El Gobierno español ha decidido ir más allá de lo establecido por el pacto europeo para garantizar la acogida a los refugiados por la invasión rusa. El Consejo de Ministros ha pactado este martes regularizar a todos los ucranianos que viviesen en España antes del conflicto armado, dado que no pueden regresar a su país. También garantizará los permisos temporales de residencia y trabajo a las personas de terceros países que residiesen de forma legal en Ucrania cuando estalló el conflicto, independientemente de la duración de su autorización.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para “ampliar el ámbito de aplicación” de la Directiva de Protección Temporal, cuya aplicación fue decidida por primera vez en la historia el pasado jueves por los 27. El Gobierno ha decidido que, “considerando que las consecuencias de la guerra afectan a otras muchas personas”, garantizará los permisos de residencia y trabajo “a nacionales de terceros países con residencia efectiva en Ucrania en el momento en que se produjo la invasión”, según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La decisión también dará tranquilidad a los nacionales de Ucrania que residan en España. El Gobierno español aplicará la protección temporal inmediata recogida en la directiva comunitaria a todos los ucranianos sin papeles que vivían en España antes del inicio de la invasión. Aunque la cifra de beneficiarios es desconocida, asociaciones de ucranianos estiman que afectará a miles de compatriotas.
El pacto con el que los 27 activaron la directiva de protección temporal, que permite acceder a sus beneficiarios a los permisos de residencia y trabajo en suelo comunitario, limita su aplicación a los ciudadanos nacionales de Ucrania y de terceros países con permisos de residencia de larga duración (cinco años) en este país, que hubiesen huido de Ucrania tras el 24 de febrero. En el caso de los inmigrantes en el país del Este, el pacto comunitario daba libertad a los Estados miembros para decidir el tipo de protección que pueden proporcionarles, en el caso de que no puedan regresar a su país.
Según una portavoz de la Secretaría de Estado de Migraciones, el Gobierno también trabaja en “un instrumento jurídico que permita la aplicación de esta directiva de protección temporal de forma inmediata”, mediante una simplificación de los trámites, con el objetivo de que “las personas desplazadas que lleguen a España puedan obtener los derechos que les otorga la directiva de forma sencilla y rápida”.
La aprobación de la aplicación de la directiva de protección temporal asegurar los permisos de residencia y trabajo a quienes huyen de la guerra en Ucrania, así como su acceso a la vivienda, la educación y la sanidad. Esta normativa comunitaria se concibió para conceder protección inmediata a las personas que la necesitan ante un flujo migratorio importante y para evitar desbordar los sistemas de asilo de los Estados miembros, por ello es importante que países de destino impulsen un sistema para documentar a los exiliados, sin tener que recurrir a los procedimientos habituales de los solicitantes de asilo, que en España suele acarrear largas esperas ante la saturación del sistema.
Interior aún prepara un procedimiento para tramitar de forma “ágil y sencilla” los documentos de los refugiados de Ucrania sin necesidad de entrevista previa, sino que solo se exigirá pasar un “filtro documental y de reseña” con el objetivo de descartar la existencias de antecedentes penales, dado que la protección temporal no está contemplada en caso de haber cometido delitos graves. Fuentes de Interior insisten en que será un sistema “ágil”, por lo que este trámite inicial que permitirá documentar en España a quienes huyan del conflicto ucraniano se podrá realizar en comisaría.
Aunque uno de los objetivos de la directiva es evitar el colapso de los sistemas de asilo europeos, la base legal española que traspone la directiva, el Real Decreto 1325/2003, apunta como responsables de la elaboración de informes, detección de las necesidades y la resolución de la petición a la Comisión Interministerial de Extranjería y a la Oficina de Asilo, instituciones encargadas también de la tramitación de las solicitudes de asilo, saturadas actualmente por las cerca de 80.000 peticiones de protección pendientes de resolver.