En enero de 2020, Alhassane Bangoura fue enterrado en una tumba sin nombre en la zona musulmana del cementerio municipal de Teguise, en Lanzarote, ante la presencia de funcionarios municipales y miembros de la comunidad musulmana local. El pequeño había nacido apenas un par de semanas antes a bordo de una patera abarrotada en la que su madre, originaria de Guinea, y otras 42 personas intentaban llegar a las Islas Canarias. La embarcación llevaba dos días a la deriva en el océano Atlántico, tras averiarse el motor, y la madre de Alhassane se puso de parto en el mar. Su hijo sólo alcanzó a vivir unas pocas horas antes de morir frente a la costa de Lanzarote.
El caso de Alhassane conmocionó a la isla y saltó a las noticias de todo el país. Sin embargo, mientras los asistentes al entierro ofrecían sus condolencias, la madre del bebé fallecido se encontraba a 200 kilómetros de distancia, en un centro de acogida de migrantes de la vecina isla de Gran Canaria, al no haber podido obtener permiso de las autoridades para permanecer en Lanzarote durante el funeral.
“Le habían permitido ver el cuerpo de su hijo una vez más antes de ser trasladada, y yo la acompañé a la funeraria”, cuenta Mamadou Sy, representante de la comunidad musulmana local. “Fue muy emotivo cuando se tuvo que marchar. Lo único que pudimos hacer fue prometerle que su hijo no estaría solo; que, como cualquier musulmán, sería llevado a la mezquita, donde su cuerpo sería lavado por otras madres; que rezaríamos por él y que después le enviaríamos un vídeo del entierro”.
Casi cuatro años después, el lugar donde reposan los restos de Alhassane sigue sin tener una lápida formal. La tumba se encuentra junto a los restos de más de tres docenas de personas migrantes no identificadas, cuyos nombres se desconocen por completo pero que, como Alhassane, también son víctimas del brutal régimen fronterizo de Europa.
Las tumbas de la frontera
A lo largo de las fronteras de la Unión Europea, miles de personas están siendo enterradas de forma precipitada en tumbas sin nombre. El equipo de investigación de Border Graves (Las Tumbas de la Frontera) ha contabilizado que, en los últimos 10 años, al menos 2.162 cadáveres de migrantes han sido encontrados en las fronteras europeas sin identificar.
El equipo de investigación también ha confirmado la existencia de 1.015 tumbas de inmigrantes sin identificar entre 2014 y 2021 en 103 cementerios, todas ellas pertenecientes a personas que intentaban emigrar a Europa.
El problema está “absolutamente abandonado”, afirma Dunja Mijatović, Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que insiste en que los países de la UE incumplen sus obligaciones en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos. “La tragedia de los migrantes desaparecidos ha alcanzado una magnitud espantosa. El asunto exige una actuación inmediata”.
Las condiciones de sepultura de estos migrantes varían en todo el continente. En la última década, en la isla griega de Lesbos, un olivar se ha convertido en un cementerio informal para refugiados. Al menos 147 tumbas sin identificar se pueden encontrar en el pequeño pueblo de Kato Tritos, que según explica el periodista Nikos Manavis brotaron tras la gran oleada de refugiados de 2015. “Los otros cementerios de la isla eran inapropiados y no podían cubrir el número de muertos que había que enterrar en Lesbos”, afirma. “Pero no es un cementerio. Es sólo un campo. No se muestra ningún respeto por la gente enterrada aquí”.
En SiÄe, una población al este de Croacia, se hallan las tumbas de tres refugiados afganos al borde del cementerio del pueblo, separadas de las de los residentes locales. Los tres hombres no identificados, que se ahogaron intentando cruzar el río Sava desde Bosnia a Croacia, están enterrados bajo sencillas cruces de madera en las que se lee “NN” (desconocido).
En la frontera entre Lituania y Bielorrusia, un pequeño cementerio de la tranquila localidad de Rameikos alberga la tumba de un emigrante indio. El lugar está marcado por un trozo de madera vertical, a pocos metros de la valla fronteriza. En el cementerio de Piano Gatta, en Agrigento (Sicilia), están enterrados decenas de cadáveres sin identificar del naufragio de Lampedusa en 2013, en el que perdieron la vida 368 personas de Eritrea y Somalia al hundirse el pesquero en el que viajaban.
