La exdelegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos va camino del banquillo de los acusados. Hace unas semanas fue cesada de su cargo y está procesada por la deportación “grosera” de 55 menores en agosto de 2021. El adjetivo es del juez que ha tramitado el expediente y acusa tanto a la exalto cargo del Gobierno de Sánchez como a la vicepresidenta de Ceuta de prevaricar por ignorar la ley de extranjería a la hora de devolver a Marruecos medio centenar de niños sin seguir el procedimiento reglado.
En la otra frontera sur, en Melilla, la Fiscalía investiga la actuación de las fuerzas del orden españolas y también de algunos gendarmes marroquíes a este lado de la valla en el episodio que acabó con la muerte de al menos 23 inmigrantes el pasado junio. No solo el ministerio público ha puesto la lupa sobre este episodio y viene reclamando más pruebas, también los socios del Gobierno insisten en pedir explicaciones al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, y el visionado de las imágenes no ha hecho más que incrementar sus dudas. El viernes varios de los aliados parlamentarios calificaron de “inhumano” el trato dado a los migrantes en la valla.
La presión judicial y política sobre la gestión de ambas fronteras acorrala al Gobierno mientras el ala socialista presume de “cooperación ejemplar” con Marruecos que persigue “un enfoque global y equilibrado” del “fenómeno” migratorio. Casi ocho meses después de la reconciliación con el reino alauí, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, volverá a comparecer el miércoles ante el Congreso, mientras partidos aliados del Gobierno insisten en pedir una Comisión de Investigación sobre la tragedia del pasado junio en Melilla.
A la espera de proyectos como la ley de vivienda o la derogación de la ley mordaza, todavía encallados en el Congreso, la inmigración se ha convertido en la gran brecha del PSOE con sus socios de Unidas Podemos y la mayoría de aliados de la investidura, los mismos que acaban de aprobar los presupuestos los terceros presupuestos de este mandato.
“Ambos casos demuestran que a la política migratoria basada en el papel de Marruecos como gendarme de España y Marruecos se le ven las costuras en cuanto las actuaciones no se quedan al otro lado de las vallas”, analiza el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, uno de los parlamentarios que este viernes ha podido ver las algo más de seis horas de grabaciones que ha facilitado Interior de lo acontecido en Melilla el 24 de junio, cuando al menos 23 migrantes africanos fallecieron intentando acceder a territorio español.
Los vídeos captados por tres cámaras fijas, un dron y un helicóptero “demuestran” a juicio del congresista vasco que el núcleo de la tragedia “sucedió en suelo nacional y no tangencialmente, no en ‘tierra de nadie’, sino en zona controlada de forma efectiva por la Guardia Civil”; que “no se ofreció atención médica ni a los migrantes ni a los agentes españoles heridos”; que las Fuerzas de Seguridad marroquíes “accedieron a España no para evitar rodeos sino para seguir actuando” y que se produjo “cerca de medio millar de devoluciones en caliente”.
Las promesas del Gobierno
El PSOE prometió en el programa con el que concurrió a las elecciones generales de 2019 desarrollar “una gestión de forma responsable y acorde con la dignidad humana” de las políticas migratorias, pero sobre el terreno esa vocación se ha traducido en poco más que en la retirada de los alambres con cuchillas que coronaban los vallados de Ceuta y Melilla, decisión que Marruecos acompañó con los mismos elementos agresivos en su territorio.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que el PP introdujo en 2015 la figura del ‘rechazo en frontera’ como fórmula para ‘legalizar’ las ‘devoluciones en caliente’ no ha prosperado todavía y la contención de los flujos migratorios sobre las ciudades autónomas sigue dependiendo fundamentalmente de la disposición de Marruecos a colaborar para evitarlas, tras el giro que el Ejecutivo de Sánchez escenificó sobre el conflicto del Sáhara.
El Gobierno que arrancó la legislatura escenificando una nueva era con la acogida de los migrantes del Aquarius mantiene tres años después dos crisis abiertas, con investigaciones de la Justicia, que sitúan contra las cuerdas a Marlaska, y comprometen aquel cambio de rumbo en las políticas de inmigración. El PP, por su parte, está dispuesto a cobrar la factura a la izquierda por la crisis del Tarajal. Ni en la investigación sobre Ceuta ni tampoco en la de Melilla hay imputados miembros del Gobierno, una vez que la delegada en la Ciudad Autónoma fue relevada a finales de octubre. Ese cese sirvió de cortafuegos al Gobierno que de momento no ha visto caer imputación alguna sobre el Ministerio del Interior, por más que los investigadores tengan muchas dudas de que las deportaciones de Ceuta pudieran haberse hecho al margen del departamento de Marlaska.
En un artículo publicado en la Revista General de Derecho Europeo, la doctora en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante Carolina Soler considera que es evidente que el Reino alauita “hace uso (y abuso) de esa cooperación, utilizando a los inmigrantes como arma arrojadiza para fines políticos y económicos”, pero ello “no puede justificar que España incumpla sus obligaciones internacionales y europeas”. Especialmente “por lo que respecta a la salvaguardia de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, cuyo baluarte es la protección del interés superior del menor”.
