El entorno de Marielle Franco rechaza la versión policial de su asesinato: “Debe de haber alguien muy influyente al mando”
A punto de cumplirse un año del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco y su chófer, Anderson Pedro Gomes, la familia y sus compañeros de trabajo niegan con rotundidad el móvil oficial sugerido por la investigación. Temen que los “agentes del Estado” implicados, como aseguró en su día Raúl Jungmann, exministro de Seguridad Pública, estén en un escalón tan alto que sea imposible resolver el caso.
Desde que se conocieron los primeros datos del rumbo de la investigación, el móvil de los asesinatos ha sido la labor de Marielle Franco en zonas reprimidas al oeste de la ciudad, donde podría haber entrado en conflicto con las milicias paramilitares, que controlan la región y cuya actividad delictiva incluye la falsificación de títulos de propiedad de tierra.
Eso, al menos, era lo que indicaba la implicación del concejal Marcelo Siciliano, y la relación de este con milicianos de la zona oeste; o lo que sugerían las declaraciones en diciembre del secretario de seguridad pública de Río de Janeiro, Richard Nunes. También van en esa misma dirección las filtraciones de la posible relación con el asesinato de Marielle y Anderson del grupo de milicianos detenido, por otros motivos, el pasado mes de enero. Pero este móvil, a día de hoy, se tambalea.
Casi un año después del asesinato de la concejala, el pasado 14 de marzo, Amnistía Internacional Brasil ha actualizado su documento El laberinto del Caso Marielle Franco. Las preguntas que las autoridades deben responder. 23 cuestiones como cuáles son los resultados de la investigación de la Policía federal sobre las indagaciones de la delegación de homicidios de la Policía civil, anunciada por Jungmann, o quién desconectó las cámaras de seguridad municipal en la zona del crimen la víspera del asesinato.
La organización exige la correcta identificación de todos los implicados y denuncia que aún hay “caminos inexplorados”. Tienen serias dudas también de que las informaciones hasta ahora filtradas vayan a desembocar en los verdaderos culpables.
Los resultados de la investigación sobre las indagaciones de los agentes civiles –una de las cuestiones para las que AI exige respuesta– no se conocerán hasta la conclusión de los trabajos, pero “la implicación de agentes del Estado” que defendió el exministro deja cada vez menos lugar a dudas. La Policía federal lleva meses siguiendo el rastro de las irregularidades en los movimientos de la Delegación de Homicidios de la Policía civil, encargada del caso, y durante la mañana de este jueves 21 de febrero se ha iniciado una operación que incluye ocho mandatos de busca y captura para ocho implicados en “posibles acciones que estarían siendo practicadas con la intención de obstaculizar” los avances de la investigación.
“Las medidas constituyen una fase intermedia de una investigación de carácter sigiloso”, explica la Policía federal a eldiario.es. “Y han sido autorizadas por la Justicia estatal, después de dirigirse al Ministerio Público de Río de Janeiro”.
Ningún trabajo de Franco tenía que ver con las milicias
Los padres de Marielle Franco, Marinete da Silva y Antonio Francisco da Silva Neto intervinieron también en una rueda de prensa de la organización celebrada con motivo de los 11 meses del asesinato. Niegan categóricamente que la concejala estuviera trabajando en la zona oeste de la ciudad. Por allí, dicen, como mucho –y como muchos otros–, apoyó a la favela Vila Autódromo en la época de las Olimpiadas, ya que iban a ser desalojados por las obras del Parque Olímpico. Dudan mucho también de la implicación del concejal Marcelo Siciliano, a quien conocieron en una fiesta de cumpleaños. Tuvo algún intercambio dialéctico con su hija en algún pleno de la Cámara Municipal, siempre dentro del juego político. Nunca les ha cuadrado esta versión.
