Fiscalía, Ministerio de Derechos Sociales y ONG cuestionan la legalidad de la repatriación de los menores de Ceuta

La Fiscalía ha pedido por escrito al Ministerio del Interior que justifique una por una las devoluciones a Marruecos de cada niño o adolescente no acompañado que la Policía está trasladando en furgonetas desde Ceuta en un operación pactada por Marruecos e iniciada el viernes, que ya ha trasladado a una treintena de menores.

El Ministerio de Derechos Sociales que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra, advierte a Marlaska de que el procedimiento elegido puede acarrear graves consecuencias y que en todo caso la responsabilidad única será de Interior, después de que se le hubiesen ofrecido fórmulas para pactar un protocolo y se le ignorase.

Y tres ONG, Save The Children, Andalucía Acoge y Gentium, han presentado al Comité de los Derechos del Niño de la ONU una comunicación individual con solicitud de medidas provisionales urgentes en nombre de diez de los 1.108 menores marroquíes no acompañados que accedieron a Ceuta entre el 17 y el 19 de mayo reclamando la suspensión urgente de las repatriaciones.

El Ministerio de Interior, entretanto, guarda silencio. Un portavoz oficial dijo a este medio la tarde noche del viernes que ese departamento no iba a ofrecer ninguna explicación sobre este asunto.

Pero la presión para que se frene este polémico dispositivo de dudoso encaje legal y fruto de un acuerdo con Marruecos va en aumento. El mero trámite de la Fiscalía ya da por hecho que Interior se ha saltado el artículo 35 de la ley de Extranjería, donde se establece que cada repatriación de menores debe contar con el aval del Ministerio Público y basarse en informes caso por caso. Según ha podido saber elDiario.es, los planes del Ministerio contemplan un primer listado de 150 niños y adolescentes que retornarán a su país. Los treinta primeros ya han sido metidos en furgonetas para iniciar el camino de regreso.

Ni la Fiscalía, ni el departamento de protección del menor ni las ONG saben con qué criterio se han hecho esas listas. Pero las repatriaciones siguen en marcha, a razón de 15 menores por día.

En el escrito de las ONG, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso elDiario.es, piden a la ONU que, “con el fin de evitar daños irreparables en las víctimas”, solicite urgentemente a España “la adopción de medidas provisionales consistentes en la suspensión de cualquier acto o actuación iniciado o que prevea iniciar dirigido a su expulsión a Marruecos”.

“Ninguno de los menores [devueltos a su país de origen] fue preguntado sobre su voluntad de volver a Marruecos, ni contó con asistencia letrada, ni tampoco con ninguna de las garantías previstas para el procedimiento de repatriación […] y la Fiscalía de Ceuta tampoco fue informada, sin poder escuchar o asistir a ningún niño antes de su expulsión”, alerta el escrito.

El Decanato del Colegio de Abogados de Ceuta ha “confirmado” a los denunciantes que sus letrados no ofrecieron asistencia alguna a los afectados por el procedimiento, que tildan de “arbitrario” y contrario a la Convención de los Derechos del Niño de 1989 que explícitamente exige respetar el acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007 sobre retorno de menores migrantes solos en el que supuestamente se ampara Interior para dar cobertura legal a la operación de repatriación iniciada.

Las ONG apelan a la ONU mientras siguen preparando un escrito al Juzgado de Guardia de Ceuta solicitando la adopción de medidas cautelarísimas para suspender la operación, aunque asumen que en cualquier caso su dictamen no se produciría hasta el próximo miércoles.

“La celeridad y falta de garantías y procedimiento escrito con el que se produce el procedimiento de expulsión de los menores hacen ineficaz cualquier recurso previsto en el derecho interno del Estado que permita a las víctimas evitar la expulsión inminente a Marruecos, momento en el que el daño ocasionado será ya irreparable”, concluye su texto.

En el oficio remitido al Secretario de Estado de Seguridad la Fiscalía pregunta también qué salvaguardas se introdujeron en este operativo para preservar los derechos de los menores, pide los expedientes individuales y si se les escuchó antes de proceder a su devolución en virtud de un convenio firmado con las autoridades del reino alauí.

El operativo, según la orden sin firma remitida el pasado martes por la Secretaría de Estado de Seguridad de Interior a la Delegación del Gobierno de Ceuta y al Ejecutivo local, se ampara en el Acuerdo firmado en marzo de 2007 en Rabat “sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado”, pacto que Marruecos jamás ha aceptado aplicar desde Ceuta y Melilla, territorios que considera propios.

Su aplicación satisface a los sectores más pragmáticos de Ceuta que valoran que el país vecino trate por fin a la ciudad “como una parte más de España” e incluso haya aceptado la presencia de autoridades locales en reuniones bilaterales de alto nivel en la frontera, así como el hecho de que “los niños van a estar mejor en sus casas que hacinados”. Enfrente, ONG y colectivos que trabajan con esos niños y adolescentes solos y que reclaman un respeto “estricto” a la legislación española.

Interior inició las repatriaciones por los 234 jóvenes que permanecían acogidos hasta este viernes en el polideportivo Santa Amelia, colectivo con el que Save The Children todavía no ha podido entrevistarse de manera personal para conocer sus perfiles. Una cuarta parte de sus primeros 354 contactos directos con los menores albergados en los módulos prefabricados de Piniers ha recogido testimonios que aseguran escapar de situaciones de violencia física, abusos, explotación o malos tratos.

La materialización de las primeras repatriaciones forzosas propició este viernes por la tarde “algunas fugas” de los espacios en los que la Ciudad acoge a los 750 niños y adolescentes solos que continúan en Ceuta, pero “menos” de las que temían algunas las autoridades locales. “El perfil de estos chicos es distinto al que estábamos acostumbrados: son más pequeños y su respuesta a las medidas, mejor, a pesar de que las condiciones de acogida son muy precarias”, advierten quienes tratan con ellos a diario. El Gobierno de Ceuta ha asegurado que “no se han registrado incidencias relacionadas con fugas masivas de menores alojados en el polideportivo”.

Dirigentes locales advierten de que “tener a casi 800 niños en casetas de obra o literas militares en un polideportivo no puede ser mejor para el interés superior de los niños que facilitar que vuelvan a sus casas con el compromiso expreso de las autoridades marroquíes de localizar a sus familias para reagruparlas o, en caso de que sea imposible, darles atención pública”.

Los menores que son repatriados están siendo trasladados a una infraestructura con 200 plazas de reciente construcción ubicada en Martil, cerca de Tetuán, a unos 40 kilómetros de Ceuta, que gestiona 'L'Entraide Nationale'. El ritmo de 15 devoluciones al día pactado con España pretende dar tiempo al país vecino a digerir su llegada mientras localiza a sus padres, sobre los que no se prevén abrir procedimientos judiciales por abandono, atendiendo a lo “excepcional” de la situación vivida en mayo, cuando las Fuerzas de Seguridad del Reino alauita consintieron que unos 12.000 compatriotas entrasen irregularmente en la ciudad española.