Tienen derecho a recibir asistencia sanitaria gratuita pero, cuando se plantan frente al mostrador de su centro de salud, inmigrantes sin papeles y solicitantes de asilo se chocan con un opaco engranaje burocrático que impide o retrasa su atención en Madrid. Desde el estado de alarma, estas personas se están encontrando con un aumento de las trabas administrativas a su acceso a los servicios de salud, según denuncian varias organizaciones especializadas.
La arbitrariedad en los requisitos exigidos por el Servicio Madrileño de Salud, las complicaciones propias de zanjar cualquier trámite en pandemia y la saturación de los centros sanitarios han multiplicado los casos de exclusión detectados por Médicos del Mundo y Yo Sí Sanidad Universal en la Comunidad de Madrid en los últimos meses.
Petición de la OMS
Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a las autoridades internacionales a eliminar “todas las barreras” dirigidas a las personas sin papeles o solicitantes de asilo para acceder a los servicios de salud, ya sean legales, administrativas, idiomáticas o económicas.
Sobre el papel, la aprobación del Real Decreto 7/2018 devolvió el derecho a la sanidad a las personas sin papeles, restringido en 2012 por la reforma sanitaria del Gobierno Mariano Rajoy; pero la normativa de Pedro Sánchez ha dejado una serie de grietas que derivan en trabas administrativas en su aplicación por parte de algunas comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid y Galicia son las regiones donde Médicos del Mundo ha detectado más episodios de exclusión.
La punta del iceberg
Los equipos de Médicos del Mundo Madrid han acompañado a 247 pacientes que pidieron apoyo a la organización tras encontrarse obstáculos cuando necesitaban acudir a los servicios sanitarios, según los datos regionales a los que ha accedido elDiario.es. Del total de casos documentados en 2020, 167 han tenido lugar a partir del mes de marzo. En el mismo periodo del año pasado (de marzo a septiembre), la ONG identificó 74 situaciones de exclusión sanitaria en la región, menos de la mitad. La organización recuerda que estos son solo los casos que les llegan, por lo que se trata de la “punta del iceberg”.
“La principal barrera es el empadronamiento”, indica Cristina Hernández, técnica de la organización.
En 2010, Médicos del Mundo ha atendido a 87 personas que no podían acceder al sistema sanitario por no tener dicho trámite. El Real Decreto 7/2018 reconoce el derecho a la sanidad pública de los residentes en España en situación irregular pero, para solicitar su acceso al sistema sanitario, estos pacientes deben demostrar que llevan viviendo en el país de manera continuada al menos tres meses, el periodo por el cual dejan de ser “turistas” según lo establecido por la Ley de Extranjería.
En la calle, sin padrón
En sus recomendaciones enviadas a las comunidades autónomas para la aplicación de la reforma sanitaria, el Ministerio de Sanidad aconseja solicitar un volante actualizado de empadronamiento como herramienta para acreditar la residencia en España.
Durante la pandemia, los problemas de muchas personas sin papeles para inscribirse en el padrón en la Comunidad de Madrid están impidiendo o retrasando su acceso a la sanidad: “Hay personas que están en situación de calle, que viven en infraviviendas o en domicilios subarrendados que no pueden empadronarse. En situaciones de vulnerabilidad, el empadronamiento es un privilegio”, sostiene Cristina Hernández de Médicos del Mundo Madrid. “Esta es la barrera que más nos encontramos”, apunta Hernández. “Durante el estado de alarma, el cierre de los ayuntamientos dificultó la realización de dicho trámite. Actualmente, están abiertos, pero hay un tiempo de espera de unas tres semanas: si en ese tiempo tienen que ir al médico y van por urgencias, les facturan”.
En caso de que el paciente no pueda inscribirse en el padrón, Sanidad recomienda a las comunidades autónomas la solicitud de un informe de los servicios sociales. No obstante, Médicos del Mundo y Yo Sí Sanidad Universal denuncian que algunos centros de salud de la Comunidad de Madrid no aceptan este documento como válido para acreditar la residencia de personas sin papeles o no informan de esta posibilidad al paciente afectado.
Una vez cumplidos todos los requisitos, cuando las personas sin papeles han logrado que se les incluya en el sistema sanitario a través del código DAR –la vía establecida por la Comunidad de Madrid para dar acceso a la atención médica normalizada a personas son papeles–, su cobertura tampoco está garantizada.
