Europa da un nuevo tirón de orejas a España por la política de inmigración. El Consejo de Europa hace un retrato desolador de las condiciones en los CIE e insta al Gobierno a tomar medidas para mejorarlas. En un informe elaborado por el Comité de Prevención de la Tortura, basado en la información recopilada por sus redactores en sendas visitas a los CIE de Zona Franca (Barcelona), Aluche (Madrid) y la valla de Melilla en julio de 2014, reprocha al Ejecutivo de Mariano Rajoy que no haya hecho “casi ningún progreso” respecto a las recomendaciones que el organismo hizo en 2011.
Estrasburgo recuerda a España que el cumplimiento de los convenios firmados con la institución no se limitan solo a permitir a la delegación realizar los exámenes oportunos, sino que supone también la inclusión de aquellas medidas que el Consejo de Europa eleva como recomendaciones. En este caso, el informe se centra en la necesidad de mejora de las condiciones de los CIE así como en la necesidad de adecuar las actuaciones policiales en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Una de las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) es que se entrene a los agentes de la Guardia Civil en la “prevención y minimización de la violencia en las detenciones de los inmigrantes en las fronteras”. Los redactores del informe mencionan explícitamente el episodio ocurrido el 15 de octubre de 2014 en el que un inmigrante fue apresado y aporreado hasta en ocho ocasiones antes de ser devuelto, aparentemente inconsciente, a territorio alauí. Se trata del mismo suceso —captado por un vídeo de la ONG Prodein— calificado por el minsitro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como una “simulación” del ciudadano subsahariano. El caso está judicializado y por el momento ha derivado en la imputación de 8 guardias civiles.
En su respuesta, el Gobierno español se defiende asegurando que la Guardia Civil actúa de acuerdo a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”. En cuanto a la agresión al subsahariano, hace un pormenorizado relato de lo ocurrido y asegura de que el vídeo difundido por una ONG y gracias al que se conoció el suceso “se encuentra manipulado y editado”. “En el momento anterior al recogido en las imágenes, el inmigrante portaba un garfio metálico con el cual acometió a los agentes que intentaban reducirlo”, añade el texto, que admite que fue “trasladado hasta el punto de partida en territorio marroquí”.
El Consejo de Europa recuerda que las devoluciones en caliente constituyen una práctica que incumple la normativa internacional. Así, el informe pide al Gobierno que dé “instrucciones claras” a los funcionarios para asegurar que los “inmigrantes que han entrado en territorio español no pueden ser devueltos a Marruecos por la fuerza” sin pasar por una identificación que permita determinar si necesitan ayuda.
La respuesta de las autoridades españolas se limita a decir que la Guardia Civil pone a estas personas a disposición de la Policía Nacional para que sean “realizados los trámites que correspondan” y que, en su caso, son “transferidas a los servicios sanitarios”. Existen documentos gráficos que muestran cómo los agentes devuelven a los inmigrantes al territorio marroquí una vez que han sobrepasado la valla fronteriza.
Los CIE no son cárceles
Además de pedir medidas para reducir la superpoblación de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), Estrasburgo también recuerda a España que los CIE no son cárceles y obliga a eliminar algunas condiciones que le hacen asemejarse a las prisiones, como las rejas.
Otro de los elementos que pide retirar son las contraventanas de estos edificios porque limitan la luz natural. “No son ni necesarias ni apropiadas para la detención de personas”, dice el CPT. El Gobierno explica que se incluyeron en el “diseño arquitectónico” también en zonas donde no se encuentran los internos. “Pretenden ser una adaptación a la climatología local, caracterizada por la abundancia de luz pero también de calor”, reza el texto.
El Gobierno refuta a Europa
“Los detenidos no tienen todavía acceso a los baños desde la medianoche hasta las 7 horas, porque las celdas, que están cerradas durante ese tiempo, no están equipadas con servicios. Varios detenidos han indicado que han tenido que usar botellas de plástico para hacer sus necesidades”, denuncia el Consejo de Europa. Sin embargo, el Gobierno en su respuesta asegura que “los centros de internamiento de Madrid y Barcelona cuentan con servicios dentro de las habitaciones”.
Además, se niega a implementar algunas de las recomendaciones que llegan desde la institución, como la colocación de sillas y mesas en las celdas. “Exclusivamente por razones de seguridad, no se considera prudente suministrarlas”, argumenta.
Los agentes seguirán llevando porras
Tampoco asume la petición de que los agentes que se encuentran en los CIE dejen de llevar porras. Estrasburgo explica que su posesión les aleja de los inmigrantes retenidos y perjudica a su relación con ellos. De nuevo, las autoridades españolas se escuda en el mantenimiento de la seguridad de dichos centros para que los policías sigan llevando este material antidisturbios.
Otra de las quejas de Estrasburgo es que los funcionarios no se dirijan a los internos por su nombre. “La delegación notó que, en los dos establecimientos, los oficiales continuaban llamando a los detenidos por su número de detención en vez de por su nombre, incluido a través del sistema de interfono. Esta práctica hace que se sientan humillados”, continúa el escrito, que recuerda que la institución ya pidió un cambio en esta conducta porque no ayuda a las buenas relaciones entre el personal y los internos. Pese a la afirmación de los redactores del informe en su visita a los CIE de Zona Franca y Aluche, el Gobierno asegura que eso no sucede y se remite a la legislación vigente, que lo prohíbe.
La sobreocupación de estos centros también preocupa en la institución europea, que recuerda que cada persona interna en un CIE debe tener un espacio vital en la celda de al menos cuatro metros cuadrados. Así, critica que haya hasta ocho internos en una celda de 24 metros cuadrados mientras que otras están vacías. “Las instalaciones actuales del Centro no permiten cumplir en todo tiempo con la distribución del espacio propuesto —admite el Ejecutivo—. Sin embargo, en atención a las circunstancias de ocupación de cada momento, se procura hacer una asignación del espacio acorde con las necesidades personales”.
Servicio médico externalizado
El organismo también advierte de los aspectos negativos de que sea una empresa privada la que se encargue del servicio de salud de los internos, aunque reconoce que puede ser postivo para la eficiencia de los gastos. El CPT considera que se debería establecer un “mecanismo de supervisión y auditoría” para asegurar que el contratista proporciona “servicio de calidad” según los estándares requeridos. El Gobierno responde que la contratación de los servicios médicos que se prestan en los CIE está sometida a la Ley de Contratos del Estado y han de cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de licitación y garantizar en condiciones óptimas la cobertura de la prestación sanitaria“.
Los enviados del Consejo de Europa observaron que algunos internos tienen problemas psiquiátricos sin recibir tratamiento. Así, indica que el Gobierno debe facilitar consultas con psiquiatras, dentistas y ginecólogos. “La asistencia sanitaria está asegurada a través de los servicios de urgencia, y en caso de ser necesario, previa prescripción por parte de éstos, mediante el traslado del interno a los hospitales de referencia”, dice el Gobierno.