Air Europa ha perdido el negocio de los vuelos de deportación. El Gobierno ha optado por conceder el contrato al grupo formado por Air Nostrum y Barceló Viajes, a las que destinará 11.880.000 euros en 2017 y 2018 con el objetivo de renovar el servicio de repatriaciones el próximo mes de mayo, según se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de la misma cifra establecida en el contrato de años anteriores.
Tanto Air Europa como la unión formada por Air Nostrum y Barceló Viajes presentaron sus respectivas ofertas al Ministerio del Interior para lograr obtener el servicio de los vuelos secretos de deportación de inmigrantes en situación irregular, así como su traslado desde diversos puntos del territorio nacional a otros países, muchas veces realizados desde los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE).
Según publicó Europa Press, la oferta de Barceló Viajes contemplaba unos precios que alcanzarán los 17.160 euros por hora de vuelo en el caso de las deportaciones de más de 200 personas. Los precios varían en función de la capacidad de la nave. Air Nostrum pidió 7.030 euros por hora de vuelo de deportación con hasta 75 plazas; 8.215 euros por hora cuando sean de 76 a 120 plazas y 13.260 euros para traslados de hasta 200 personas.
Según la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, este no es el coste definitivo de un vuelo de deportación. Este contrato hace referencia únicamente a la adjudicación del servicio prestado por la aerolínea pero a ello hay que añadir los gastos derivados del fuerte operativo policial desplegado en cada vuelo, y los propios Centros de Internamiento para Extranjeros.
El reglamento policial establece que, como mínimo, el número de policías presentes en cada dispositivo de deportación debe igualar al número de repatriados.
Los vuelos de deportación que parten de territorio español pueden ser de dos tipos: los fletados por el Ministerio del Interior en solitario o los efectuados en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex). Además, las repatriaciones también pueden producirse en vuelos comerciales, en los que el expulsado viaja junto a otras personas que nada tienen que ver con el proceso de devolución, o en barco, en el caso de, por ejemplo, las repatriaciones a Marruecos.
Denuncias de vulneraciones de derechos humanos
Movimientos sociales, como la Campaña por el Cierre de los CIE, llevan varios años denunciando las vulneraciones de derechos humanos producidas en el interior de los vuelos de deportación o durante los traslados al aeropuerto. Se trata de operativos opacos, de los que el Ejecutivo no aporta prácticamente datos al respecto. El reglamento que determina las normas del dispositivo policial durante las repatriaciones permite prácticas cuestionadas por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y por Amnistía Internacional, como las sedaciones forzosas siempre que lo determine un médico, que pertenece a la Policía, por “razones de seguridad”.
La Dirección General de la Policía creó este documento en septiembre de 2007, tres meses después de la muerte de Osamuyi Aikpitanyi, de origen nigeriano, en un vuelo de deportación Madrid-Lagos. Las ONG aseguran que murió de asfixia por culpa de la cinta que amordazaba su boca.
Sin embargo, las vulneraciones de derechos humanos son muy complicadas de demostrar, debido a la opacidad que caracteriza a estos operativos. La Policía tiene la orden de no dar información oficial al respecto excepto en casos puntuales. A ello se suma el compromiso de “confidencialidad” que el Ministerio del Interior obliga a firmar a las aerolíneas adjudicatarias, incluidas en los requisitos de las anteriores convocatorias.
“Todos los tripulantes de la aeronave, tanto de la tripulación técnica como la auxiliar, como cualquier otro empleado del adjudicatario que viaje a bordo (...), serán previa y adecuadamente instruidos por el propio adjudicatario en el sentido de que deben observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en todo en cuanto se refiera a los servicios objeto del mismo como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, (..) y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo”, reza el pliego con las prescripciones técnica de la anterior convocatoria.