Desde 2015, la gestión de las 79.500 personas migrantes y refugiadas atrapadas a día de hoy en Grecia ha sido comandada por el Ejecutivo progresista de Alexis Tsipras. Ahora que ha perdido la presidencia y el edificio que encumbra la mítica plaza Syntagma será hogar de los conservadores de Nueva Democracia, hay quienes temen que el nuevo Gobierno endurezca aún más las condiciones de los migrantes y refugiados.
A pesar de que no ha sido un tema relevante en campaña, en la primera semana de Gobierno sí se han anunciado cambios. La gestión migratoria deja de tener su propio ministerio y se integra en el de Protección Ciudadana, que llevará las competencias sobre seguridad, cárceles —antes en el Ministerio de Justicia— y personas refugiadas.
La nueva cartera estará liderada por el antiguo ministro del Gobierno del Pasok, Mijalis Jrisojoidis, uno de los más duros y agresivos contra los inmigrantes y defensor de grandes redadas policiales en Atenas que en 2012 suscitaron la denuncia de organizaciones como Amnistía Internacional. En aquella época, el Ejecutivo elevó el tono contra la inmigración, que llegó a calificar de “invasión”. En declaraciones junto al entonces ministro de sanidad, Jrisojoidis defendió que la presencia de personas sin papeles había convertido, en palabras de ambos, el centro de la capital en una “bomba para la salud”.
En su primer discurso público después de asumir de nuevo el cargo, Jrisojoidis ha enfatizado cuál será su primera línea de actuación: la seguridad. “Los ciudadanos deben sentir que su vecindario es suyo y me enorgullece hacer este trabajo para recuperar la confianza de los ciudadanos griegos”, dijo el ministro, quien también se mostró satisfecho de que la gestión migratoria volviera a formar parte de su cartera.
La seguridad ha sido uno de los temas principales que el nuevo Gobierno ha colocado en su agenda. En campaña, el nuevo presidente se comprometió a “poner orden” en el barrio ateniense de Exarjia (Exarchia, en la transcripción fonética anglosajona), foco de protestas de grupos anarquistas contra la policía. En los últimos años, este distrito, sin embargo, también se ha convertido en un símbolo de la acogida de refugiados, ofreciendo techo, impartiendo clases o dando asesoramiento gratuito a solicitantes de asilo de forma autogestionada. Ante la promesa de mano dura, hay quienes han empezado a clausurar los espacios ocupados en los que los acogían. Según indican dos activistas griegos a eldiario.es, a estos proyectos les queda poco tiempo de vida. “Antes de que lo haga el nuevo Gobierno conservador, creo que deberíamos cerrarlos nosotros”, apunta uno de ellos.
Desde las filas de Nueva Democracia han marcado también cuáles deben ser, a su juicio, los pasos a seguir en política migratoria. “El primer pilar es la protección efectiva de las fronteras, el segundo es la descongestión de las islas, el tercero es la rapidez en la resolución de las solicitudes de asilo y el cuarto es la creación de centros vigilados de recepción e identificación”, ha expresado por su parte el alcalde de Lesbos, Charalambos Athanassiou según recogen medios locales. Una voluntad que ya había manifestado el partido en campaña, “pero que no dicen cómo” se llevará a cabo, apuntan desde la ONG Holes in the Borders, que ofrece alternativa habitacional a jóvenes refugiados en situación de calle. “El nuevo Gobierno apenas ha anunciado medidas”, recalcan desde Atenas sus integrantes.
Exarjia, símbolo de la acogida al margen del sistema
María Escalona, de la ONG Balloona Matata, considera que este giro a la derecha en el Ejecutivo griego va a “endurecer” aún más la situación y alerta de que los migrantes van a pasar a estar bajo la lupa de las fuerzas de seguridad. “Se va a criminalizar a la gente que está en la calle, van a aumentar los cacheos, las intimidaciones, las devoluciones...”, advierte Escalona, que asevera que “va a ser inmediato”.
El activista Stelios Simeonidis recuerda que la situación de los refugiados viene deteriorándose desde hace tiempo. “Fue Syriza quien abrió Moria, fue Syriza quien dejó a la gente en Idomeni, quien persiguió activistas, quien ha desalojado edificios ocupados donde se alojaban refugiados…”, denuncia. Si esto ha ocurrido bajo una agenda “supuestamente de izquierdas”, Simeonidis sostiene que con el nuevo presidente Mitsotakis puede ocurrir cualquier cosa.
El recién electo primer ministro arremetió en campaña contra el que fuera estandarte de la acogida de refugiados en Atenas, el barrio de Exarjia. Referente de los movimientos sociales de izquierda, en el momento de mayores llegadas y colapso de las instituciones griegas, los edificios ocupados por los activistas de Exarjia llegaron a dar cobijo a entre 2.000 y 3.000 refugiados que quedaron fuera de los sistemas de protección gubernamentales.
Los llamados squats son antiguas escuelas, hospitales u oficinas que quedaron abandonadas por la severa crisis económica y fueron usadas de nuevo para atender a solicitantes de asilo. Fue una alternativa a las malas condiciones y falta de libertad de movimiento en los campos. Tres años después apenas quedan unos cientos de personas repartidas en menos de una decena de espacios ocupados.
Muchos han logrado encontrar un empleo y, cansados del “Perimene, perimene” (“Espera, espera” en griego) de la colapsada burocracia del país, se han buscado apartamentos por su cuenta, gracias a las redes tejidas estos años de bloqueo. Los más afortunados han podido marcharse gracias a los programas de reubicación europeos o han accedido a una vivienda de Naciones Unidas. Otros han decidido jugársela intentando cruzar de forma irregular la frontera.
