Con la tragedia más grande en aguas del Mediterráneo aún coleando y el Consejo de los 28 Estados de la UE ofreciendo respuestas insatisfactorias al peligro que acecha a los migrantes y refugiados, un escueto análisis muy reciente publicado por el servicio de estudios del Parlamento Europeo sobre inmigración irregular evidencia el alto número de rechazos de entrada que realizó España en 2014: el 66% del total de la Unión Europea.
Inmigración irregular en la UE: hechos y números, es el título de este documento lanzado el pasado 27 de abril. El texto gravita en torno a aquellos “inmigrantes irregulares de un tercer país que no cumplen, o han dejado de cumplir, las condiciones de entrada establecidas en el Artículo 5 del tratado de Schengen”. Y una de sus primeras estadísticas refleja “el número de personas cuya entrada fue rechazada en las fronteras de la UE en 2014”. El resultado es demoledor: dos de cada tres denegaciones se produjeron en España.
De las 260.375 personas cuya entrada en la Unión fue rechazada el año pasado, 172.185 negativas se dieron en suelo español. Un 66% del total. El estudio no localiza dónde, aunque es lógico deducir que un muy alto porcentaje de rechazos se dio en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. “España registra el número más alto de entradas denegadas, con un 97% de ciudadanos marroquíes rechazados al tratar de cruzar la frontera”, subraya el texto.
El servicio de estudios de la Eurocámara avisa de que no ha podido recabar datos definitivos de Polonia, Finlandia, Portugal y Suecia en 2014. En 2013, Polonia ya fue el segundo país –detrás de España– en cuanto a número de peticiones de entrada denegadas en la frontera con 40.385, “la mayoría procedentes de Rusia, Ucrania y Georgia”.
“Cada persona rechazada ha sido contada una vez, sin importar el número de veces”, puede leerse. “Las razones pueden ser diferentes, entre ellas un visado, permiso de residencia o documento de viaje falso o no válido; propósitos o condiciones de estancia no justificados; u otros motivos establecidos en Schengen”.
Ningún estado miembro de la UE rivaliza con España en negativas de entrada fronterizos. El segundo –oficialmente– en liza es Reino Unido con 15.905 denegaciones en su aduana, casi 11 veces menos que España. El último es Luxemburgo con únicamente cinco rechazos en 2014.
España, además, lleva a cabo devoluciones sumarias de migrantes en las vallas de Ceuta y Melillas, las denominadas 'devoluciones en caliente', desde hace al menos una década. En estos casos, sin que medie ningún proceso administrativo, las personas que son detectadas en las vallas son entregadas a Marruecos tras descender de la alambrada.
El Gobierno ha pretendido legalizar este procedimiento a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, a través de una enmienda en la que se exige el respeto a “los derechos humanos”, lo que según varias organizaciones humanitarias y expertos juristas es incompatible con la falta de garantías jurídicas de estas expulsiones. No se identifica al afectado y no se le ofrece asistencia jurídica por si quiere alegar alguna cuestión, como formalizar una petición de asilo o identificarse como menor de edad.
Personas halladas sin regularizar
En el estudio aparecen otras estadísticas, como la del número de personas halladas en situación irregular viviendo en alguno de los 28 estados de la UE a lo largo de 2014. El país que más casos encontró fue Alemania con 182.290, seguido por Francia (96.375), Grecia (73.360) y Reino Unido (65.365).
En este sentido, España ocupa el quinto lugar, 47.885 personas detectadas sin regularizar en 2014. De nuevo, algunos países se quedan fuera del cálculo: no se incluyen los datos de Suecia, Finlandia, los Países Bajos ni de Lituania.
Sobre quiénes son estas personas, a las que la UE detecta como inmigrantes en situación irregular, el informe incluye los datos referidos a la edad y a su procedencia. El 64% de estas personas se encuentra entre los 18 y 34 años, y un 10% son menores de edad. Al atender a su nacionalidad, queda reflejado que un gran porcentaje de las personas detectadas cumplen el perfil de potenciales demandantes de asilo. Un tercio del total provienen de Siria, Eritrea y Afganistán.
El pasado jueves, el director adjunto de la agencia europea de fronteras (Frontex), Gil Arias, apuntó en un coloquio que “hoy más del 80% de la inmigración que llega a Europa es potencial beneficiaria de protección internacional”. El responsable apuntó, de cara a las conversaciones de los 28 en las que se está trazando la respuesta europea a la emergencia migratoria en el Mediterráneo, que el control fronterizo “no es la solución” y abogaba por más actuaciones en los países de origen y de tránsito, así como por mecanismos legales de entrada a Europa.
España, cuarto país en expulsión de inmigrantes
El hallazgo de inmigrantes sin regularizar no conlleva necesariamente la expulsión. Tal y como recordaban varios expertos en Derecho de Extranjería recientemente a eldiario.es, cuando la administración detecta a una persona sin autorización para residir en España le emite una orden de salir, “una decisión de retorno”, con un plazo para que el afectado se marche voluntariamente o justifique su situación para regularizar su estancia. Si estas condiciones no son satisfechas y la persona es de nuevo localizada, las autoridades procederá a la ejecución del retorno, es decir, su expulsión.
Existen dos estadísticas relacionadas con estas dos situaciones: los países que más órdenes de expulsión emitieron el año pasado y los países que más órdenes de expulsión ejecutaron. Detectar casos de personas en situación irregular, e incluso lanzar una orden para expulsarlas, no quiere decir que éstas hayan sido ya enviadas de vuelta a su país.
En España, por ejemplo, el 54% de las personas que fueron internadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) a lo largo de 2014 con el objetivo de retornarlas a sus países de origen volvieron a ser puestas en libertad en España, sin cumplir esta misión. En total, 3.930 inmigrantes.
Esto puede ocurrir cuando las autoridades no consiguen averiguar la nacionalidad del inmigrante, cuando no existe acuerdo de repatriación con ese país o en casos en los que el afectado puede ser solicitante de asilo o víctima de trata, entre otros motivos.
Así, Francia es la que más órdenes emitió (86.955, sucedida por Grecia y Reino Unido con 73.670 y 65.395 respectivamente). En cuarto lugar, España, con 42.150 decisiones de retorno. No figuran en la estadística por falta de datos Austria, Finlandia, Alemania y los Países Bajos.
Por otro lado, Reino Unido es el que más órdenes formalizó, contabilizando 46.610 expulsiones de su territorio. Más lejos quedan Grecia (27.055), Francia (19.525) y España, de nuevo en cuarto lugar, con 15.150 retornos ejecutados.