El Gobierno estadounidense está preparando una normativa que dificultaría la solicitud de asilo para miles de personas, ya que impediría que se acogieran a esta figura quienes crucen la frontera de forma irregular o no soliciten la protección en otras naciones.
La normativa, creada conjuntamente por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, facilitaría al Gobierno la deportación de las personas que cruzan la frontera y piden asilo. Al hacerlo de modo irregular, perderían el derecho de acogerse a esta protección.
Fuentes de la Casa Blanca explicaron este martes que la normativa tiene la intención de “llenar el vacío” legal que surgirá tras el posible fin del polémico Título 42 el próximo mayo, después de que el Congreso no haya tomado “ninguna medida que garantice la gestión segura y humana de los migrantes”. “Esta administración simplemente no permitirá el caos masivo y el desorden en la frontera debido a la falta de acción del Congreso”, apuntaron dichas fuentes, después de que este martes la normativa se haya publicado en el Registro Federal y se haya abierto un período de alegaciones de 30 días.
Aunque dichas fuentes no explicaron cuándo se aplicará la normativa ni qué pasará si el Título 42 vuelve a ampliarse (como ha sucedido previamente), sí apuntaron que “la intención es que entre en vigencia cuando se elimine y no antes”.
La medida se encontrará, casi con seguridad, con desafíos legales, recoge The Guardian. Donald Trump persiguió una prohibición similar en 2019, pero un tribunal federal de apelaciones impidió que entrara en vigor.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) ha comparado la nueva normativa con la restricción de Trump, que se denominó “prohibición de tránsito”. “El Gobierno de Biden ha propuesto una norma que denegaría ilegalmente el asilo en la frontera sur a las personas que no busquen primero seguridad en México o en otros países por los que hayan pasado, a pesar de que estos países no tienen sistemas de asilo que funcionen. La norma propuesta por el presidente Biden dejaría en peligro a personas vulnerables y negaría injustamente la protección a miles”, ha dicho ACLU en Twitter.
“Es el último de una serie de ataques contra el derecho fundamental a buscar seguridad en EEUU. Nuestros tribunales han reconocido desde hace tiempo que la decisión de una persona de no solicitar asilo mientras está en tránsito hacia los EEUU no anula su necesidad de protección aquí. Luchamos con éxito contra el presidente Trump por una prohibición similar en los tribunales: la del presidente Biden no debería seguir adelante”, dice la organización.
Normativa restrictiva
De entrar en vigor, esta sería una de las normativas migratorias más restrictivas en todo el Gobierno de Joe Biden, quien al asumir la presidencia en enero de 2021 eliminó muchas de las medidas migratorias excluyentes de la Administración de Donald Trump (2017-2021).
Entre ellas, eliminó el polémico Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como acuerdo de “tercer país seguro”, que permitía a Estados Unidos deportar a los refugiados que llegaban a su territorio y no habían pedido asilo en el primer país que pisaron al salir de su nación de origen.
Sin embargo, las fuentes oficiales de la Administración de Biden han querido desmarcarse de esta norma y han asegurado que la nueva no es igual. “Es definitivamente diferente en el sentido de que estamos ofreciendo una presunción refutable y no prohibiendo el acceso al asilo, como lo hizo la administración anterior”, apuntan. Insisten en que la normativa “permitiría a las personas solicitar asilo en EEUU siempre que ingresen a través de una vía legal”.
El Título 42 es parte de la ley de Salud Pública de 1944 y autoriza, de manera temporal, la expulsión de extranjeros por razones sanitarias. El Gobierno del entonces presidente Trump recurrió a esa norma en marzo de 2020, en los comienzos de la pandemia de la COVID-19, y Biden ha decidido extenderla en varias ocasiones cuando estaba a punto de expirar.
Sin embargo, con la pandemia ya dada por finalizada, es probable que en mayo próximo se levante esta norma, una situación que podría desencadenar una crisis sin precedentes en la frontera sur.
La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) ha recordado en reiteradas ocasiones que acceso a un territorio seguro para los solicitantes de asilo es una piedra angular de la Convención de Refugiados de 1951 y del derecho internacional de los refugiados, y ha mostrado su preocupación por las restricciones de asilo “que son incompatibles con las normas del derecho internacional, incluidas las impuestas a través de la acción de salud pública del Título 42”.