En cuanto a la extensa costa española, pueden encontrarse tumbas de inmigrantes desde Alicante hasta Cádiz, y hacia el sur hasta las Canarias. Algunas tienen nombre, pero lo más frecuente es que las inscripciones sean del estilo de “inmigrante no identificado”, “marroquí desconocido” o “víctima del Estrecho [de Gibraltar]”. O, simplemente, una cruz pintada a mano.
En el cementerio de Barbate, en Cádiz, donde los difuntos están sepultados en nichos, el jardinero Germán señala más de 30 tumbas de inmigrantes: las más antiguas datan de 2002 y las más recientes son de un naufragio de 2019. “Nunca viene nadie a visitarlos, pero los días que hay funerales aquí y se van a tirar las flores antiguas, las coloco en las tumbas de los migrantes desconocidos”, explica. “En algunas de las más antiguas hay restos de hasta cinco o seis emigrantes juntos, cada uno colocado en bolsas separadas dentro del mismo nicho para ahorrar espacio”.
Tal preocupación era menos evidente en Arrecife, Lanzarote, donde dos tumbas no identificadas de febrero de este año se han dejado selladas con una cubierta que aún lleva el logotipo de una empresa.
No existen datos exhaustivos sobre cuántas fosas de inmigrantes identificadas y no identificadas existen en España, y el Ministerio del Interior nunca ha dado a conocer cifras sobre el número total de cadáveres recuperados en las distintas rutas migratorias marítimas. Pero los datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) revelan que entre 2014 y 2021 se recuperaron los cuerpos de alrededor de 530 personas fallecidas en las fronteras españolas, de las cuales 292 permanecen sin identificar.
En los diez meses que ha durado la investigación europea Border Graves, llevada a cabo de manera conjunta entre un grupo de periodistas independientes y los medios Unbias the News, The Guardian y Süddeutsche Zeitung y publicada en exclusiva en España por elDiario.es, se ha confirmado la existencia de 109 tumbas de migrantes no identificados entre 2014 y 2021 en 18 lugares de España. Según un estudio de la Universidad de Ámsterdam, otras 434 tumbas sin identificar se remontan al periodo 2000-2013 en al menos 65 cementerios del territorio nacional.
Estas tumbas son símbolos de una tragedia humanitaria mucho mayor. El CICR calcula que sólo el 6,89% de los restos mortales de las personas que desaparecen a lo largo de las fronteras europeas son recuperados, mientras que la ONG española Caminando Fronteras da una cifra aún más baja para la ruta atlántica de África Occidental a Canarias, estimando que sólo se recupera el 4,2% de los cuerpos de los fallecidos.
Garantizar los “últimos derechos”
Las tumbas anónimas y sin visitar reflejan también el hecho de que el derecho a la identificación y a un entierro digno de los fallecidos en las rutas migratorias ha sido sistemáticamente desatendido por las autoridades nacionales españolas. En 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reconoce el derecho a la identificación de los fallecidos en las rutas migratorias, y la necesidad de una base de datos coordinada que recoja los datos de la frontera. Pero, al igual que en otros países europeos, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de desarrollar mecanismos legales y protocolos estatales para garantizar estos “últimos derechos” de las víctimas, así como el “derecho a saber” y a llorar a sus seres queridos que corresponde a las familias.
“La gente siempre llama a la oficina y nos pregunta cómo buscar a un familiar, pero hay que ser sincero y decir que no hay un canal oficial claro al que puedan dirigirse”, explica Juan Carlos Lorenzo, coordinador del Consejo Español para los Refugiados (CEAR) en Canarias. “Se les puede poner en contacto con la Cruz Roja, pero no hay un programa de identificación liderado por el Gobierno. Tampoco existe el tipo de recurso especializado necesario para coordinarse con las familias y centralizar la información y los datos sobre los migrantes desaparecidos”.
