Edith Espinola ha trabajado durante seis años como empleada del hogar, tres de ellos como interna. De los abusos sufridos durante aquella etapa ha acumulado la rabia y la fuerza para, como activista, apoyar a otras empleadas domésticas, la mayoría migrantes, desde la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). Ella es una de las mujeres que se reunirán este domingo con el Relator Especial de la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Philip Alston, quien se encuentra en España para documentar la situación de pobreza y desigualdad en el país.
“La mayoría son mujeres migrantes o que están nacionalizadas, pero se siguen sintiendo migrantes por el racismo estructural del país. Trabajan por unos 800 euros al mes y solo libran un día a la semana”, dibuja la portavoz de la asociación. “Sostenemos el cuidado y la vida de los demás, y sin embargo seguimos siendo explotadas y abusadas”, denuncia Espinola.
El encuentro se produce después de que la organización Alianza por la Solidaridad presentase un informe al organismo internacional en el que denuncia la situación de las personas migrantes en el país y, en concreto, de las mujeres ocupadas en este sector. “Es muy positivo que el relator quiera conocer a través de la experiencia de las propias trabajadoras qué ocurre en el sector”, comenta Julissa Jáuregui, técnica de participación ciudadana en Alianza por la Solidaridad.
Según un informe del sindicato UGT, el 42% del total de afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar son mujeres de nacionalidad extranjera. El salario que perciben las empleadas de este sector es un 59% inferior al salario medio bruto total y el importe medio de las pensiones es también el más bajo de todo el Sistema de la Seguridad Social, atendiendo al estudio publicado a finales de 2019.
Espinola explicará a Alston las mismas reivindicaciones que llevan años repitiendo una y otra vez desde SEDOAC. “Desde hace siete años vamos exigiendo que se ratifique el convenio 189 de la OIT”, cuenta la portavoz. Este acuerdo jurídico de la Organización Internacional del Trabajo obliga a la equiparación de derechos al resto de trabajadores y exige una prestación de desempleo o medidas como una Ley de riesgos laborales específica para el sector, ahora inexistente.
La portavoz de la asociación espera que la intención del Gobierno de ratificarlo no quede en papel mojado y solicita la apertura de una mesa de negociación y diálogo durante esta legislatura. “Para que nadie hable por nosotras”, sostiene la exempleada doméstica. “Pero no se acaba con la firma, sino con la aplicación concreta de medidas”, insiste Espinola.
En la actualidad, las empleadas del hogar no se encuentran incluidas en el régimen general de trabajadores de la Seguridad Social, sino que están acogidas en un régimen específico que las excluye, entre otros derechos, de la prestación por desempleo.
>Desde el colectivo, también apuntan a una reforma de la Ley de Extranjería. “La Ley de extranjería promueve la esclavitud de las personas y la precariedad”, critica la portavoz de SEDOAC. La normativa, a su juicio, “propicia la existencia de un mercado negro porque una mujer que viene sin red de apoyo y con una situación administrativa irregular se aboca a lo primero que encuentra, y es el trabajo del hogar”.
La dificultad de poder convalidar los estudios del país de origen, el hecho de verse tres años relegada en situación administrativa irregular o el miedo a redadas policiales, perpetúan esta situación, defiende.
Un espacio seguro
El encuentro tendrá lugar en el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados de Madrid, el único espacio que da estos servicios en España. Desde su apertura, los sábados por la tarde y los domingos, cuando libran la mayoría de las empleadas domésticas, han recibido asesoría individual más de 350 mujeres, tanto jurídica, laboral como acompañamiento psicológico.
Pero su continuidad peligra desde que el nuevo Ayuntamiento de la ciudad decidiese cortar la ayuda económica que recibían. Aunque su amplía red de apoyo les ha permitido seguir con los talleres gratuitos, las asesorías ya no son individuales y la abogada, la psicóloga y la técnica de empleo son voluntarias que van al centro solo una vez al mes.
“Las mujeres siguen pidiendo asesoría porque necesitan una orientación. Lo necesitan para poder ser sujetas políticas, si no les prestamos estas herramientas no se van a poder empoderar y defender sus derechos”, apunta con preocupación Espinola, quien añade que “es duro pensar que ellas puedan volver a lo de siempre: estar en las calles o reunirse en los parques”.
Por ello, esta será otra de sus preocupaciones trasladadas al Relator de la ONU. “La importancia de un espacio como este nos da seguridad nos hace más fuertes”, sostiene la portavoz del colectivo. Espinola espera que posicionar las problemáticas que atraviesan el trabajo del hogar y de los cuidados en España ante Naciones Unidas arroje luz a la lucha por una dignificación del sector y su reconocimiento.