La fiscal de sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, que investiga la muerte de varias decenas de personas en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio, ha pedido interrogar al jefe del operativo y otros dos guardias civiles que participaron en ese dispositivo, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a elDiario.es fuentes próximas al caso. En concreto, pretende tomar declaración al teniente coronel Arturo Ortega, que era máximo responsable como jefe accidental de la Comandancia de Melilla y al piloto y copiloto del helicóptero que sobrevoló la frontera. También interrogará al operador del dron que grabó parte de las imágenes.
La Fiscalía abrió el pasado 28 de junio una investigación sobre la muerte de varias decenas de personas en la frontera de Melilla. La entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encomendó a la fiscalía especializada en Extranjería que investigara las circunstancias de la muerte de las víctimas en territorio marroquí. El recuento oficial de víctimas habla de 23 fallecimientos mientras que las organizaciones de derechos humanos elevan la cifra de víctimas hasta 37 personas.
La investigación penal abierta por el Ministerio Público llegó después de que el Gobierno dejara en manos del Defensor del Pueblo la investigación sobre estos hechos y de que el Comité de Naciones Unidas haya exigido una investigación para evitar “que se repitan tales tragedias”.
En paralelo, este viernes, los portavoces de los grupos parlamentarios han visto a puerta cerrada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados 40 archivos con los vídeos de esa tragedia. Tras ver las imágenes, los socialistas han defendido que se cumplió la ley, mientras el PP ha insistido en pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Unidas Podemos, por su parte, ha denunciado “omisión de socorro” y EH Bildu ha asegurado que se produjo un “intercambio de piedras” entre migrantes y agentes de la Guardia Civil.
La mayoría de los portavoces parlamentarios han censurado que se opte por una comisión a puerta cerrada sin la presencia de ningún responsable de Interior, que ha delegado en un responsable de la Guardia Civil de Melilla, por ser el “custodio” de la “totalidad” de las grabaciones que también se remitieron a la Fiscalía y el Defensor del Pueblo en el marco de sus investigaciones.
Cinco meses después del incidente en el perímetro fronterizo en el que murieron, al menos, 23 migrantes, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios mantienen sus críticas a la gestión de Marlaska. Los grupos, principalmente los socios del Ejecutivo -partidarios de convocar una comisión de investigación-, cuestionan la versión del Ministerio y quieren saber si hubo muertes en suelo español, como sostuvo la BBC en un documental. Las críticas se han centrado, de hecho, en si gendarmes marroquíes pasaron a España dentro de un dispositivo que Grande-Marlaska defiende como “proporcional” frente a un “ataque muy violento” en que resultaron heridos medio centenar de guardias civiles.
Al hilo de lo sostenido por el Defensor del Pueblo, además, algunos portavoces critican que agentes de la Guardia Civil lanzaran piedras a los migrantes que trataban de llegar a España y quieren saber por qué no se ofreció auxilio sanitario a los heridos. También cuestionan el uso de material antidisturbio y los rechazos en frontera, que el Defensor del Pueblo cifró en 470 al margen de la legalidad.