Helena Maleno, directora de Caminando Fronteras, afirma: “Sólo este año estamos trabajando con más de 600 familias cuyos seres queridos han desaparecido. Estas familias, procedentes de Marruecos, Argelia, Senegal, Guinea y países tan lejanos como Sri Lanka, están muy solas y poco protegidas por las administraciones públicas. A su vez, esto significa que hay redes criminales y estafadores que buscan sacarles dinero”.
Incluso en el caso de la identificación de una víctima, un reciente informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) expone las barreras legales y financieras a las que se enfrentan las familias para repatriar a sus seres queridos. En 2020/21, las cifras del CICR muestran que se recuperaron 284 cuerpos pero que, de los 116 identificados, sólo 53 fueron repatriados. El informe de la APDHA también señala, respecto a las tumbas fronterizas, que “muchas personas acaban enterradas de manera contraria a sus creencias”. Apenas la mitad de las 50 provincias españolas cuentan con cementerios musulmanes, y no todos están en la costa española.
Para Maleno, estos fallos del Estado no son casualidad: “España y otros Estados europeos mantienen una política de invisibilización de las víctimas y de la propia frontera. Tienen políticas de negación del número de muertos y de ocultación de datos, pero para las familias esto significa obstáculos en cuanto al acceso a la información y a los derechos de sepultura, así como interminables trabas burocráticas”.
“Sueño con Oussama”
Abdallah Tayeb ha sufrido en primera persona las deficiencias del sistema español en sus intentos por confirmar si un cadáver recuperado en diciembre de 2022 es el de su primo Oussama, un joven barbero argelino que soñaba con reunirse con Tayeb en Francia.
Tayeb está convencido de que el cuerpo sin identificar, que se cree que está en un depósito de cadáveres de Almería, es el de su primo. Está previsto que los restos sean enterrados a comienzos del próximo año en una tumba sin nombre, a menos que se consiga algún avance de última hora. “La sensación es de impotencia”, admite. “No hay nada de transparencia”.
Tayeb nació en París, de padres argelinos, pero pasa todos los veranos en Argelia con su familia. “Como Oussama y yo teníamos más o menos la misma edad, estábamos muy unidos. Le obsesionaba la idea de venir a Europa, pues dos de sus hermanos ya vivían en Francia. Pero yo no sabía que en realidad ya había organizado su viaje en una patera a finales del año pasado”.
Oussama formaba parte de un grupo de 23 personas (entre ellas siete niños) que desaparecieron tras zarpar de Mostaganem, Argelia, en una lancha motora el día de Navidad de 2022. Poco después de la desaparición de la patera, su hermano Sofiane viajó de Francia a Cartagena, el destino al que esperaba llegar la embarcación. Con la ayuda de la Cruz Roja, Sofiane pudo presentar una denuncia por desaparición y dar una muestra de ADN, pero no pudo reunir ninguna información concreta sobre la suerte de su hermano.
Sin embargo, un segundo viaje a España en febrero condujo a un gran avance. Tras recorrer juntos la costa mediterránea, Tayeb y su primo Sofiane consiguieron hablar con una patóloga forense que trabaja en la morgue de Almería, quien pareció reconocer una foto de Oussama. “No paraba de decir 'esta cara me suena' y también mencionó un collar, algo que llevaba cuando se fue”. Según la forense, había una posible coincidencia con un cuerpo sin identificar recuperado por los guardacostas el 27 de diciembre de 2022.
El laberinto burocrático
Con la sensación de que por fin estaban cerca de obtener alguna respuesta, en la comisaría de Almería les informaron de que, para poder ver el cadáver –o incluso las pertenencias– y proceder a su identificación visual, necesitarían el permiso de la comisaría donde se había registrado inicialmente el cadáver. “Fue entonces cuando empezó la verdadera pesadilla”, recuerda Tayeb. Les entregaron una lista de cinco comisarías de toda la región en las que se podría haber registrado el cadáver, y se pasaron los dos días siguientes conduciendo de comisaría en comisaría a lo largo de la costa murciana.
“En la primera comisaría que visitamos ni siquiera nos dejaron entrar cuando les dijimos que estábamos buscando a un inmigrante desaparecido, y después siempre fue la misma consigna: éste no es el lugar adecuado; no tenemos ningún cadáver; tenéis que ir a este otro lugar…”, continúa. Cuando ambos regresaron a la primera comisaría de Huércal de Almería, después de que les dijeran repetidamente que era el lugar adecuado para preguntar, los agentes, impacientes, se negaron a atenderlos, alegando leyes de protección de la intimidad, e incluso les dijeron que advirtieran a otras familias que buscaban a migrantes desaparecidos que no siguieran viniendo a preguntar.
