Bajo la ocupación colonial belga (1908-1960), las comunidades asentadas en la ribera del río Congo vieron cómo les arrebataban casi en su totalidad las tierras, más concretamente los bosques –sobre todo los palmerales–, para, de forma paulatina, establecer plantaciones de palma del grupo británico UNILEVER, según ha documentado la organización GRAIN.
Esta situación se encuentra en el origen de un constante conflicto territorial de más de 100 años en una República –supuestamente– Democrática del Congo (RDC) devastada por una infinidad de rebeliones provocadas por la riqueza minera al este del país y por el acaparamiento de las tierras de las comunidades al oeste.
Esto incluso ha llevado a la ONU a desarrollar la misión más importante y más larga de su historia, una misión que después de más de 20 años no acaba de restablecer la paz para este pueblo. El conflicto ha provocado más de 15 millones de muertos por armas de fuego o simplemente decapitados, así como más de 6 millones de mujeres víctimas de violencia sexual. Sus responsables siguen impunes a pesar de todas las iniciativas internacionales planteadas por los organismos que trabajan por la paz a favor de las poblaciones civiles.
En nombre del “desarrollo”
Esta situación se repite de manera soterrada al oeste de la RDC con la presencia de una infinidad de empresas multinacionales de explotación forestal o agroalimentaria que, por las buenas o por las malas, ocupan todos los espacios vitales de las comunidades. De entre todas ellas, PHC-FERONIA es una de las más mortíferas de la historia, pero prácticamente desconocida como tal.
Tras la crisis alimentaria mundial de 2008, se desató una enorme oleada de inversión del sector privado en la agricultura. Sin embargo, se da una gran paradoja: si el G-8, el Banco Mundial y los grandes inversores deciden dar su apoyo financiero al sector agrícola, lo cierto es que, como bien subraya el GRAIN en su informe del 7 de octubre de 2014, debería haber mucha más innovación y modernización, deberían crearse muchos más empleos y deberíamos tener mucha más comida para alimentar a un planeta que se muere de hambre. Por desgracia, lo que realmente sucede da náuseas y miedo.
Observamos de primera mano la relación de fuerzas de estas grandes potencias occidentales que promueven el acaparamiento de tierras por parte de las empresas agroalimentarias siempre financiadas por las instituciones financieras de desarrollo (DFI) y comprobamos cómo sobre el terreno la miseria se ha agravado en extremo en las comunidades afectadas, que siguen siendo las más pobres del mundo.
La impresión con la que uno se queda es la de que existe una red de malversación de fondos públicos bien organizada. Todo esto se justifica con la escasez de producción de aceite, la carestía de los alimentos en los mercados locales, los salarios muy bajos o inexistentes, las prácticas de los bancos Lambert –promotores de bonos basura prohibidos por la ley congoleña–, los trabajos forzados, la falta de atención médica, el aumento de la tasa de mortalidad por malnutrición en todas las franjas de edad, la falta total de educación para los niños, la falta de viviendas dignas para los trabajadores, incluso el hecho de que los niños permanezcan desnudos hasta una edad avanzada, etc., sobre todo en los territorios ocupados por PHC-FERONIA en la RDC.
Los abusos de PHC-FERONIA
Es cierto que al principio Feronia Inc. era canadiense, pero desde hace mucho tiempo pertenece mayoritariamente a la CDC, un organismo público británico, y a otros bancos de desarrollo occidentales, entre los que se encuentran la BIO, la AFD, los bancos de desarrollo español, americano y holandés, así como otros grandes inversores en gran parte responsables del régimen de Kinshasa.
Estas instituciones reciben el apoyo de algunas personalidades políticas congoleñas, tal y como documentó GRAIN, y de algunos hijos de antiguos dignatarios del régimen de Mobutu. El ejemplo más flagrante y más impactante es el que acaba de publicar la Agencia Ecofin sobre la reciente inyección de 17,5 millones de dólares americanos al capital de la empresa agroindustrial Feronia este mismo año 2017, mientras que la ONG RIAO-RDC y sus socios internacionales llevan denunciando puntualmente esta situación paradójica en Feronia desde 2013.
De uno u otro modo, esta ocupación lleva siendo ilegal desde 1912. Unilever obtuvo su primera licencia en 1947 en connivencia con el poder colonial de Kinshasa sin ningún tipo de autorización por parte de los derechohabientes. De nuevo, en 2006 la empresa se transformó en PHC-FERONIA, pisoteando el principio de previo consentimiento libre de las comunidades afectadas con la complicidad de las autoridades políticas de Kinshasa.
Superando incluso a la propia Unilever, PHC - FERONIA se distingue por alcanzar cotas de mediocridad de lo más funestas, y sus altos cargos se comportan como unos mentirosos redomados al servicio del mal, que se caracterizan por las falsas promesas a los derechohabientes y por las violaciones reiteradas de los derechos humanos y de los trabajadores.
Feronia y sus inversores afirman que reducen la pobreza y el paro en uno de los rincones más remotos del mundo, pero en una superficie habitada por más de 100.000 personas solo han dado trabajo a 3.500, a las que ni siquiera les pagan como es debido.
Según un informe de la ONG GRAIN, Feronia pone en práctica un sistema conocido con el nombre de “ikotama” que somete a los trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud, pagan salarios en especie que facturan al doble de su precio real de mercado y fomentan otras formas de explotación.
Los malos tratos a los líderes y demás miembros de las comunidades afectadas son comunes en sus distritos de explotación, transformados en auténticos cotos privados a los que ni los organismos humanitarios ni los periodistas tienen acceso, con un regimiento de policías apostado en cada entrada.
Activistas congoleños pro-derechos humanos, así como organizaciones locales aseguran que guardias industriales (GI), como por ejemplo los miembros de la policía nacional congoleña (PNC) destacados en Feronia, someten a los líderes de las comunidades a todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Según estas declaraciones, en esta plantación son muchos los heridos de bala por miembros de la PNC.
Pues bien, esta situación desespera cada vez más a las comunidades afectadas hasta tal punto que algunas, totalmente desamparadas ante la impunidad de Feronia, llevan haciéndose cargo de la situación desde 1997, provocando todo tipo de revueltas, de las cuales la más impactante y la más reciente se está produciendo y se recrudece en la comunidad del agrupamiento formado por Bolesa, Yamangele y otros pueblos del distrito de explotación de Lokutu, donde la población civil utiliza fusiles de caza y armas blancas en un marco de legítima defensa, y planta cara a los GI de las plantaciones para recuperar sus tierras.
Es muy común que la gente se enzarce en peleas con los GI y hemos sabido que las comunidades están valorando de forma muy firme tomar acciones contundentes para llamar la atención de la comunidad internacional y de los inversores que respaldan a esta multinacional y siguen dándole millones a esta empresa, perpetuando el sufrimiento de la población.
Las comunidades esperan que se haga justicia y se reparen los daños de todos estos años de ocupación ilegal, masacres y demás atrocidades cometidas por PHC - FERONIA.
*Nota: Jean Francois Mumbia Atuku es un activista exiliado en Senegal por denunciar las actividades de Feronia en República Democratica del Congo.