra alguien que no le haya querido alquilar la vivienda”.
A todo ello habría que añadir la dificultad que pueden encontrar en muchas ocasiones para probar ese trato desigual. “En España, son cuestiones muy nuevas, que están aflorando ahora, y no existen abogados especializados. Cuando nos llega algo así, siempre intentamos ponernos en contacto con los propietarios para explicarles la situación y las consecuencias que tiene para la población inmigrante”, expone Gaya.
Son muchas las entidades que disponen de mecanismos y proyectos de acompañamiento y mediación que ayudan a los inmigrantes a acceder a un alquiler. “Hay que tener en cuenta que las personas inmigrantes carecen de redes sociales de apoyo aquí. Hoy el mercado exige unos avales y garantías que los españoles pueden encontrar en la familia, los inmigrantes, no. En realidad, estamos jugando un papel que corresponde a las administraciones públicas, pero no nos queda otra”, expone Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge. La organización realiza tareas de intermediación para evitar el rechazo.
“Les ayudamos a realizar búsquedas en internet, porque son personas que tienen un acceso muy limitado. Hacemos las llamadas a los propietarios o agencias, concertamos visitas y les acompañamos. Los propietarios se muestran así menos desconfiados y evitamos también que se les ofrezcan casas en malas condiciones o exigencias absurdas pensando que, porque son inmigrantes, van a conformarse”, asegura Luis Alberto Arribas, voluntario de la organización.
Provivienda, por ejemplo, dispone también de una bolsa de alquiler y realiza una mediación con garantías de cobro de renta y mantenimiento de la vivienda. “En los últimos cinco años, hemos atendido a 60 familias cada año y sólo se ha producido una situación de impago”, afirma Eduardo Gutiérrez de Provivienda.
A pesar de todo, los prejuicios son difíciles de combatir. “Una de las falsas leyendas que nos encontramos a menudo es esa de que la población inmigrante tiene más acceso a la vivienda pública. No es verdad”, denuncia Gutiérrez y pone el caso de la Comunidad de Madrid.
“El IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), por ejemplo, exige un mínimo de diez años de trabajo o empadronamiento a las personas que quieran acceder a una vivienda pública. El Plan Alquila obliga a tener permiso de residencia y otras ayudas exigen un mínimo de 5 años en España. Estas condiciones cierran la puerta a una gran parte de esta población. El otro extremo es el que marca la ley de emprendedores”. La norma, aprobada el año pasado, otorga un permiso de residencia a los extranjeros que realicen inversiones inmobiliarias de más de 500.000 euros. “¿No es paradójico?”, se pregunta Gutiérrez.
La mayor parte de los estereotipos con los que se encuentran los inmigrantes a la hora de alquilar parten de tres ideas esenciales, dicen las organizaciones consultadas: no cuidan los pisos, no pagan y van a convertir la vivienda en un “piso patera”.
“Ese es el problema. Muchos propietarios, y la sociedad en general, tienen una visión falsa y distorsionada de la realidad”, afirma Miguel Navarro de SOS Racismo. “Los hay que han tenido malas experiencias con personas nacionales y nadie considera que todas las personas nacionales no paguen o dejen los pisos destrozados. De la misma manera, no se puede generalizar con un sector entero de la población compuesto por diferentes nacionalidades que no tienen nada que ver unas con otras”.
No se trata de “buenismo”, resalta Eduardo Gutiérrez, “sino de atender a la realidad y a la ley, sin discriminar”.