“Al final”, explica Tayeb, “nos dimos cuenta de que nunca nos darían ninguna información. Fue muy desgarrador, sobre todo volver a Francia. Fue como si le dejáramos [allí] en la nevera”.
Incertidumbre
A medida que pasaban los meses, la frustración y la ansiedad aumentaban para la familia. “En mayo nos dijeron que la muestra de ADN que habíamos dado cinco meses antes acababa de llegar a Madrid y aún no había sido procesada ni enviada a la base de datos”. No se les ha facilitado más información, y las autoridades españolas tienen la política de ponerse en contacto con las familias sólo cuando hay una coincidencia positiva, pero no si la prueba da negativo.
Tayeb se plantea una última visita a España para intentar recuperar a su primo Oussama, en parte para estar seguro de que ha hecho todo lo posible por encontrarlo, pero le preocupa que el viaje pueda reabrir su trauma de “pérdida ambigua”. “El esfuerzo de ir no es doloroso, lo doloroso es volver sin nada”, dice. “Esta falta de información es lo peor”.
La Dra. Pauline Boss, catedrática emérita de Psicología de la Universidad de Minnesota (EE.UU.), explica el concepto de pérdida ambigua: “Se parece a un duelo complejo, con pensamientos intrusivos”, dice. “No tienes otra cosa en la cabeza más que el hecho de que tu ser querido ha desaparecido. No puedes afrontar el duelo, porque eso significaría que la persona está muerta, y no lo sabes con certeza”.
Tayeb lo explica con sus propias palabras: “Todas las personas que iban a bordo eran del mismo barrio de Mostaganem. He podido hablar con muchas de sus familias y están destrozadas. Hay mucho dolor, pero tampoco hay respuestas. Sólo hay rumores, y algunas de las madres creen que sus hijos están en cárceles de Marruecos y España. Todos tenemos sueños [sobre los desaparecidos]. Al final, confías en lo que ves en tus sueños, como si la realidad cósmica te dijera que va a venir. Sueño con Oussama”.
Un sistema defectuoso
De todas las familias de los desaparecidos en la patera de Oussama, sólo Tayeb y otras tres familias han podido presentar denuncias de desaparición ante las autoridades españolas, y únicamente en dos casos se han podido entregar muestras de ADN. Según un informe de 2021 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una de las mayores complicaciones a las que se enfrentan las familias en sus búsquedas es que, para registrar a alguien como desaparecido en España, hay que presentar una denuncia ante la policía del propio país, lo que para muchas familias es “una hazaña prácticamente imposible”, ya que no existen visados para viajar con este fin.
El informe de la OIM también señala que, aunque muchas familias presentan denuncias de personas desaparecidas en sus países de origen, son “conscientes del carácter casi simbólico de sus esfuerzos” y de que “nunca darán lugar a que se inicie ningún tipo de investigación en España.”
Junto con la OIM, algunas ONG nacionales, como la APDHA y más de un centenar de organizaciones comunitarias, han denunciado la incapacidad de España para adaptar los procedimientos vigentes en materia de personas desaparecidas a los retos transnacionales que plantean los casos de migrantes desaparecidos. Estas organizaciones han defendido en repetidas ocasiones que el marco jurídico del país en materia de personas desaparecidas debe adaptarse para garantizar que las familias puedan presentar denuncias desde el extranjero por casos de personas desaparecidas.
También han presionado para que se elaboren protocolos específicos para la policía al tratar casos de migrantes desaparecidos, así como para que se cree una base de datos de migrantes desaparecidos que permita centralizar la información y haga posible el intercambio con autoridades de otros países. Esta incluiría todos los datos disponibles post mortem (desde tatuajes hasta ADN, pasando por inspecciones de cadáveres y autopsias) como de información médica forense ante mortem, es decir, la que procede de los familiares en relación con la persona desaparecida.