La diputada estatal Mônica Francisco, exasesora de Marielle Franco, está completamente segura de que el móvil del asesinato no es el que están sugiriendo las fuentes oficiales de la investigación. Ratifica a eldiario.es que no cree que la ejecutaran milicias paramilitares porque interfiriera en sus negocios de la zona oeste de la ciudad. Lo sabe de primera mano: ella misma era la que articulaba las acciones en las favelas dentro del equipo de trabajo.
La versión de los familiares y compañeros de Marielle Franco es respaldada por la constatación de que ninguno de los seis proyectos de ley que dejó en marcha tuviera algo que ver con la zona oeste de Río de Janeiro, con milicias paramilitares o con la falsificación de títulos de propiedad de tierra.
Todos los trabajos de estos seis proyectos de ley –cinco de ellos aprobados, por el momento–, arrancaron en 2017, durante el primer año de legislatura. Su jornada en la Cámara Municipal se centraba en ellos. El proyecto 17/2017 instituye el programa de espacio infantil nocturno para atender a niñas y niños cuyos padres trabajan o estudien por las noches. El 103/2017 incluye el Día de Tereza de Benguela y de la Mujer Negra en el calendario oficial de la ciudad de Río de Janeiro. El 417/2017 crea la campaña permanente de concienciación y lucha contra el asedio y la violencia sexual en el municipio de Río de Janeiro.
El proyecto 515/2017 instaura un programa de medidas socioeducativas en medio abierto. El 555/17 crea el Dossier Mujer Carioca, para elaborar estadísticas periódicas sobre mujeres atendidas por las políticas públicas de la ciudad. El 72/2017, el único cuya votación ha sido postergada, se centra en establecer el día de la lucha contra el odio a la comunidad LGTBI.
La versión que familiares y compañeros no descartan todavía es la que lanzó en agosto el hoy diputado federal Marcelo Freixo (PSOL), muy cercano a Marielle Franco. Preguntado por la investigación sobre quién podría sentir una aversión tan profunda como para ordenar y ejecutar un crimen así, Freixo propuso que se interrogara a los diputados Jorge Picciani, Edson Albertassi y Paulo Melo, todos del MDB (Movimiento Democrático Brasileiro), y todos presos (Picciani en su domicilio) en la Operación Lava Jato, por corrupción.
Un movimiento político iniciado por Freixo contra ellos evitó que se blindaran ante la Justicia y acabaron condenados. El diputado se mueve desde hace una década protegido por un numeroso equipo de seguridad, tras presidir la Comisión de Investigación de las Milicias. Acceder a él sería mucho más complicado que acceder a su exayudante Marielle, que no tenía ni escolta y su agenda era divulgada a diario, apunta el entorno de la concejala.
“Se va acumulando la violencia”
El hecho de que se corra el riesgo de no llegar nunca a conocer la verdad sobre el Caso Marielle hace que el padre de la política y activista carioca se plantee “si alguna persona influyente estará al mando de este asesinato”. Franco, por encima de todo, era una defensora de los derechos humanos. “¿Hasta qué punto les llega a molestar eso?”, se pregunta su madre, que cada vez está más convencida: “Tiene que haber alguien muy influyente”.
El terreno está cada vez más embarrado por las opiniones radicalizadas y la propagación de odio alrededor del caso. Es lo que la diputada estatal Mônica Francisco denominó “banalización de la violencia”, en un debate organizado el 14 de febrero en la Casa Pública –Botafogo–. Una de las muestras más mediáticas fue ver al candidato Rodrigo Amorim –del Partido Social Liberal, el partido de Bolsonaro– partir en dos una placa con el nombre de una calle en honor a la concejala en un acto de campaña.
“Se va acumulando y produciendo cada vez más violencia”, lamenta su exasesora. Algunas conductas, critica, forman parte de “un proceso de perversidad y sadismo”. Es su respuesta cuando le recuerdan que el ahora diputado estatal de extrema derecha ha enmarcado uno de los pedazos rotos de la placa y lo ha colgado en una de las paredes de su despacho en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
