“¿Cómo puede ser que todos hayamos escuchado a testigos de las muertes de Ceuta y la jueza no?”
“¿Otra vez? ¿cómo es posible que llevemos tantos años esperando? ¿cómo puede ser que todos hayamos visto las imágenes y escuchado a testigos pero el juzgado no los encuentra?”, se pregunta Njobo, primo de Samba, una de las 14 personas fallecidas el 6 de febrero de 2014 en aguas fronterizas entre pelotas de goma y botes de humo de la Guardia Civil. Acaba de enterarse de que, por segunda vez, un juzgado de Ceuta ha archivado la causa.
“¿Qué pasaría si uno de los fallecidos fuese hermano de la jueza? ¿y si fuesen europeos? ¿no se esforzarían más?”, continúa Njbo al otro lado del teléfono con una notable desesperación.
La titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, Macarena García Recio, ha concluido el sobreseimiento libre y el archivo de la causa este viernes. “De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa”, ha señalado en el auto.
Han pasado casi cuatro años de la muerte de su primo pero, relata, la ansiedad de su familia no cesa. La impotencia de Njobo aumenta, admite, cuando responde a las llamadas de los padres y hermanos de Samba. “Me dicen: 'Tiene que ser mentira lo que nos cuentas, ¿cómo puede tardar tanto?”, describe el senegalés desde Lleida, donde reside.
“No sé qué responderles porque tampoco lo entiendo: en Europa cuidan hasta a las gallinas, pero luego muere gente y no se investiga en serio. ¿Qué pasa, que los negros somos peores que los animales?”.
Gonzalo Boye, abogado de la plataforma Observatori DESC, asegura que el carpetazo del caso “se veía venir” pues, según sostiene, durante todo el proceso se han puesto dificultades a la búsqueda de diligencias. “Desde el inicio, el juzgado tenía una estrategia: la de no investigar para cerrar la causa”, sostiene el letrado, cuya asociación está personada en la causa como acusación popular.
Las ONG recurrirán el archivo de la causa
Desde Observatori DESC confirman que recurrirán el archivo de la causa, como ya lo hicieron en 2015. Entonces, los recursos interpuestos por esta asociación, Coordinadora de Barrios y CEAR permitieron que la Audiencia Provincial de Cádiz ordenase al juzgado ceutí la reapertura del caso al considerar que la magistrada María del Carmen Serván no realizó las investigaciones necesarias para concluir la falta de responsabilidad de los guardias civiles imputados.
Ahora, Macarena García, la nueva jueza encargada del caso, descarta llamar a declarar a una serie de testigos propuestos por la acusación popular. Dos de ellos, aportados por Observatori DESC, residen en Alemania y estaban dispuestos a testificar por videoconferencia.
La magistrada preguntó a la Guardia Civil si tenía constancia de que estas personas hubiesen atravesado la frontera española los días cercanos al 6 de febrero de 2014 y el Instituto Armado respondió que “no les constaba”.
“Pide diligencias al cuerpo que está siendo investigado”
Según explica Boye, quien tiene el contacto con ambos supervivientes de la tragedia, estos testigos entraron a la playa ceutí el 6 de febrero, pero fueron devueltos en caliente. Meses después, consiguieron acceder a territorio europeo por distintas rutas, añade. “La jueza le pregunta a la Guardia Civil, contesta que lo desconocen y cierra la causa al día siguiente. No tiene sentido”, dice el letrado.
La magistrada también indica que esos testigos “ni siquiera tendrían fuerza suficiente” dado que, añade, “dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania, por lo que no podrían trasladarse a España para poder practicar la prueba con el carácter de preconstituida”. Ante esta afirmación, Boye responde: “Las comparecencias por videoconferencia están contempladas en la legislación”.
Desde Tánger, Helena Maleno, la activista que permitió subir el volumen a la versión de los supervivientes de las muertes del Tarajal, piensa en aquellos que perdieron a un ser querido aquel 6 de febrero. “Es otra burla para las familias de las víctimas”, lamenta la defensora de los derechos de los migrantes. “Es también otro ejemplo más de la guerra de baja intensidad que se está dando en las fronteras y la impunidad que conlleva”.
“De nuevo ha investigado quien tiene que investigar. La magistrada pide diligencias al mismo cuerpo que está siendo cuestionado”, dice Maleno en referencia a la Guardia Civil. “En este caso, los testigos han sido ignorados desde el momento en el que se devolvió a Marruecos a 23 personas que habían visto lo ocurrido con sus propios ojos las vulneraciones de derechos humanos ocurridas ese 6 de febrero. Desde ahí, suma y sigue, hasta este nuevo auto”, concluye.
