Algo más de tres kilómetros separan la diminuta isla de Lindholm, en el mar Báltico, de la costa danesa más cercana. Su territorio, deshabitado, alberga en la actualidad laboratorios y el horno crematorio de un centro que investiga enfermedades contagiosas de animales. Ahora, el Gobierno danés quiere que a partir de 2021, sea recluido allí un centenar de migrantes pendientes de deportación.
La polémica medida ha despertado críticas de organizaciones de derechos humanos por “bordear la legalidad”, pero también por los paralelismos con la que ha sido una de las fuentes de inspiración del Ejecutivo del país nórdico: la política australiana de confinar en remotas islas del Pacífico a los solicitantes de asilo que tratan de llegar a sus costas.
Martin Henriksen, del xenófobo Partido Popular Danés –que ha pactado la medida con el Gobierno de centro-derecha– ha reconocido que viene inspirada en cierta medida en el criticado modelo australiano, según declaraciones a The Associated Press.
En esta comparación se han basado varias voces para alertar del posible impacto que puede tener el plan del Gobierno danés. “Australia ya ha hecho esto en Nauru y en la isla de Manus. Ha desencadenado una epidemia de traumas, autolesiones e intentos de suicidio, incluso entre los niños”, sostuvo Conor Fortune, de Amnistía Internacional, en su perfil de Twitter tras conocer la noticia.
También la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha expresado sus “serias preocupaciones” por la propuesta de Dinamarca. “Hemos visto el impacto negativo de tales políticas de aislamiento y no deberían replicar estas políticas. Privarlos de su libertad, aislarlos y estigmatizarlos solo aumentará su vulnerabilidad”, aseguró la expresidenta chilena.
La medida danesa, que aún debe ser aprobada por el Parlamento, afecta a solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada –por cometer algún delito u “otras razones pertinentes”, según el Ejecutivo– pero que no pueden ser deportados a su país de origen por riesgo de tortura y también a extranjeros que han sido expulsados y que han cumplido su pena de prisión, pero no pueden ser devueltos a sus países porque no los aceptan. En el caso de las personas retenidas en la isla de Nauru, un pequeño Estado de Micronesia que tiene el tamaño del aeropuerto de Melbourne, quedan atrapadas allí durante años mientras se tramita su solicitud de protección internacional.
Ambos modelos coinciden, sin embargo, en el aislamiento al que los migrantes son sometidos: los internos podrán moverse de la isla danesa de Lindholm, que estará controlada por las autoridades penitenciarias, pero estarán obligados a regresar de noche; en Nauru, el centro está “abierto” desde 2015, pero en la práctica, según las ONG, las personas permanecen detenidas, pues sus permisos les impiden salir de la isla.
Médicos Sin Fronteras (MSF) acude a su trayectoria para vaticinar el posible efecto de estas políticas de reclusión en una isla. “No tenemos detalles del plan ni de la propuesta danesa, pero según nuestra experiencia, contener por la fuerza a personas en una isla sin posibilidad de escapar y con total incertidumbre sobre el futuro puede empujar a la gente a la desesperación absoluta”, advierte en declaraciones a eldiario.es el equipo de la ONG en Australia, que recuerda también la situación de los miles de refugiados que malviven en el centro de Moria, en la isla griega de Lesbos.
Intentos de suicidio, depresión y ansiedad
“Es el caso de Nauru, donde nuestros pacientes han estado atrapados durante cinco años y donde las ideas suicidas y los intentos de suicidio han alcanzado niveles extremos que no se pueden comparar con ningún otro proyecto de MSF en el mundo”, prosiguen. La organización, que se vio forzada por el Gobierno de Nauru a abandonar sus actividades en la isla el pasado octubre, ha sido la última en dar la voz de alarma sobre el “terrible impacto” de la política australiana de detención en la salud mental de los solicitantes de asilo en centros de ultramar.
En un informe reciente, MSF ha alertado del sufrimiento al que se ven sometidos por su “situación indefinida” en Nauru con varios datos: el 60% de los 208 pacientes atendidos por sus equipos tuvo pensamientos suicidas y el 30% intentó quitarse la vida. Entre ellos había niños de nueve años. Casi dos tercios de las personas asistidas fueron diagnosticadas con depresión moderada o severa, un 25% sufría trastorno de ansiedad y un 18%, trastorno de estrés postraumático.
Además, 12 adultos y menores fueron diagnosticados con “síndrome de resignación”, una rara afección psiquiátrica que se detectó por primera vez en Suecia y se manifiesta en un estado semicomatoso que les impide comer y beber. “Estos niños empiezan pareciendo deprimidos, no van a la escuela, se apartan de la gente, de su familia, de sus amigos. Se vuelven bastante apáticos y luego avanzan a un estado en el que dejan de comer y beber, dejan de ir al baño, dejan de responder”, explica Beth O'Connor, psiquiatra de MSF . “Ellos solo miran, como si fueran zombis”.
