La Fiscalía italiana ha abierto una investigación por secuestro de personas en el barco de la ONG española Open Arms, que espera con 134 migrantes a bordo frente a las costas de Lampedusa a que se le autorice el desembarco. Por el momento no va dirigida contra nadie en concreto.
Ha sido la Fiscalía de la ciudad de Agrigento, en Sicilia, la que ha abierto esta investigación, después de recibir una declaración formal los abogados de Open Arms, informan los medios locales. En los últimos días, también había abierto otra con la hipótesis de delito de incitación a la inmigración ilegal, que sigue en curso.
Precisamente fue esa misma fiscalía la que abrió una investigación en agosto de 2018 contra el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, por los delitos de secuestro, arresto ilegal y abuso de poder después de haber retenido durante cinco días a más de un centenar de inmigrantes en Catania.
Salvini, que mantiene los puertos del país cerrados a la inmigración, no fue juzgado por estos hechos, porque su socio en el Gobierno, el Movimiento Cinco Estrellas, impidió que se levantara su inmunidad.
Open Arms espera un puerto seguro desde el 1 de agosto y desde el 14 de agosto se encuentra en aguas italianas, después de que la Justicia de este país cancelara la prohibición firmada por Salvini y le permitiera dejar atrás las aguas internacionales.
El líder ultraderechista, sin embargo, no autoriza el desembarco de los 134 migrantes, cuyas condiciones de salud físicas y psicológicas se encuentran “al límite”, como ha denunciado la organización, que ha pedido la evacuación inmediata de todos los náufragos por motivos psicológicos.
Por su parte, la ONG italiana Emergency, que ha subido al barco, ha lamentado en un informe que los rescatados se encuentran en “condiciones de extrema vulnerabilidad, tanto física como psicológica, agravadas por la incertidumbre y el estrés que están viviendo, lo que les expone a sufrir riesgos psicopatológicos”.
El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció el domingo que los Gobiernos de España, Alemania, Francia, Luxemburgo, Portugal y Rumanía le han transmitido su disponibilidad para acoger a una parte de los recatados, si bien aún no se ha formalizado públicamente ningún acuerdo de reubicación.