“La realidad es que la situación en toda Europa es sistemáticamente deficiente”, explica Julia Black, analista del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. “A pesar de que nuestras investigaciones muestran estas necesidades acuciantes de las familias, ni España ni ningún otro país europeo ha cambiado [en los últimos años] de forma significativa sus políticas, ni tampoco han mejorado las prácticas para ayudar a este grupo desatendido. El apoyo a las familias sólo está disponible de forma muy puntual, sobre todo en respuesta a sucesos con víctimas masivas que están en el punto de mira de la opinión pública, lo que deja a muchos miles de personas sin un apoyo adecuado”.
Actores no estatales como la Cruz Roja y Caminando Fronteras, así como una red de activistas independientes, intentan llenar este vacío. “Es un trabajo terrible que no deberíamos estar haciendo, porque los Estados deberían responder a las familias y garantizar los derechos de las víctimas más allá de las fronteras”, explica Maleno. En el caso de la patera de Mostaganem, Caminando Fronteras tiene previsto viajar a Argelia el año que viene para tomar muestras de ADN de los familiares y traerlas a España. Pero Maleno también reconoce que su ONG a menudo tiene que “ejercer mucha presión” para que las autoridades acepten estas muestras.
Es algo que también confirma Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu: “Como miembro de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, he tenido que intervenir en varias ocasiones para ayudar a las familias que querían registrar muestras de ADN, hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores o con el Ministerio del Interior para que aceptaran las muestras. Pero no debería ser necesaria la intervención de un diputado para conseguirlo. Es necesario normalizar todo el proceso con protocolos claros y automáticos [para la presentación de las muestras]. Ahora mismo, no hay una forma clara de hacerlo”.
Incluso cuando las recomendaciones de la OIM han sido objeto de debate parlamentario en España, no han tendido a traducirse en medidas gubernamentales. En 2021, por ejemplo, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno a crear una oficina estatal específica para las familias de migrantes desaparecidos. “Está claro que necesitamos aliviar el calvario administrativo y burocrático para las familias ofreciéndoles un único punto de contacto [con las autoridades estatales]”, explica Iñárritu, impulsor de la moción.
Sin embargo, aunque los partidos en el gobierno votaron a favor de la resolución, no se ha tomado ninguna medida al respecto en los 18 meses transcurridos desde la aprobación de la resolución. “Desde mi punto de vista, el Gobierno no tiene ninguna intención de aplicar la propuesta”, argumenta Iñárritu. “Sólo ofrecían un apoyo simbólico”.
Cuando se expusieron las cuestiones anteriores al Ministerio del Interior, la respuesta fue la siguiente: “El tratamiento de los cadáveres sin identificar que llegan a las costas de España es idéntico al hallazgo de cualquier otro cadáver. En España, para la identificación de cadáveres, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aplican la Guía de INTERPOL para la Identificación de Víctimas de Catástrofes. Esta Guía, aunque está especialmente indicada para los sucesos con víctimas múltiples, también es aplicada como referencia para la identificación de un cadáver aislado”.
Derechos de sepultura
El director de migraciones de APDHA, Carlos Arce, escribe que, en un marco europeo que contempla la migración irregular predominantemente a través del prisma de la criminalidad grave y la seguridad fronteriza, “ni siquiera la muerte o desaparición de las personas migrantes pone freno a la concatenación de ataques a su dignidad”. Por su parte, Iñárritu también apunta al régimen fronterizo más amplio de la UE: “Muchas cuestiones que no encajan en este marco político dominante, como el derecho de identificación, simplemente se dejan sin gestionar en el día a día. Sencillamente, no son una prioridad”.
Esto también queda claro en lo que respecta a la inacción del gobierno español a la hora de garantizar un entierro digno a las personas cuyos cuerpos son recuperados. Como señala un informe de 2023 de APDHA, “aunque la repatriación es la opción más deseada por las familias [...] el coste es muy elevado (miles de euros) y muy pocas de sus embajadas ayudan [a sufragarlo]”. La ONG recomienda a España que establezca acuerdos de repatriación con los países de procedencia de los inmigrantes para crear “salvoconductos mortuorios” que garanticen su retorno a un coste reducido.
