Esta vez es por opacidad. Por la falta de transparencia a la hora de informar sobre los barcos de sus operaciones marítimas en el mar Egeo, que acabaron con devoluciones en calientes de personas migrantes. La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, acaba de abrir una nueva investigación a la agencia europea de fronteras, Frontex, por no responder a una solicitud de acceso público a documentos referentes al posicionamiento de los buques utilizados en las operaciones marítimas de Frontex.
La solicitud y la reclamación corresponden a la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Sira Rego, con quien se pusieron en contacto en septiembre de 2020 dos periodistas de Lighthouse Reports porque Frontex no les facilitaba información sobre el posicionamiento de varios de sus barcos en el Egeo: querían saber si habían estado implicados en las devoluciones en caliente en el Egeo que estaban investigando.
“Frontex está fuera de control, tal y como acreditan los últimos escándalos fruto de investigaciones periodísticas”, afirma Rego: “Y como hemos dicho muchas veces, el director, Fabrice Leggeri, debe dimitir, pero con eso no se soluciona todo. Frontex se va a convertir en los próximos meses en el primer cuerpo paramilitar armado de la UE y esta agencia vulnera los derechos fundamentales de las personas migrantes a diario. La UE debe dar un paso atrás”.
La sospecha era que los barcos de Frontex desconectan los transpondedores cuando están en este tipo de operaciones para no ser detectados, y pensaron que quizá sería más fácil acceder a la información si la pedía un eurodiputado. Así, Rego hizo una petición oficial de información a Frontex el 1 de octubre solicitando los posicionamientos de 16 barcos en el Egeo desde el mes de marzo de 2020.
El 23 de octubre, Der Spiegel, que colaboró con Lighthouse Reports y Bellingcat en esta investigación, decidió publicar la información que tenían sobre devoluciones en caliente en el Egeo.
La primera respuesta de Frontex a la portavoz de IU llegó el 16 de noviembre. “Decía que no podía facilitar esa información porque contenía datos personales y podía revelar información sensible sobre las operaciones de Frontex”, explica el grupo. Rego recurrió y envió otra solicitud a Frontex diciendo que sólo pedía los posicionamientos de los barcos, sin la información personal que hubiera en los documentos.
La siguiente respuesta de Frontex llegó el 27 de enero, y esta vez con una versión distinta. “Ya no es que no quisieran revelar esos datos, decían que ni siquiera los tenían”, relata IU.
Como las versiones no casaban, el 2 de febrero Rego presentó una denuncia a la Defensora del Pueblo de la UE. Y este miércoles Emily O’Reilly comunicó a la portavoz de IU que había admitido a trámite la denuncia. “En un esfuerzo por tratar el asunto lo antes posible, ya me he puesto en contacto con Frontex”, explica O’Reilly en su carta de respuesta a Rego.
“Después de solicitar esa información dos veces a Frontex y que nos negaran el acceso con versiones contradictorias, decidimos denunciarlo ante la Defensora del Pueblo”, argumenta Rego. “Esperamos, al menos, que sirva para obtener la información y que Frontex deje de ser una agencia al margen de cualquier tipo de escrutinio. Esperamos que la comisión de investigación sobre Frontex que hemos impulsado en el Parlamento Europeo sirva para poner luz a muchas de las irregularidades”.
La eurodiputada maltesa del PPE Roberta Metsola, quien dirigirá el grupo de trabajo, ha afirmado: “Lo que queremos de este proceso es dar respuestas claras a las preguntas que se plantean y analizar y recomendar mejoras en la forma en que se hacen las cosas. Nos pondremos manos a la obra de inmediato. Lo más importante de nuestra agenda será hablar con la comisaria Johansson y el director Leggeri, así como visitar la sede de Frontex en Polonia siempre que sea posible”.
Bajo sospecha
Frontex está siendo investigada por la Defensora del Pueblo, pero también por la Oficina Antifraude (OLAF) de la UE a consecuencia de las devoluciones en el Egeo, asunto por el que un grupo de eurodiputados está promoviendo una comisión de investigación en la Eurocámara.
Además, la Comisión Europea ha enviado una carta a Leggeri en la que le acusa de haber “obstruido” y “retrasado” la puesta en marcha de los controles internos e independientes previstos en el reglamento de Frontex. Al mismo tiempo, el medio EUobserver ha publicado que el organismo ha gastado más de dos millones de euros desde 2015 en celebraciones.
Al margen de la investigación a raíz de la denuncia de Rego, la Defensora del Pueblo Europeo abrió en noviembre otra investigación para analizar cómo Frontex se ocupa de las presuntas violaciones de los derechos fundamentales. En particular, la investigación evalúa la eficacia y la transparencia del mecanismo de denuncias de Frontex para quienes creen que sus derechos han sido violados en el contexto de las operaciones fronterizas de Frontex, así como el papel y la independencia del responsable de derechos fundamentales de la agencia.