Tanto Médicos del Mundo como Yo Sí Sanidad Universal están atendiendo a pacientes a los que el Sistema Madrileño de Salud (SERMAS) desactiva el DAR sin previo aviso. Hernández apunta a que su expulsión del sistema suele producirse un año después de recibir el alta, pero no hay ninguna información pública que detalle los requisitos o el periodo de tiempo de validez de su acceso a los servicios sanitarios.
Es el caso de María, una mujer boliviana que desconoce las razones por las que se le ha retirado el alta, a pesar de encontrarse a la espera de un trasplante de médula y acabar de superar la COVID-19, como publicó elDiario.es este lunes. “Existe inseguridad jurídica, pues no hay posibilidad de conocer cuáles son los criterios, ni las normas, que se tienen que cuenta en las actuaciones de las que soy objeto en el centro de salud”, se ha quejado en un escrito enviado al centro de salud Los Cármenes (Madrid).
Este trámite afecta de forma importante a los pacientes con enfermedades crónicas. “Interrumpen su acceso normalizado a la sanidad, interrumpe su acceso a la medicación, e interrumpe todos los tratamientos que tenga”, añade la técnico de Médicos del Mundo.
Facturas tras ser atendidos de urgencia
La facturación en urgencias es otra de las barreras denunciadas por las organizaciones. “Cuando una persona que necesita atención médica no ha tramitado el DAR por desconocimiento o porque aún no tiene la documentación que se le exige, solo puede acudir a urgencias y les facturan”, dice Hernández.
Médicos del Mundo ha documentado 27 casos de pacientes que fueron facturados por recibir asistencia de urgencia. “Genera un efecto disuasorio: nos llega gente enferma que no quiere ir a urgencias porque les han dicho que les van a facturar y no pueden pagarlo”, dice la ONG.
Otro de los obstáculos destacados por la organización durante la pandemia derivan del cierre de las oficinas del Instituto Nacional a la Seguridad Social (INSS), que retrasa la obtención de la tarjeta sanitaria de personas que se encuentran en trámite para regularizar su situación, según la organización.
Para Yo Sí Sanidad Universal, la respuesta de la Comunidad de Madrid a las situaciones de exclusión durante la pandemia ha sido “restrictiva, insuficiente y opaca”.
Según analizan en un documento al que ha accedido este medio, “la Comunidad no ha promulgado ninguna normativa de acceso público, y se ha limitado a emitir instrucciones internas que en muchos casos han resultados confusas y han favorecido la arbitrariedad”. El colectivo destaca el cambio de procedimiento aplicado por la Consejería de Sanidad tras la aprobación de la prórroga de tres meses de las autorizaciones de estancia y residencia de ciudadanos extranjeros, aprobada por el Gobierno para evitar empujar a turistas e inmigrantes en una situación de irregularidad sobrevenida debido al cierre de fronteras y de las oficinas de inmigración. En ese momento, el SERMAS emitió una instrucción para denegar el acceso sanitario a las personas sin papeles llevasen menos de seis meses en España, en vez de tres meses, una decisión que aumentó las trabas administrativas a los pacientes sin papeles que no podían acreditar estar viviendo en el país durante ese tiempo, incluidas embarazadas y menores.
“Lo que pretendía ser una medida para garantizar la seguridad jurídica de las personas que se encontraban en esta situación fue convertida por la Comunidad de Madrid en una herramienta de exclusión. A partir de ese momento, se pasó a exigir un empadronamiento de seis meses para poder acceder al Sistema Sanitario, bajo el supuesto de que al seguir en situación de estancia temporal no podían ser consideradas propiamente 'personas sin permiso de residencia', y por lo tanto podían continuar siendo excluidas. Un problema añadido es que, al alargar el requisito de residencia a los 6 meses, los Centros Sanitarios han pasado a exigir un certificado de empadronamiento emitido dentro de los 3 meses previos, lo que obliga a las personas afectadas a solicitar un nuevo certificado, con todas las dificultades que implica cualquier trámite con la administración en esta época”, detallan desde Yo Sí.
La Consejería de Sanidad emitió a mediados de agosto una instrucción para introducir en el sistema a los pacientes consideradas caso sospechoso de COVID-19 o contactos estrechos de casis confirmados, para permitir el seguimiento a las personas que no tenían acceso a la sanidad por otra vía. La duración del alta en el sistema es 21 días, no permite la atención por otras patologías y obliga al pago del 100% de los medicamentos, analizan desde el colectivo.