Por obviarlo terminarán con toda probabilidad en el banquillo como acusadas de presunta prevaricación continuada la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mabel Deu (PP), ya encausadas por deportar al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería a 55 menores marroquíes no acompañados en agosto del año pasado.
Lo hubieran hecho de una tacada con 145 que permanecían en la ciudad de los llegados en mayo de 2021, cuando Rabat abrió por última vez sus esclusas migratorias para mostrar su malestar con España. Según la instructora de la causa, tras concertar el regate de la legislación nacional durante meses con, entre otros, el propio Marlaska, a ambas les pudo la prisa “ante la disponibilidad [sin precedentes] de Marruecos de recibir a los menores”.
“Las consecuencias políticas y de otro tipo que se derivan de la gestión migratoria en Ceuta y Melilla con Marruecos como receptor de fondos para ejercer el papel de gendarme dejan en evidencia la fragilidad de las costuras de ese traje en cuanto sus connotaciones traspasan las vallas y el oscurantismo del país vecino, que no ha facilitado ni las autopsias de los fallecidos en junio, no es capaz de empañarlas”, opina Iñarritu, que es consciente de la “situación sensible” e “incómoda” que genera la imprevisible reacción del Reino alauita a cualquier posición que interprete como una injerencia en su actuación, ya sea por anuencia o exceso de celo.
Las posturas de Rabat
Después de consentir o alentar la salida irregular de miles de nacionales sobre Ceuta en mayo de 2021, Rabat aceptó en agosto por primera vez la vuelta de cientos de sus niños migrantes solos e incluso aceptó reunirse para concertarlo con autoridades locales de la ciudad que considera “ocupada”, pero cuando la Justicia española vetó el procedimiento acordado porque “ponía en riesgo su integridad física y moral”, regresó a su habitual negativa radical a colaborar en ese ámbito.
Marlaska, a quien una de las acusaciones populares personadas, la Red Española de Inmigración, y la propia Deu han intentado citar como testigo en la causa abierta en Ceuta, ha evitado de momento verse más salpicado por ese caso (su secretario de Estado de Seguridad “rogó” iniciar las expulsiones de niños, aunque “protegiendo siempre los intereses de los menores implicados”), pero en el Congreso solo el PSOE y Vox se niegan radicalmente a que se abra una Comisión de Investigación sobre lo sucedido en Melilla.
A diferencia de la tragedia de 2014 en Ceuta, cuando al menos 14 migrantes fallecieron ahogados en el marco de un intento de salto del espigón marítimo fronterizo del Tarajal en grupo tras una intervención por la que estuvieron a punto de ser juzgados 16 guardias (la jueza llegó a procesarlos, pero una semana después archivó las diligencias apelando a la ‘doctrina Botín’), esta vez la polémica no se centra tanto en si la actuación de los agentes fue o no “proporcional”, como acepta describirla Iñarritu, sino en cómo gestiona Interior la custodia de las fronteras terrestres de España en África y si “miente” al respecto.
“Las imágenes, que solo muestran parte de las más de 12 horas que deberían haberse registrado, demuestran que los hechos sucedieron en territorio español y no tangencialmente, como mintió el ministro, y que no es creíble que las autoridades tardasen cuatro horas en saber la magnitud de la tragedia que se había producido”, remarca el parlamentario a la espera de que el Ministerio Público tome alguna decisión sobre un asunto “incómodo” por sus potenciales consecuencias políticas nacionales y bilaterales ante “la excesiva dependencia que tiene España de Marruecos para controlar la inmigración irregular” que diagnostica Soler.
“En Ceuta hay una Fiscalía como dios manda”, proclamó con envidia hace dos años el fundador de Prodein, José Palazón, que en Melilla lleva años defendiendo los derechos de los niños migrantes solos como ningún partido ha hecho en la otra ciudad autónoma, donde la actuación de Mateos y Deu ha sido respaldada explícita o implícitamente de forma prácticamente unánime sin más que reproches velados al ministro por dejarlas “solas” ante la exigencia de responsabilidades penales.
La acusación pública recogió para reclamarlas el guante que una pequeña asociación catalana, ‘L’Escola’, lanzó en forma de denuncia en Granada hace más de un año. Su presidenta, Nuria González, dio el paso porque, resume, “aquellas expulsiones fueron una maniobra política que obvió los derechos de los críos y un Estado, para no ser fallido, tiene que cumplir la ley”.
En la llegada a juicio oral de las diligencias abiertas contra la vicepresidenta de Ceuta y la exdelegada del Gobierno, que en tratamiento oncológico intentó en su declaración ante la magistrada eximir a Marlaska asegurando que aunque las deportaciones se pactaron con Madrid la forma de ejecutarlas ni se concretó ni se conocía en la capital, ha sido clave también la posición inquebrantable de la jefa de Menores de la Ciudad.
Toñi Palomo alertó primero por escrito y después verbalmente, incluso ante las autoridades marroquíes que se reunieron con las españolas en la frontera dos días antes de iniciar las devoluciones, que sus intenciones “resultaban contrarias al ordenamiento jurídico nacional e internacional”.