Cuando el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes visitó España en 2018, sus miembros mantuvieron reuniones con distintos representantes del Gobierno para conocer la situación de los ciudadanos negros en el país. Encuentro tras encuentro, algo despertaba su extrañeza. El equipo, resalta en un informe presentado ante la ONU, “no habló con ningún afrodescendiente en sus múltiples reuniones con las autoridades, con la única excepción de una diputada nacional afrodescendiente”. Tras esa “infrarrepresentación”, decían, podía haber “prejuicios raciales”.
La única excepción citada por los expertos, aquella diputada negra, era Rita Bosaho (Unidas Podemos), la futura directora de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial en el Ministerio de Igualdad. Irene Montero ofreció el cargo a Bosaho tras recibir la renuncia de Alba González Sanz, quien había aceptado el puesto días antes. Su paso atrás se produjo para evitar las críticas de colectivos antirracistas, después de que distintos activistas racializados hubiesen empezado a transmitir su descontento a través de redes sociales.
“Si algo sabemos en el feminismo es que la representación y lo simbólico importan”, explicó González Sanz en su perfil de Twitter. “Hemos reorganizado el equipo de este Ministerio para que haya una presencia visible de mujeres pertenecientes a colectivos racializados. Eso significa que no asumiré la Dirección General”, anunció este miércoles la exconcejala de Gijón, quien continuará trabajando en el departamento dirigido por Irene Montero.
Las primeras críticas surgidas desde distintas comunidades racializadas, que habían preparado un comunicado que no llegó a difundirse, hacían referencia a una denuncia histórica de las entidades antirracistas, nacionales e internacionales, que luchan contra la discriminación: una mayor representación en las instituciones, así como en el resto de ámbitos de la vida pública.
Expertos de la ONU mostraron su “especial preocupación”
Tras su primera visita oficial a España, celebrada en febrero de 2018, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Afrodescendientes llegó a la conclusión de que “la falta de representación de los afrodescendientes era endémica en los niveles estatal, regional y municipal, así como en las tres ramas del poder”. Este aspecto, continuaba, “contrasta duramente con el hecho de que en España la población afrodescendiente llega a dos millones de personas, según varios cálculos de la sociedad civil”.
En aquel momento, atendiendo al Grupo de Trabajo, las autoridades explicaron que la falta de representación “se debía a las características demográficas de la reciente migración africana y al requisito de poseer la nacionalidad española para ingresar en la administración pública”. Sus argumentos, sin embargo, no convencieron a los expertos de la ONU, que mostraron su “especial preocupación” al respecto.
“Teniendo en cuenta el considerable número de personas de ascendencia norteafricana que hay en España y la intensificación del flujo migratorio que se ha venido produciendo desde los años 90, la infrarrepresentación quizá se deba a prejuicios raciales y perpetúe los estereotipos de los afrodescendientes como migrantes y no como valiosos miembros contribuyentes de la sociedad española”, advirtieron entonces.
El Parlamento Europeo pide medidas a los Estados
En marzo de 2019, el Parlamento Europeo emitió una declaración para proteger los derechos de la población afrodescendiente, que también llamaba la atención acerca de la falta de referentes en las instituciones europeas. “Las personas de ascendencia africana están abrumadamente subrepresentadas en la política y las instituciones legislativas, a nivel europeo, nacional y local en la Unión Europea”, reza el documento.
En su declaración, la cámara comunitaria solicitó a los Estados miembros “el desarrollo de estrategias nacionales contra el racismo que aborden la presencia de personas de ascendencia africana en áreas como educación, vivienda, salud, empleo, policía, servicios sociales, el sistema de justicia, así como la representación política”. Todos los expertos consultados por este medio advierten de que la escasa representación se produce no solo en el caso de afrodescendientes, sino que también afecta a las comunidades gitana, musulmana, asiática y latinoamericana.
“Una victoria del movimiento antirracista”
El historiador Antumi Toasijé, director del Centro de Estudios Panafricanista, ve en el próximo nombramiento de Rita Bosaho una “victoria del movimiento antirracista”. “Normalizar nuestra presencia en todas las instituciones son victorias nuestras, pero también son generales, aunque necesitamos miles de victorias como esta para avanzar realmente”, valora en declaraciones a eldiario.es.
Toasijé echa la vista atrás para contextualizar los orígenes de la batalla de ciudadanos no blancos por sentirse representados en España. Uno de los hechos resaltados por el historiador se remonta a inicios del siglo XVI, con la proliferación de los “estatutos de limpieza de sangre”, unas “disposiciones paralegales” que establecían que para acceder a ciertos espacios se obligaba al candidato “a demostrar que tenía antepasados cristianos”. Con “cristianos”, matiza Toasijé, “se referían a personas blancas, que no tuviesen rastro de los que llamaban negro, moro, gitano... 'malas razas”.
