El Parlamento Europeo ha avalado la revisión de la ley contra la trata y el tráfico de personas prácticamente por unanimidad. Todos los grupos han votado a favor, a excepción de siete eurodiputados que han votado en contra y 17 que se han abstenido. La directiva contra la trata apunta a la explotación de la gestación subrogada, aunque el castigo queda limitado a quienes coaccionen o engañen a las mujeres para que actúen como vientres de alquiler. Al mismo tiempo, busca reducir la demanda de prostitución y tipifica como delitos el matrimonio forzado y la adopción ilegal. Todos ellos estarán penalizados con entre cinco y diez años de prisión.
La futura normativa, que los estados miembros tendrán que trasponer a los ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo de dos años,no entra en el fondo de la gestación subrogada, dado que existe división sobre cómo afrontar el asunto. En España, el planteamiento de incluir los vientres de alquiler en los delitos contra la trata por el que apostó la exministra de Justicia Pilar Llop se quedó fuera del anteproyecto que presentó el Gobierno el pasado 8 de marzo.
Otra de las novedades de la directiva es la criminalización del consumo de servicios sexuales a sabiendas de que se trata de una víctima de trata. La tipificación queda en manos de los estados miembros, que tendrán que incluirla en su legislación penal “con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias”. En el caso de la normativa española, que se encuentra aún en tramitación, los puteros se exponen a entre uno y cuatro años de cárcel si explotan a una víctima de trata.
“Aprobamos un texto ambicioso en el que se contempla por primera vez la explotación reproductiva, se protege y se asiste a las víctimas, se criminaliza la demanda y se suspenden permisos y autorizaciones para quienes participen en este negocio. Que tomen nota los prostíbulos en los que no se cumpla con la legalidad. Buena parte de ellos son agujeros negros en los que no se distinguen unos servicios sexuales de otros, ni quién los presta, ni en qué condiciones”, afirma la eurodiputada de La Izquierda María Eugenia Rodríguez Palop (Sumar), que ha sido ponente de la iniciativa.
La nueva legislación europea, que actualiza la directiva de 2011, refuerza el castigo a las personas jurídicas, como las empresas, responsables de delitos de trata. La idea es dejarlas sin la financiación pública (excluyéndolas de los procedimientos de licitación, subvenciones, concesiones y licencias, y retirando permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades que hayan dado lugar a la comisión de la infracción).
El texto pretende ampliar la protección a las cerca de 7.000 víctimas de trata que se detectan al año en la UE. Así, establece que las autoridades encargadas de la lucha contra la trata y las encargadas del asilo coordinen sus actividades para que las víctimas de la trata, que también necesitan protección internacional, reciban el apoyo y la protección adecuados, y para que se respete su derecho de asilo.
Igualmente, insta a los estados miembros a garantizar que las autoridades judiciales puedan optar por no enjuiciar o castigar con multas administrativas las conductas que se hayan producido como consecuencia de la situación de trata, independientemente de si han cooperado o no con la investigación.
La directiva también emplaza a los estados miembros a incluir como agravante la difusión de imágenes, vídeos y demás contenidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
“Cuando hablamos de trata, la mayoría de la gente suele pensar en víctimas de explotación sexual pero esta directiva persigue también la explotación laboral que se practica a veces en los mismísimos salones de las casas o en los negocios propios. Internas secuestradas, temporeras esclavizadas y personas migrantes de cuya vulnerabilidad se extrae un provecho económico. Hay miles de personas sometidas a un permanente círculo de violencia, deshumanizadas y cosificadas, convertidas en una mercancía segura y perdurable. Hoy damos un paso hacia adelante por ellas”, remata Palop.