La expresión “Gobierno de Cambio” debe ser una de las más escuchadas durante las últimas semanas en el Estado español. No podemos disimular que es una expresión que nos agrada a las personas que llevamos mucho tiempo, años y décadas, trabajando sin descanso, precisamente, por un “cambio” en relación a la política del Estado español con respecto al Sáhara Occidental. Es por ello, esta carta abierta.
Desde la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), observamos con cautela los movimientos políticos que se están desarrollando entre los distintos grupos parlamentarios surgidos tras las elecciones para conformar un Gobierno. Prestamos atención, día a día, a las noticias que se publican al respecto en los medios de comunicación y nos preguntamos hasta qué punto se está teniendo en cuenta el sufrimiento del Pueblo Saharaui y la responsabilidad real del Estado español al respecto en las distintas negociaciones que están teniendo lugar. Desde CEAS-Sáhara mostramos nuestro convencimiento de que las decenas de miles de personas refugiadas en los campamentos de Tinduf y las otras tantas que viven bajo la ocupación marroquí, bajo la rutina de las violaciones sistemáticas de sus derechos más elementales, son una cuestión que debería entrar en las negociaciones y compromisos de un futuro “Gobierno de Cambio”. Veamos las razones para ello.
Como saben, desde hace ya más de 40 años, el Estado español sigue siendo la potencia administradora responsable de finiquitar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Un proceso que, tal y como la legalidad internacional indica, se clausurará con la expresión de la libre voluntad política del Pueblo Saharaui, mediante un referéndum que materialice su derecho a la autodeterminación.
Durante estos 40 años, las personas solidarias y amigas del Pueblo Saharaui hemos visto numerosas declaraciones de buenas intenciones de diferentes partidos en favor del derecho del Pueblo Saharaui a elegir su futuro político, en la línea de las resoluciones de Naciones Unidas. Sin embargo, también hemos visto, lamentablemente, cómo esos mismos partidos que en la oposición o en campañas electorales levantaban la bandera saharaui y se mostraban como defensores de la legalidad, han olvidado sus promesas nada más llegar a sus puestos de Gobierno.
Desde CEAS-Sáhara, como hemos dicho, vemos con ilusión un “Gobierno de Cambio” que pueda conllevar un cambio también en la política con respecto al Sáhara Occidental, pero recordamos cómo, en innumerables ocasiones, el caduco bipartidismo, ha dado la espalda a la legalidad internacional y a las Naciones Unidas, y se ha posicionado del lado del ocupante marroquí, de ese régimen dictatorial que no protege los Derechos Humanos de su propia población y aplasta los de la saharaui.
2016: el año propicio para el cambio
En ese sentido, no nos cabe duda de que la militancia del PSOE -llamado a liderar el cambio necesario-, en su mayor parte, apoya las reivindicaciones por los derechos del Pueblo Saharaui. Tampoco nos cabe duda que el PSOE puede y debe cambiar drásticamente su posición con respecto al conflicto saharaui. Sin embargo, queremos alertar a las distintas fuerzas representadas en el Parlamento, muchas de las cuáles se han comprometido en declaraciones públicas y en sus propios programas electorales a facilitar una resolución acorde a la legalidad internacional y al derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui, que la sociedad española, el movimiento solidario con este pueblo y CEAS-Sáhara no nos conformamos con declaraciones o promesas. Queremos que estas palabras se ejecuten. Por ello, exigimos que en las negociaciones para formar un “Gobierno de Cambio” entre la cuestión del Sáhara Occidental y que haya un compromiso por su resolución mediante un referéndum de autodeterminación.
Recordamos que este año se cumple el 40 aniversario de la proclamación de la República Saharaui, así como que el Estado español está ocupando un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es, sin duda, una gran oportunidad para que la potencia administradora, responsable de poner fin a este proceso de descolonización, es decir, el Estado español, adopte una postura proactiva y se posicione para que la legalidad internacional se materialice en el Sáhara Occidental.
Para ello, consideramos también que una herramienta necesaria es la firma de un Pacto de Estado por la Descolonización del Sáhara y la creación de un “Intergrupo Parlamentario de Solidaridad con el Pueblo Saharaui” en el Congreso y el Senado cuanto antes se pueda. Los derechos de decenas de miles de personas, que en su día fueron españolas portadoras de su propio DNI, deben formar parte de las negociaciones del futuro “Gobierno de Cambio”. Y para esta labor, y la construcción de un Estado nuevo, con una política exterior que atienda también a los derechos humanos, solidario con el Pueblo Saharaui y con todos los pueblos del planeta, pueden contar con esta organización siempre que lo consideren.