El historiador esboza una conexión con las dificultades con las que, apunta, se chocan las personas no blancas para acceder a las instituciones. “En la actual sociedad española, esos estatutos de limpieza de sangre se ha reconvertido en esa creencia del 'tú acabas de llegar, yo merezco estar aquí antes porque llevo más tiempo aquí”, sostiene Toasijé. “Hoy en día existe una imagen de lo que son los españoles y españolas, pero esta idea de los 'españoles primero' viene de aquella época de la limpieza de sangre”.
En la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada por la asamblea de la ONU en 1965, los países se comprometen a garantizar, sin “distinción de raza (...) u origen” el derecho a participar en el gobierno “y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas”.
Aquí entra la dificultad para demostrar que la falta de representación de personas migrantes o racializadas en las instituciones esconde prejuicios racistas, como alertaba el informe de los Expertos de la ONU. Algunas de las críticas surgidas tras el anuncio de la renuncia de Alba González Sanz y su sustitución por Rita Bosaho, que ha despertado el debate sobre la escasa presencia de personas racializadas en las instituciones, hacen referencia a algunos de los argumentos que ya sonaron hace más de una década con el establecimiento de cuotas de género en las listas electorales: centrarse en los méritos, más allá del sexo o la raza.
“Ante estos casos, se tiende a pensar que la declaración legal de la igualdad supone la igualdad social, son las ideas jacobinas de la igualdad mezcladas con la meritocracia. Desde su punto de vista, ya todas las personas son iguales. Pero una cosa es la ley y otra la realidad del día a día. Es bastante visible que la práctica social en España es racista”, apunta el director del Centro de Estudios Panafricanista, quien recuerda que en el Congreso de los Diputados sólo hay “dos personas de ascendencia africana visible” -Luc André Diouf (PSOE) e Ignacio Garriga (Vox).
Por eso, varios activistas antirracistas defienden la creación de cupos raciales equiparables a su presencia en la sociedad, como los impulsados en 2014 en el empleo público de Brasil. El principal escollo, indican, es la inexistencia de censo centrado en la diversidad étnico racial de la población española, un asunto polémico.
Lucía Mbomio, periodista y activista antirracista, aclara que las denuncias del movimiento no buscan elegir a una persona no blanca en función de su color de piel o de unos rasgos concretos. “No es una cuestión de melanina”, dice la reportera. “Es un error pensar que solo queremos eso. Lo que pedimos es que nos represente alguien que sepa lo que conlleva estar en la lucha antirracista, las necesidades del colectivo, sus logros o sus reivindicaciones, y todo lo que nos tenemos que formar para entender las experiencias que nos pasan o le pasan a otras personas por no ser blancas”, sostiene Mbomio, quien recuerda que esta reivindicación se encuentra más asumida en la sociedad en el caso de la política feminista y LGTBI.
Basha Changuerra, directora de Afroféminas, explica por qué defiende la necesidad de que una persona que haya sufrido racismo esté al frente de una institución que trata de atajar la discriminación. “La experiencia vivida te da una visión más completa, te aporta ciertos matices y sensibilidades que la teoría no puede cubrir”, sostiene la activista.
“El mismo día se anunciaron otros dos nombramientos. La directora del Instituto de la Mujer era una mujer. La persona que se encarga de LGTBI era una mujer lesbiana. Pero la directora de igualdad de trato y diversidad étnico racial era blanca”, destaca. La también escritora recuerda que, desde su creación en 1983, el Instituto de la Mujer ha estado liderado por mujeres. “Solo cuando se trata de igualdad de trato a minorías etnicas raciales parece que no hace falta”, cuestiona.
Changuerra considera que la presencia de los ciudadanos racializados en las instituciones debe ir más allá de los departamentos centrados en políticas antirracistas. “Es importante no solamente que se nos vea en la foto, no somos un trofeo, sino es imprescindible que se nos escuche desde los espacios de toma de decisiones. Nuestras perspectivas son necesarias para aplicar el antirracismo de forma transversal, no solo en politicas sociales”, señala.
Rita Bosaho es licenciada en Historia por la Universidad de Alicante y ha cursado un máster en Identidades e Integración en la Europa Contemporánea. Durante la anterior legislatura, en la que se convirtió en la primera diputada negra en España, siempre permaneció muy cerca de las comunidades racializadas organizadas. Fuentes cercanas a la exparlamentaria explican que la inclusión de la referencia a “étnico racial” en la ya existente Dirección de Igualdad de Trato y Diversidad, para dar más peso al antirracismo en el Ministerio, era una propuesta resultante del trabajo realizado por el grupo de migraciones de Podemos junto a Bosaho.
Para Mbomío, la Dirección liderada por la exparlamentaria de Unidas Podemos se puede traducir en un paso “para hablar de raza”. “Nunca se habla de raza y es importante para entender una serie de diferencias, de violencias que sufrimos por no ser blancas. Dicen que somos iguales, pero no lo somos”.