Una de las squats más famosas y mejor gestionadas, y que acaba de cerrar sus puertas, ha sido City Plaza, un antiguo hotel de cuatro estrellas que llegó a albergar en condiciones dignas a cerca de 400 personas. Se daban tres comidas diarias, había servicio médico y los niños iban a la escuela, recuerda Rabee Abo Tarah, refugiado sirio que se encargó de la gestión y traducción al árabe en el hotel. Él ahora vive en Francia, donde fue reubicado hace casi dos años.
Sin embargo, los activistas de City Plaza decidieron poner fin al proyecto este jueves. Ya llevaban cerca de un año y medio gestionando su término, buscando alternativas y alquileres a sus inquilinos, y ha sido la amenaza del nuevo giro conservador lo que les ha llevado a adelantar la decisión: una evacuación forzada supondría para “muchos refugiados, especialmente aquellos en situación irregular, enfrentarse a consecuencias desproporcionadas como la deportación, la detención, etc.”, explica la organización en un comunicado.
“Tenemos que crear una alternativa, junto a la gente que vive en los squats, para que puedan volver a una vida normal”, explicaba Simeonidis. Señala, además, que durante los últimos meses el barrio ha sufrido una fuerte degradación que lo está convirtiendo en foco de reyertas y venta de droga. Una conflictividad que ha justificado el discurso de Mitsotakis y su insistencia en “limpiar Exarjia”.
Normalidad precaria en los campos de refugiados
La otra alternativa, sobre la que el Gobierno todavía no se ha pronunciado, son los campos de refugiados en diferentes puntos del interior de Grecia. Pese a que parecían estar a punto de cerrarse, muchas personas siguen sin encontrar dónde vivir y han tenido que ponerse en marcha de nuevo. Las críticas sobre sus condiciones vuelven a resonar. “Estamos a 38 grados y hay familias viviendo en tiendas de campaña”, afirma Natalia Pelaz, médica de Holes in the Borders. Explica que muchas ONG ya no tienen autorización para operar dentro de los campamentos ya que se considera que no existe una situación de emergencia como hace años.
Situados a varios kilómetros de las principales ciudades, estos campos suelen aprovechar la estructura de almacenes, granjas o hangares para resguardar las tiendas de campaña —en algunos casos contenedores metálicos— en las que viven familias enteras. Entre 2015 y 2016, hasta allí se desplazaban ONG que se repartían las labores sanitarias, la entrega de información sobre asilo, el abastecimiento y reparto de comida y las actividades educativas para los más pequeños. Ahora, los activistas consultados cuentan que apenas quedan organizaciones que cubran las necesidades básicas, pero las personas siguen allí. La precariedad se ha hecho rutina.
Las islas, “cárceles rodeadas de agua”
Lo peor son las islas, coinciden los activistas consultados por eldiario.es, que actualmente acogen a 15.800 personas. Pese al acuerdo con Turquía de 2016, que perseguía sellar la ruta marítima y redujo drásticamente el número de embarcaciones que alcanzaban el país heleno, Grecia ha vuelto a superar a España en llegadas, que se han incrementado también a través de la ruta terrestre atravesando el Río Evros.
En los centros de primera recepción de las islas, las personas refugiadas no deberían estar más de seis meses antes de ser transferidas al continente, donde tienen libertad de movimiento. Sin embargo, la lentitud de la burocracia y el hacinamiento hace que muchos lleven en estos campos más de 18 meses. El nuevo alcalde de la isla de Lesbos ha prometido que cerrará el centro de detención de Moria, muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. Es el mismo que aboga por la “creación de centros vigilados de recepción e identificación” para, dice, “no tener esta situación, la anarquía. Lo que existe y vemos todos los días en Moria y Mitilene con todo lo que esto conlleva para la economía por la seguridad de los ciudadanos, por su higiene y por la delincuencia”. En la isla griega, hay quienes han expresado su temor por el aumento del racismo entre población local.
El activista Nikos Vasilopoulus teme que las restricciones hacia los refugiados aumenten si la propuesta del alcalde de Nueva Democracia sale adelante. “Los campos se irán convirtiendo gradualmente en prisiones”, denuncia, “la gente tendrá que pedir permiso para entrar y salir”. Para Escalona, las islas ya son “cárceles rodeadas de agua” desde 2015. La situación, lamenta, es crítica, la gente sigue llegando y a no ser que se aceleren los traslados al continente, las personas seguirán hacinadas en ellas.
Durante años, las ONG internacionales han criticado lo que consideran una “política de contención” aplicada por las autoridades griegas y la Unión Europea en las islas, que, según han insistido, ha dejado en tierra de nadie a miles de personas, abocándolas a la desesperación. El Gobierno de Tsipras siempre alegó que estaba atado de pies y manos por el acuerdo alcanzado por la UE para frenar las llegadas. En virtud de este pacto, toda persona que llegara de manera irregular a las islas sería deportada a Turquía. A cambio de lo que muchos calificaron como el “acuerdo de la vergüenza”, el Gobierno turco recibiría 6.000 millones de euros.
Pesan los temores, pero también hay quien ve el lado positivo en el cambio de Gobierno. Los dos activistas griegos coinciden en que va a transformar los movimientos ciudadanos de solidaridad con los refugiados. Sostienen que estos están reactivándose después de años de somnolencia en los que “quisieron creer” que un Gobierno de Syriza ocuparía su lugar y haría “aquello por lo que habían votado”, apunta Simeonidis. Por eso confían en que, si vuelve la desafección, se abre una oportunidad para repensar, como sociedad, cómo ofrecer unas mejores condiciones de vida a quienes han llegado a Grecia huyendo de la guerra.