Cuatro organizaciones especializadas en infancia y el Consejo General de la Abogacía Española han instado a la Fiscalía General del Estado a investigar la “proliferación” de “mensajes de criminalización” contra los menores extranjeros no acompañados durante los últimos meses. Las entidades sociales han solicitado por carta que se estudien aquellos discursos o actos públicos que relacionan de manera colectiva a estos niños con “la comisión de delitos y actos violentos”, como los que ha protagonizado Vox en su campaña electoral, por poder incurrir en un posible delito de odio.
En una carta registrada el pasado 7 de noviembre, la Agencia de la ONU para la Infancia (Unicef), Save The Children, Fundación Raíces, la Plataforma de la Infancia y la coorporación que agrupa a los colegios profesionales de abogados de España han solicitado a la Fiscalía una investigación de aquellos discursos, impulsados en campaña electoral, que tratan a los niños migrantes “de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden puÌblico”, además de sobre los actos celebrados frente a los centros donde residen, como el protagonizado por Vox en el barrio de la Macarena de Sevilla.
“Manifestaciones o actos de naturaleza poliÌtica, como las que se han llevado a cabo en El Masnou en Catalunya, en el barrio de la Macarena en Sevilla y delante de los Centros de Menores de Hortaleza en Madrid, vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas, y provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana”, han asegurado las organizaciones denunciantes en un comunicado.
Las entidades enumeran una serie de normativas incumplidas en los discursos que tratan a los menores migrantes como delincuentes y aquellos actos públicos desarrollados a las puertas de los centros que los acogen. Según recuerdan, una afirmacioÌn general que relacione a estas menores con la criminalidad “vulnera el principio de no discriminacioÌn y la presuncioÌn de inocencia, contenidos en el artiÌculo 40 de la ConvencioÌn de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño”, ratificada por España.
En esta línea, las organizaciones de infancia añaden que “las manifestaciones y la realizacioÌn de 'actos de contenido poliÌtico' en las inmediaciones de un centro de proteccioÌn de menores incurre en ”una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas“, también contraria a la ConvencioÌn. Del mismo modo, destacan, la Ley OrgaÌnica de ProteccioÌn del Menor proclama ”la proteccioÌn del derecho al honor y la inviolabilidad del domicilio de los menores“.
Las organizaciones alertan de que este tipo de actos amenazan “la integridad fiÌsica, psiÌquica y moral de los niños y niñas, en la medida en que pueden contribuir a que se desencadenen actos xenoÌfobos o de odio contra estos niños y niñas”. La Fundación Raíces ha recogido una serie de testimonios de episodios xenófobos ocurridos contra menores migrantes en Madrid que, según anuncia, ha puesto en conocimiento de la FiscaliÌa para su investigacioÌn.