Los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Ernest Urtasun (ICV) visitarán Melilla este viernes para comprobar y documentar sobre el terreno “las vulneraciones de derechos humanos” perpetradas en la frontera con Marruecos. El objetivo: trasladar la situación a la Comisión Europea y “presionar” para que tome medidas contundentes con el fin de acabar con “el uso excesivo de la fuerza” contra los inmigrantes y evitar la inminente legalización de las devoluciones en caliente. No serán los únicos. El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa viajará a la ciudad autónoma la próxima semana con la mismo propósito.
La iniciativa es la continuación del encuentro 'La Frontera Sur: ¿hay soluciones?', celebrado en la sede del Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre. De la jornada nació un grupo de trabajo permanente en Ceuta y Melilla formado por eurodiputados y ONG. “Buscamos que las organizaciones presentes en el terreno y los propios inmigrantes nos cuenten sobre el terreno sus denuncias y nos expliquen la situación”, afirma Ernest Urtasun, de ICV, en declaraciones a eldiario.es. Además, aseguran que trasladarán su preocupación a las autoridades melillenses y a la Guardia Civil “acerca de actuaciones policiales cuestionables” y sobre la legalización de las devoluciones en caliente.
Con este fin, durante la jornada los europarlamentarios, acompañados de una delegación formada por portavoces de la red de ONG especializadas en migraciones, Migreuroup, y otros representantes políticos de IU e ICV, se reunirán con el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Abdelmalik El Barkani.
Este encuentro, en palabras de la eurodiputada de Izquierda Plural, Marina Albiol, busca trasladar a El Barkani las respuestas de la Comisión Europea a las cuestiones parlamentarias planteadas por su grupo a lo largo de estos meses y “recordar las vulneraciones de la legalidad cometidas de forma constante en la frontera”. En este sentido, destaca su rechazo a la legalización de las expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla, prácticas prohibidas en la actualidad por la ley de Extranjería española, el tratado bilateral hispano-marroquí y multitud de tratados internacionales que protegen el derecho al asilo.
“La política migratoria europea va en la línea de cerrar las fronteras, a través de una estrategia casi militarista. Este punto de vista está potenciando las vulneraciones de derechos humanos en las fronteras del estado Español”, resalta la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol. “Sin embargo, la legalización de las devoluciones en caliente supera la línea incluso dentro de este enfoque de blindaje de la Unión Europea, lo que ha llevado a la Comisión a dar un toque de atención al Gobierno de España, algo que no nos parece suficiente”, lamenta.
En este sentido, Izquierda Unida exige a las autoridades europeas un paso al frente para evitar la legalización de las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. “La Comisión Europea no debe quedarse en declaraciones de intenciones. Se está vulnerando la normativa europea. Se debe iniciar un procedimiento sancionador”, afirma la europarlamentaria.
Ernest Urtasun coincide. “La Comisión Europea -en una carta enviada por Cecilia Malmström- reconoció que algunas de las actuaciones llevadas a cabo en la valla eran contrarias al derecho europeo, pero no han ido más allá. Una de sus funciones es salvaguardar el cumplimiento de la normativa comunitaria, si continúan mostrando esta pasividad estarían incurriendo en dejación de funciones”, recuerda.
El doble rasero de la Comisión Europea
Desde la Comisión Europea han mostrado en varias ocasiones su “preocupación” al Gobierno de España por la inminente legalización de las expulsiones en caliente y el excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a la hora de evitar los intentos de salto en la valla de Melilla. “La Comisión no vacilará en tomar las medidas adecuadas cuando haya indicios de que un Estado miembro ha infringido el Derecho de la UE”, han advertido desde la institución comunitaria en referencia a la ejecución de expulsiones sumarias en las fronteras españolas.
La excomisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, llegó a pedir explicaciones a su homólogo español, Jorge Fernández Díaz, sobre los “malos tratos” que tuvieron lugar el pasado 15 de octubre en la alambrada, según observó en las imágenes difundidas por la organización local Prodein donde podía observarse la devolución en caliente de un joven después de quedar aparentemente inconsciente tras los golpes propinados por los agentes.
Reconoció que la actuación de la Guardia Civil de aquel día constituía una “violación de la legislación de la Unión Europea”. Sobre la legalización de las devoluciones en caliente solicitó información porque, insistió, “podría suponer una violación de las obligaciones de España a tenor de la legislación de la UE”.
“No entendemos que la Comisión Europea reconozca la vulneración de la normativa europea en la frontera de Melilla pero no actúe en consecuencia”, reitera el eurodiputado de ICV.
Los eurodiputados también se interesarán por el funcionamiento de las nuevas salas de asilo creadas en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. “Las cifras de Acnur revelan que el número de solicitudes de asilo registradas en el Estado español son muy inferiores a la media de la Union Europea. Los datos de Ceuta y Melilla, a pesar de ser ciudades fronterizas, son muy bajas. Esto se produce porque se están poniendo muchas trabas para que no puedan acceder al proceso de protección internacional. Nos preocupa mucho esta situación y estas salas parece que no solucionan el problema”, concluye Albiol.
Además de su entrevista con el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, ambos europarlamentarios se reunirán con personal de organizaciones sociales como Prodein, CEAR, Melilla Acoge o APDH para comprender la situación de los inmigrantes en la ciudad autónoma; mantendrán un encuentro con el portavoz melillense de la Asociación Unificada de la Guardia Civil; y cruzarán a Marruecos para conocer el otro lado, el monte Gurugú donde habitan los inmigrantes en difíciles condiciones con la intención de lograr acceder a la ciudad autónoma.