Llevan meses atrapados en Melilla, deambulando por la calle y durmiendo en un centro totalmente desbordado. Más de 600 tunecinos exigen desde entonces su traslado a la península, pero no han logrado salir de la ciudad autónoma ni en tiempos de coronavirus, cuando la sobreocupación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) impide mantener las normas exigidas para el resto de la población. El Ministerio del Interior ha confirmado que sus planes para sacarlos de Melilla no pasan por un traslado a la península, sino que trabajaba con el Gobierno tunecino para expulsarlos “a la mayor brevedad posible”, a pesar de que la pandemia ha provocado el cierre de fronteras y desaconseja la movilidad de la población.
“El estado de alarma no es óbice para realizar trámites de devolución si las partes implicadas así lo acuerdan”, han aclarado fuentes oficiales de Interior a eldiario.es, en referencia a un acuerdo con el Gobierno de Túnez. En rueda de prensa el 27 de abril sobre la crisis del coronavirus, Grande-Marlaska anunció su intención de deportar a los más de 600 tunecinos. Según informó, su expediente de expulsión estaba “ya concluido y materializado”. “Estamos trabajando y coordinándonos con la embajada de Túnez en Madrid, así como el Gobierno tunecino con el fin de proceder a la mayor brevedad posible a la repatriación de estos ciudadanos”, afirmó el ministro del Interior.
La intención del Ejecutivo de deportar a 600 migrantes tunecinos contrasta con la imagen de los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE) vacíos, ante la imposibilidad de expulsar a todas aquellas personas que se encontraban en su interior antes del estado de alarma debido al cierre de fronteras. Tras más de un mes y medio, todos los CIE de España se quedaron sin un solo interno este miércoles. Ninguno pudo ser deportado en este tiempo debido a las restricciones de circulación para evitar la expansión de la COVID-19.
Con la pandemia y 1.620 residentes en un centro que cuenta con 782 plazas, el Gobierno ha realizado traslados desde Melilla a la península de migrantes subsaharianos, pero no de ciudadanos magrebíes, a pesar de que Amnistía Internacional (AI) ha solicitado en repetidas ocasiones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “actúe con urgencia” y que “descongestione el centro y acelere los traslados a la península, especialmente a las personas más vulnerables o de las que ya cuentan con protección internacional”. “A veces tardamos hasta dos horas, esperando en el pasillo, para poder entrar en el comedor, que está llenísimo y donde es imposible mantener la distancia” reglamentaria en el estado de alarma, denunció una mujer tunecina a la organización internacional.
Tanto las condiciones de hacinamiento en las que vivían sus hijos en plena pandemia como la intención de España de deportarlos han reavivado las protestas de sus familiares en su país de origen. “No a la deportación forzosa”, “¿Dónde está el presidente Kaid Saied?”, “Mi hijo fue a España para mejorar su vida”, clamaban varias madres, ante el Ministerio de Exteriores tunecino, aferradas a las fotos de sus hijos y con algunas mascarillas cubriendo sus rostros.
Aziza es la madre de Nejib. Ella vive en Túnez, él reside en el CETI de Melilla. Hace un mes que no se comunican porque en este lugar, explica el hijo, perdió “todo”. “Incluso un teléfono que ya no tengo”, escribe a eldiario.es a través de Messenger este joven que acaba de cumplir 26 años. Es uno de los 650 tunecinos acogidos desde hace meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que no consiguieron salir a la península a pesar de su solicitud de asilo, y que ahora el gobierno español pretende deportar a Túnez.
Su madre es viuda, vive junto a sus otros tres hijos en una casa a medio construir en Ennhilet, una zona pobre del barrio popular de Ariana en la capital de Túnez, por la que paga 250 dinares (80 euros) de alquiler. La hija mayor, la única mujer, ya no está con ellos desde que se casó.
Su preocupación, además de conseguir algo para comer, es el pequeño de la familia, que dejó la casa y el país hace nueve meses. “Con un grupo de amigos del barrio partió camino de Europa para trabajar”, explica en una entrevista con eldiario.es.
Aziza se sienta en una silla de plástico para contar la historia de su hijo Nejib, rodeada de trabas (sofás marroquíes) alzados sobre bloques de ladrillo a modo de patas, y con algún colchón tirado en el suelo. Esta estancia también es el lugar donde duermen. Solo hay una habitación con un armario lleno de ropa, pero sin cama.
Explica que la ilusión de su hijo es “trabajar en una pastelería en Europa” mientras busca cobertura para hablar con él en una videoconferencia de WhatsApp. A Aziza se le ilumina la cara y se le dibuja una sonrisa cuando oye al otro lado a Nejib. Cuenta que en Melilla no está bien, habla de “discriminación” porque no los trasladan a la península mientras ven cómo se van los internos de otras nacionalidades.
Desde Melilla, Nejib lamenta la situación: “Sé que mi madre no está bien… lloraba por mí. Estaba esperando para ayudarla, sin embargo...”. Al preguntarle cómo se encuentra él: “Yo tampoco, estoy muy cansado. No se apiadaron de nosotros, después de todo lo que nos ha pasado, y el coronavirus”.
Mohamed, topógrafo de profesión, abandonó Túnez a finales de agosto de 2019, viajó en avión a Casablanca, después cogió el tren a Beni Ensar y entró a Melilla a pie. Solicitó asilo y no sabe exactamente qué pasara ahora. “No nos dicen nada”, lamenta su amigo Nejib en la conversación con eldiario.es.
Los progenitores conocían la idea del chaval de migrar de forma irregular, después de que le rechazarán la petición de visado en la embajada de Francia para continuar sus estudios. “Quería entrar en Europa, pero ojalá acceda a volver a casa porque en Melilla están en muy malas circunstancias. Perdió 25 kilos y solo come una vez al día pan y galletas”, lamentaba el padre antes de la época de Ramadán.
Muchos tunecinos eligen llegar a Europa a través de Marruecos y España porque es “una ruta más segura y hay muchos pasadores, traficantes de personas, que les proporcionan a la gente que llega allí la entrada a Melilla con documentación falsa”, explican desde el Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES). Casi una tercera parte de los tunecinos que migraron irregularmente en 2019 eligieron este camino con las vistas puestas en Francia e Italia. FTDES ha contactado con organizaciones españoles para encontrar una solución o que alienten a las autoridades españoles a resolver la situación de estos 650 tunecinos de manera humanitaria.
El 17 de abril, ACNUR España anunciaba su preocupación por “el hacinamiento de más de 1.650 personas en el CETI de Melilla, con una capacidad para 782 personas. Una semana después, el 23 de abril se trasladó a medio centenar de residentes y de nuevo los tunecinos emprendieron una huelga de hambre, incluso uno se cosió los labios para no beber ni comer, según recogieron los medios locales.
Desde Túnez, Romdhane Ben Amor, portavoz del Foro Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES), considera que “la deportación no respeta los derechos humanos ni los tratados internacionales”. Esta organización, que acompaña en su desesperación a las familias desde hace meses, expresó su indignación ante las declaraciones del ministro que, a su juicio, “violan los derechos de los migrantes y no respetan el principio de no devolución”. Según denuncian, “Madrid los utiliza para hacer presión a Túnez”.