La Fiscalía investiga la expulsión de dos menores marroquíes cuya repatriación había sido suspendida por la Justicia

La Fiscalía de Ceuta ha abierto una investigación sobre la supuesta expulsión a Marruecos el pasado 28 de noviembre de dos menores extranjeros no acompañados, cuya devolución estaba suspendida desde agosto por orden de un juzgado ceutí después de que el Gobierno retornase de forma irregular a medio centenar de menores en un operativo que incumplía el procedimiento marcado por la Ley de Extranjería. El fiscal ha iniciado diligencias a raíz de la denuncia de cinco organizaciones, que han documentado el caso de los adolescentes repatriados, que tenían entre 15 y 16 años, confirman fuentes jurídicas a elDiario.es.

El Ministerio Público ha aceptado las diligencias solicitadas por la Fundación Raíces, con el objetivo de acreditar los hechos denunciados e identificar a los responsables de la expulsión denunciada. Entre ellas se encuentra la solicitud de las minutas de intervención de los agentes de la Guardia Civil movilizados en la zona portuaria y su identificación. El fiscal también ha pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes al día 28 de noviembre tanto de la zona portuaria como del paso fronterizo del Tarajal, donde denuncian haberse producido la repatriación ilegal.

Las organizaciones habían notificado al Área del Menor de la ciudad, a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que el pasado 28 de noviembre, cuando ambos chavales intentaban subir como polizones a un ferry para alcanzar la Península, los adolescentes fueron interceptados por el Instituto Armado, identificados en comisaría y devueltos cuando aún estaban “empapados y con la ropa mojada”.

“Mientras nadaban intentando alcanzar el barco, fueron interceptados por una lancha de la Guardia Civil y trasladados a la comisaría de este cuerpo en el mismo puerto, donde los menores informaron sobre su nombre, apellido, edad y fecha de nacimiento, así como que se encontraban alojados en el centro de menores de Piniers y manifestaron su deseo de permanecer en España”, explica un comunicado firmado por las organizaciones Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, NoNameKitchen, Maakum y Fundación Raíces. Según el testimonio de los adolescentes, recogido por las ONG, durante la entrevista que mantuvieron con los agentes de la Guardia Civil “en ningún momento fueron asistidos por intérprete, abogado, ni tampoco ningún representante del área de menores de la Ciudad Autónoma”. 

Según apuntan las organizaciones, los niños fueron subidos en un coche de la Guardia Civil y trasladados a la frontera del Tarajal, continúan. “Cuando los chicos se dieron cuenta de que estaban en la frontera, imploraron llorando a los agentes que no les expulsaran a Marruecos, que eran menores y querían quedarse en España. Una vez en la frontera, los dos guardias civiles les cogieron de las manos y les forzaron a salir por una puerta para entregarles a los policías marroquíes”, sostiene el comunicado.

Se trata de dos de los 80 menores que designaron a abogadas de Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios para defenderlos y solicitar la paralización de la devolución, en el marco del dispositivo activado por Interior y el Gobierno de Ceuta paralizado finalmente por la Justicia. El día 16 de agosto de 2021, ante el inicio de las repatriaciones, las abogadas solicitaron a los juzgados ceutíes la adopción de medidas cautelares en favor de 12 menores, entre los que se encontraban los dos adolescentes que aseguran haber sido retornados el 28 de noviembre. El auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Ceuta, al que ha tenido acceso elDiario.es ordenó la suspensión de “la actuación material dirigida a repatriar a los menores no acompañados que aún no han sido devueltos a Marruecos”. Las organizaciones recuerdan que “el procedimiento judicial sigue su curso, y en tanto no exista una resolución sobre el fondo de la controversia, la medida cautelar sigue en vigor y debe ser escrupulosamente respetada”. 

De confirmarse el relato de los menores, apuntan las ONG, además de un incumplimiento al procedimiento establecido en la Ley de Extranjería para la devolución de menores extranjeros no acompañados, “se trataría de un grave desacato a la orden dada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número uno de Ceuta, el cual, de manera expresa, prohíbe llevar a cabo cualquier actuación encaminada a la repatriación de los menores demandantes, entre los que se encuentran los dos menores ahora expulsados”.

La ONG alertan de que esta expulsión “no constituiría un suceso aislado”, sino que “se han podido producir en los últimos meses otras devoluciones sin garantías de menores por parte de distintos miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en circunstancias similares”. No obstante, en esos casos, “los niños no contaban con abogadas que les representasen” en España y, una vez en suelo marroquí, no han podido contactar con ellos, por lo que sus casos no están documentados.