Lo llaman extraoficialmente “criterio de prudencia”. El Gobierno paraliza la resolución de las demandas de asilo procedentes de determinados países en guerra a la espera de que se resuelvan sus conflictos antes de responsabilizarse de ellas. En la actualidad, el Ministerio del Interior mantiene en la nevera las peticiones de miles de solicitantes ucranianos y malienses sin informarles de cuál es el estado de su petición, según confirman a eldiario.es fuentes de Acnur y Cear.
Entre 2008 y junio de 2015, se presentaron en España más de 4.500 peticiones de asilo de ucranianos y malienses. A 30 de junio de 2015, todavía quedan por tramitar más de 3.700 que todavía no han recibido respuesta, según el análisis de datos de Eurostat realizado por eldiario.es. Exactamente, 3.745 personas cuyas solicitudes han sido paralizadas por el Gobierno, que las congela a la espera de ver cómo evolucionan las guerras que asolan a ambos países. Estos datos convierten a Ucrania y Malí, en los estados de origen con mayor lista de espera para tramitar la solicitud de asilo después de Siria.
“No puedes tener durante años a la gente con esa situación de ansiedad a la espera de qué va a hacer con su vida”, cuestiona María Jesús Vega, portavoz de Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Hasta que se resuelva su solicitud de asilo, los demandantes pueden permanecer en España recibiendo ayudas públicas aunque no obtienen todos los derechos de los beneficiarios de protección internacional. Por ejemplo, la reunificación familiar, que permite la concesión del mismo estatuto a los familiares en primer grado de los refugiados. “Se les está privando del derecho a ver cómo crecen sus hijos”, añade Vega.
El plazo máximo para responder a una solicitud de asilo es de seis meses, según establece la normativa de asilo nacional y europea. Sin embargo, el artículo 31 de la directiva 2013/32/UE de la Unión Europea, por la que España está siendo investigada, permite a los países alargar los procedimientos cuando “se espera que la situación incierta del país de origen sea temporal”. Para Vega, “no puede hablarse de temporalidad en la situación de países como Malí y Ucrania”, que continúan en situación de guerra desde 2012 y 2014, respectivamente.
Por otra parte, la normativa obliga a los Estados que retrasen determinadas resoluciones por el denominado “criterio de prudencia” a informar a los solicitantes de “los motivos del aplazamiento”. Según fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Ministerio del Interior incumple de forma sistemática al no notificar las razones del retraso a estas personas, como confirman desde los actores implicados. “Simplemente les siguen renovando la tarjeta pero no les informan del motivo por el que no les conceden el asilo”, aclaran en Cear. eldiario.es se ha puesto en contacto con el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz pero no ha recibido ninguna respuesta.
La directiva europea sobre el procedimiento para la concesión de protección internacional es una de las tres normativas que el Gobierno español está incumpliendo, según anunció este miércoles la Comisión Europea. Bruselas ha abierto procedimientos de infracción a 19 estados miembros debido a la falta de aplicación del sistema europeo común de asilo.
Malí y Ucrania están entre las cuatro nacionalidades que más solicitudes de asilo han presentado entre 2008 y 2015, junto con Siria y Nigeria. El conflicto en Malí, iniciado en enero de 2012, afecta principalmente a la zona norte del país, que se ve afectada por los enfrentamientos entre los grupos tuareg y árabes con el Estado central. El conflicto civil entre las milicias prorrusas y el Estado ucraniano asola el país desde abril de 2014.
Cear ya había denunciado en su informe anual que la Oficina de Asilo y Refugio, que se encarga de la tramitación de las solicitudes, aplica ese “mal llamado criterio de prudencia” para paralizar las peticiones de Mali y Ucrania. Desde enero de 2008 hasta junio de 2015 se presentaron 2.235 peticiones de Malí, según los datos redondeados de Eurostat. Durante el mismo periodo, solamente se ha decidido sobre 330 peticiones. Todas fueron rechazadas por la Oficina de Interior.
Los solicitantes ucranianos sufren la misma suerte. Desde enero de 2008 hasta junio de 2015 se han presentando más de 2.250 solicitudes de asilo. Interior solo ha tomado 175 decisiones en primera instancia durante el mismo periodo. Todas fueron rechazadas, al igual que las procedentes de Malí. Desde Cear y Acnur aclaran que las solicitudes resueltas provenientes de estos países se limitan a las personas originarias de las zonas seguras de ambos estados y que, por esa razón, sus peticiones son rechazadas.