La de MSF es la última denuncia en un largo catálogo de abusos sistemáticos y malos tratos documentados como agresiones físicas y verbales, atención médica insuficiente, falta de acceso a la escuela, robos y detenciones arbitrarias. Tres refugiados se han suicidado en Nauru, según las ONG. Hace dos años, el medio británico The Guardian publicó la filtración de más de 2.000 informes, “los archivos de Nauru” que documentaban agresiones sexuales contra los demandantes de asilo, entre ellos menores.
En la misma línea, un informe reciente del Consejo de Refugiados de Australia (RCOA) y Amnistía Internacional alerta de la desesperación y el deterioro de la salud mental, también con intentos de suicidio y autolesiones, de los refugiados que permanecen en la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, después de que el centro australiano fuera clausurado el año pasado.
Para contener un número creciente de llegadas a las costas australianas, el Gobierno reactivó en 2012 la política de encerrar a los migrantes y refugiados que interceptaba en aguas internacionales en instalaciones fuera de su territorio. Estos centros de ultramar, donde los solicitantes tramitan sus peticiones de protección internacional, fueron creados por el Ejecutivo conservador del primer ministro John Howard en 2001 con la llamada 'Solución del Pacífico', y reabiertos 11 años después por la laborista Julia Gillard.
Desde entonces, la política de recluir a los migrantes y solicitantes de asilo durante años ha recibido una lluvia de críticas de las organizaciones de derechos humanos y de Naciones Unidas, que ha considerado estos centros “insostenibles, inhumanos y contrarios a las obligaciones” de Australia en materia de derechos humanos. Muchas de las personas internas han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria. Tres de cada cuatro pacientes de MSF informaron haber experimentado episodios traumáticos antes de llegar a Nauru, pero su estudio concluye que la “situación indefinida” en la isla fue “la más nociva” para su salud mental.
Hacer la vida “lo más insoportable posible”
La tramitación de las solicitudes de asilo en terceros países no fue una idea original de Australia. Precisamente, Dinamarca fue una de las primeras en defender este modelo en 1986, cuando diseñó un proyecto en la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear centros de este organismo en el que se tramitaran las peticiones de asilo que no recabó los apoyos suficientes. Tampoco es nueva la idea de trasladar a una isla a personas extranjeras que hayan cometido algún delito: había sido sugerida ya en 2000 por la entonces ministra de Integración socialdemócrata, Karen Jespersen, pero la iniciativa también fue duramente criticada por aquel entonces.
Según los planes del actual Gobierno, las instalaciones de Lindholm complementarán a los centros “abiertos de salida” en Kærshovedgård, en la península de Jutlandia, y Sjælsmark, donde decenas de demandantes de protección internacional rechazados quedan atrapados hasta que decidan volver voluntariamente a sus países de origen. La ministra de Integración y la cara más visible de la mano dura en inmigración del Gobierno danés, Inger Støjberg, aseguró hace dos años, cuando se inauguró el centro de Kærshovedgård, que el objetivo era hacer la vida “lo más insoportable posible” a estas personas.
Los líderes políticos también han hecho declaraciones en esta línea en los últimos días en relación con el nuevo centro. Los migrantes recluidos en Lindholm podrán abandonar la isla durante el día en un ferry hasta la pequeña localidad de Kalvehave. Sin embargo, Henriksen ya ha adelantado que pretenden minimizar la cantidad de frecuencias “tanto como sea posible”. “Lo haremos tan molesto y tan caro como se pueda”, afirmó en el canal TV2. “Los extranjeros que han abusado de la confianza de la sociedad danesa y cometido actos criminales deben tener las condiciones más austeras posibles y ser controlados de forma consecuente. No son deseados”, dijo por su parte Støjberg en una publicación en Facebook.
El Instituto nacional de derechos humanos de Dinamarca ha advertido de que “supervisará de cerca” la puesta en marcha del nuevo centro para detectar posibles violaciones de las obligaciones del Estado en esta materia. “Exigir que un extranjero permanezca en una isla con condiciones de vida estrictas es una interferencia con el derecho a la privacidad que con el tiempo puede volverse desproporcionada y también puede convertirse en un trato degradante, que es ilegal de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos”, dice Louise Holck, subdirectora del instituto.
Se trata de un paso más en la senda de medidas restrictivas iniciadas por el Gobierno de Lars Rasmussen tras la denominada 'crisis de los refugiados' de 2015, cuando se endureció aún más la estricta política de asilo y extranjería que ya imperaba en Dinamarca, con otras medidas polémicas como una ley para confiscar el dinero y los objetos de valor a los solicitantes de asilo.
El nuevo paquete, incluido en los presupuestos acordados por el Gobierno con el partido ultranacionalista, incluye otras medidas encaminadas a lograr que más refugiados prefieran regresar a sus países de origen, como dificultar “hasta el límite de los compromisos fijados por las convenciones” la prolongación de permisos de residencia o un recorte de las ayudas económicas.