A esto se suma que el gobierno central tampoco ha establecido mecanismos para garantizar el derecho de los inmigrantes no identificados a un entierro digno dentro del territorio español, sino que sostiene que los ayuntamientos son responsables de todos los entierros de carácter benéfico. Esto ha supuesto que municipios muy concretos, en los que están estacionadas las embarcaciones de salvamento marítimo, sean legalmente responsables de la mayor parte de los entierros, y la mayoría de estos municipios carecen de cementerios locales capaces de acoger entierros musulmanes tradicionales.
La posibilidad de que este asunto se convierta en un caldo de cultivo para el rechazo a la inmigración quedó patente el pasado mes de septiembre, cuando la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, insistió en que su municipio dejaría de sufragar estos entierros, ya que no quería “detraer los costes de los impuestos de mis vecinos”. Juan Carlos Lorenzo, de CEAR, condena ese “lenguaje divisivo, que enmarca la cuestión en términos de malgastar el dinero de mis 'vecinos' en alguien que no es un vecino”, y señala en cambio la actuación de los municipios de El Hierro como contraejemplo positivo.
En esta isla poco poblada, en los últimos dos meses han sido enterrados siete inmigrantes no identificados, junto con los restos de Mamadou Marea, de 30 años. “Los habitantes de la isla se unieron a nosotros para acompañar los restos de cada una de estas personas hasta su lugar de descanso”, explica Amado Carballo, concejal de El Hierro. “Lo que nos entristeció a todos fue no poder poner un nombre en la lápida y simplemente tener que dejar a las personas identificadas con un código policial”.
Carballo señala que “más de 10.000 personas han llegado a El Hierro desde septiembre, lo mismo que la población de la isla. Son viajes muy largos, de entre seis y nueve días en el mar, y ahora mismo la gente llega en un pésimo estado de salud. A los que han muerto en los últimos meses hemos intentado ofrecerles un entierro digno dentro de los medios de que disponemos. Hemos contado con la presencia de un imán, que ha rezado oraciones del Islam antes de depositar los restos”.
En la actualidad, la responsabilidad de conmemorar a las víctimas no identificadas recae en los municipios e incluso en los responsables de los cementerios. Al igual que Germán en el cementerio de Barbate, que intenta dignificar las tumbas sin nombre colocando flores sobre ellas, el cementerio de Motril ha adornado las tumbas con poemas. En Teguise, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa que anima a los vecinos a dejar flores en las tumbas de los inmigrantes cuando vienen a visitar los restos de sus familiares.
En otro gesto conmemorativo, una colección de unas 50 barcas de pesca desechadas se ha convertido en un rasgo distintivo del puerto de Barbate. Estas pequeñas embarcaciones de madera con escritura árabe en el casco eran utilizadas por los emigrantes que intentaban cruzar el Estrecho de Gibraltar. En lugar de ser desguazadas, APDHA pudo convertir el astillero en un lugar conmemorativo y colocar placas en las embarcaciones en las que se indicaba cuántas personas viajaban en ellas y dónde y cuándo fueron encontradas.
En el caso del pequeño Alhassane Bangoura, los vecinos acuden habitualmente a dejar flores frescas y otras muestras de afecto, entre ellas un pequeño cuenco de granito con su nombre de pila inscrito. Pero muchas víctimas son enterradas sin ningún intento de identificación y, tal y como exigen innumerables ONG, políticos y activistas, no debería dejarse en manos de la buena voluntad de residentes, trabajadores de cementerios o concejales el garantizar los últimos derechos de las víctimas de la Fortaleza Europa.
Border Graves Investigation (Investigación de Las Tumbas de la Frontera), es un proyecto periodístico a escala europea realizado por Gabriele Cruciata, Eoghan Gilmartin, Danai Maragoudaki, Barbara MatejÄić, Leah Pattem, Gabriela Ramírez, Daphne Tolis y Tina Xu, así como por los periodistas de 'The Guardian' Manisha Ganguly, Ashifa Kassam, Felicity Lawrence y Lorenzo Tondo, y los de 'Süddeutsche Zeitung' Ben Heubl y Kristiana Ludwig. La investigación fue financiada por Journalismfund e IJ4EU.
Traducido por Laura Seoane.