El día 11 de agosto de 2021 se celebró una reunión inusual en la frontera del Tarajal. Representantes de la Delegación del Gobierno en Ceuta, del Ejecutivo local y de la Policía Nacional se encontraron con autoridades marroquíes de alto nivel para hablar de una operación de retorno sin precedentes. Se informó de que había un autobús preparado para trasladar a un centro de acogida de Marruecos a los menores migrantes llegados a la ciudad autónoma durante la crisis migratoria de mayo. La jefa del área de menores de Ceuta, también invitada a la cita, escuchaba atónita, pero rechazó formar parte de un operativo que ha acabado en los tribunales por un supuesto delito de prevaricación.
Como responsable de los chavales bajo la guarda de la ciudad autónoma, la funcionaria sabía bien que cualquier devolución de menores sin seguir el procedimiento establecido sería ilegal. Con el objetivo de proteger tanto a los menores como la legalidad vigente, la jefa del área no esperó ni un día para poner en conocimiento a la Fiscalía de Ceuta de los planes del Gobierno central y local. El 12 de agosto, la funcionaria escribió un email al fiscal de menores de la ciudad: advertía de lo escuchado en el encuentro y evidenciaba sus reparos legales sobre el dispositivo de retorno.
“Según han afirmado, había un autobús preparado y su intención era trasladar a los menores acogidos en los establecimientos a un centro de Río Martil, para ser acogidos y luego proceder a la búsqueda de sus padres, sin establecer ningún tipo de procedimiento. La reunión finalizó sin concretar los términos en los que se iban a producir las repatriaciones”, alertó la responsable del Servicio de Protección en un correo electrónico adelantado por El Confidencial y al que ha accedido elDiario.es . “A la vista de que el procedimiento no es acorde con la legislación nacional, europea e internacional, lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos”, zanjó.
La Fiscalía de Menores de Ceuta se enteró así de un operativo de retorno que, como entidad encargada de la vigilancia de la protección de los niños de la ciudad, debía conocer en base a la normativa. Cuando el fiscal supo de la cita, inició diligencias de protección y pidió información tanto a la Delegación -que no contestó- como al Ejecutivo local, que tildó la reunión de “informal” y no modificó sus planes, según fuentes jurídicas.
Se trata de una de las diligencias incluidas en el sumario de la investigación abierta por el Juzgado de instrucción número 2 de Ceuta, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en el marco de la devolución de menores de Ceuta, contra la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos; y la vicepresidenta de la ciudad, Maribel Deu.
El 13 de agosto del 2021, el día siguiente de las alertas enviadas a la Fiscalía, Interior y el Gobierno local arrancaron el dispositivo que pretendía trasladar a Marruecos a los menores marroquíes llegados a Ceuta durante la crisis diplomática hispano-marroquí. Durante los siguientes tres días, la operación devolvió a 56 adolescente sin procedimiento, sin llevar a cabo un estudio individualizado de cada caso auspiciado por la Fiscalía, como marca la legislación.
Petición de amparo
Dos días después, el domingo 15 de agosto, la jefa del área de Menores de Ceuta volvió a recurrir por escrito al fiscal de Menores. La funcionaria incidió en la falta de participación del Servicio de Protección en las devoluciones. Según recalcó, se estaban produciendo devoluciones “sin garantías” y solicitaba amparo a la Fiscalía para “evitar la vulneración de los derechos de los menores”.
“Pongo en su conocimiento que en modo alguno he intervenido, ni ningún miembro del servicio de protección en la ejecución de estas devoluciones de menores bajo la guarda de la Ciudad de Ceuta a Marruecos sin garantías”, indica un segundo correo electrónico al que ha accedido elDiario.es.
Todas las advertencias lanzadas por la responsable del Servicio de Protección fueron ignoradas tanto por su superior, la vicepresidenta y consejera de Presidencia Maribel Deu, como por la Delegación del Gobierno -que depende del Ministerio del Interior en todo lo referente a migraciones-. En su declaración ante la Fiscalía, Deu reconoció que “la jefa del área de menores siempre manifestó que había que aplicar la repatriación de la ley de extranjería”, es decir, defendió que se aplicase el procedimiento marcado por la normativa española en vez del acuerdo con Marruecos, en el que se amparaba el Gobierno para justificar la legalidad del operativo (pero que también incumplía dicho pacto, dado que obliga a respetar la normativa nacional e internacional).
Según explicó Deu al Ministerio Público, la trabajadora del servicio de protección “no se mostraba conforme con el procedimiento de repatriación del acuerdo de 2007”. La vicepresidenta de Ceuta, sin embargo, admitió que sí consideró “apropiado” ponerlo en marcha por la “situación extraordinaria”, según la declaración prestada por la consejera ceutí en calidad de testigo ante la Fiscalía de Ceuta el 10 de diciembre de 2021.
Después de que las ONG Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces denunciasen estos retornos en los tribunales, la Justicia frenó la devolución de nueve menores marroquíes, como medida cautelar. La decisión del juzgado ceutí desencadenó la suspensión temporal del operativo hasta que meses después, el tribunal ordenó el cese definitivo de este tipo de expulsiones de menores y ordenó el retorno a España de los adolescentes trasladados a Marruecos durante aquellos días.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta admitió a trámite la denuncia formulada contra ambas al entender que “omitieron de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho”. Deu y Mateos están citadas a declarar el próximo 7 de septiembre. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado -que, junto a la Asociación para el Desarrollo Integral L' Escola AC, conforman la acusación popular en la investigación judicial- ha recordado este miércoles que el sumario del caso desprende que el Gobierno de España “a través de varios ministerios, conoció, impulsó, aprobó y acordó con Marruecos esta actuación”.