La crisis que dejaron la pandemia y la guerra en Ucrania y, sobre todo, el auge de la extrema derecha han creado un clima hostil contra las personas migrantes. Los gobiernos europeos están radicalizando cada vez más tanto los discursos como las actuaciones frente a los flujos migratorios. Controles fronterizos dentro del espacio de libre circulación Schengen, externalización de los centros de acogida, refuerzo de los retornos, acuerdos con terceros países pese a los incumplimientos de los derechos humanos… todo conduce a un endurecimiento de las políticas que amenaza incluso al todavía nonato Pacto de Migración y Asilo que la UE acordó hace unos meses tras años de negociación y bajo la presión de que el ascenso de las fuerzas ultras lo complicaría más adelante.
El pacto, que empezará a aplicarse dentro de dos años, cuando los 27 hayan acompasado sus sistemas a la nueva legislación, ya se queda corto para muchos países. La ultraderechista italiana Giorgia Meloni ha puesto en marcha el polémico ‘modelo Ruanda’ por el que la gestión de los solicitantes de asilo se realiza fuera de las fronteras de la UE. En el caso de Italia, el acuerdo lo ha alcanzado con Albania. Pese a las denuncias de las ONG de que se trata de un ataque al derecho al asilo, 15 países han reclamado que se explore esa vía a nivel europeo. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió la puerta a implantar ese modelo.
Pero más allá de superar las reglas preacordadas, que ya de por sí suponían un endurecimiento de los controles encaminados a la ‘Europa fortaleza’, hay gobiernos que directamente quieren quedar al margen de la legislación. Holanda lo ha solicitado formalmente a la UE. La nueva ministra de Asilo y Migración, Marjolein Faber, del partido populista Geert Wilders, envió una carta a la Comisión Europea en la que planteaba la exclusión voluntaria de ese país de la política comunitaria de asilo. “Acabo de informar a la Comisión Europea de que quiero una opt-out (excepción) en migración para Países Bajos dentro de Europa. ¡Debemos retomar el control sobre nuestra propia política de asilo!”, afirmó la ultraderechista.
Bruselas respondió con un ‘no’ rotundo. “Tomamos nota de la carta y de que el Ministerio sepa que una exclusión (opt-out) solo es posible con cambios en el Tratado. Es un requisito legal”, contestó una portavoz. No hay ningún plan a la vista de reformar el tratado de la UE, que se modificó por última vez en 2009, y, en caso de que se abriera ese melón, el resto de socios tendría que aceptar esa excepción para Holanda en su guerra contra el asilo, lo cual es improbable.
Pero el caldo de cultivo ya se ha generado. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no tardó en secundar la propuesta de Holanda. “Por fin un gobierno valiente. ¿Dónde puede firmar Hungría?”, expresó en la red social X (antes Twitter) en un mensaje acompañado de un “no migración”.
El ultraderechista húngaro, que ha sido condenado a una multa millonaria y se enfrenta a un incremento de un millón de euros al día por vulnerar el actual marco legal durante la crisis de 2015, ya adelantó que su país no aceptará el reparto obligatorio de cuotas de refugiados que estipulan las nuevas normas y que incluso permiten pagar por rechazarlas. Pero en ese caso no ha sido el único, el primer ministro polaco, Donald Tusk, de la familia del PP europeo, también lo rechazó al asegurar que Polonia “no aceptará ni a un solo migrante” reubicado en base al pacto europeo: “La brutal realidad es que la supervivencia de la civilización occidental depende de evitar la migración descontrolada”.
Alemania se cierra
El endurecimiento llega, además, de capitales que han sido tradicionalmente acogedoras, como Berlín o París. Alemania ha introducido controles en todas sus fronteras. Lo hizo tras la victoria regional de la ultraderecha y su auge ha llevado al Gobierno tripartito (socialistas, liberales y verdes) a presentar un durísimo plan contra la migración, que incluye la pérdida de protección para los refugiados si van de vacaciones a su país de origen o limita las prestaciones a los solicitantes que quedaron registrados en otro país europeo.
A Alemania se le ha sumado Francia. A pesar de la victoria del Nuevo Frente Popular, Emmanuel Macron formó un gobierno a la derecha con Michel Barnier y guiños a Marine Le Pen. Al frente de Interior han situado a Bruno Retailleau, del ala más dura de la derecha francesa, que ha llegado a vincular la inmigración con los delitos. Quiere recuperar algunos de los preceptos más duros de la ley de inmigración que censuró el Constitucional y ha planteado “una alianza con los grandes países europeos que quieren endurecer y que ya han endurecido su arsenal legislativo” contra la inmigración. Entre las cosas que quiere endurecer está la directiva europea sobre las expulsiones.
El asunto, que genera extrañas alianzas como la del socialista alemán Olaf Scholz y la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, volverá a ser abordado en el Consejo Europeo que se celebrará a mediados de octubre.
En medio de todo ese maremágnum, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha situado al frente de la delicada cartera de Interior y Migración a Magnus Brunner, procedente del Gobierno de Austria, uno de los más duros contra la inmigración. Además de implementar el pacto migratorio, la alemana le ha encargado desarrollar “un nuevo enfoque común en materia de retorno de irregulares, con nuevas normas modernas para acelerar y simplificar el proceso de retornos”, entre otras cosas.
El nuevo pacto migratorio salió adelante en la Eurocámara por un estrecho margen con el apoyo del PPE, socialdemócratas y liberales, aunque con algunas fugas y críticas, y el rechazo de la extrema derecha (salvo a los expedientes del refuerzo del control de fronteras) y los verdes y la izquierda. “Hay mucho interés de populares, socialistas, liberales y parte de la extrema derecha en implementar el pacto cuanto antes”, expresa la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, que considera que debería renegociarse desde cero.
Lo que considera Galán, que forma parte de la comisión de Interior en la Eurocámara, es que buena parte del endurecimiento que se está viviendo se justifica en el propio pacto, como los controles en Alemania, que no dejan de ser el proceso de cribado que establecen las nuevas normas. La antigua directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se reunió con el futuro comisario, a quien reclamó que trabaje en vías regulares y cuotas de personas en línea con el modelo de Canadá, sostiene que el pacto supone una “amenaza” si no se aplica “de forma rigurosa en materia de derechos humanos”.