El Gobierno conservador de Suecia estudia una ley para obligar a los funcionarios a denunciar a los inmigrantes sin papeles

El Gobierno sueco, formado por una coalición de partidos liberales-conservadores (gracias al apoyo exterior de la ultraderecha), da un paso más en su cometido para aplicar la mano dura contra la inmigración. El Gobierno ha anunciado que está estudiando una proposición de ley para que los trabajadores del sector público tengan la obligación de denunciar ante las autoridades migratorias a personas sin permiso de residencia en Suecia. En la proposición se plantea que los funcionarios de instituciones gubernamentales como ayuntamientos y servicios públicos puedan correr el riesgo de enfrentarse a sanciones si no contactan con la policía cuando atiendan a una persona migrante en situación irregular. Sin embargo, las posibles sanciones aún no han quedado especificadas.

En la propuesta de ley también se incluye la posibilidad de reforzar las herramientas policiales para realizar controles aleatorios y tener pruebas de ADN para controlar la estancia de personas migrantes sin papeles. Los planes del Gobierno sueco, presentados a finales de agosto, tendrán que ser estudiados por una comisión antes de que la ley pueda ser discutida y tramitada en el Parlamento, lo que se prevé que se haga en el plazo de un año.

La medida forma parte del acuerdo que firmaron los tres partidos que están en el Gobierno (Partido Moderado, Liberales, y Demócratas Cristianos), con el partido de ultraderecha Demócratas de Suecia (SD). La formación antiinmigración SD quedó por primera vez en su historia segunda en las elecciones generales del 2022 y desde entonces está ejerciendo una fuerte influencia sobre el actual Gobierno en minoría, a pesar de mantenerse fuera del Ejecutivo.

El anuncio ya ha provocado la indignación y la preocupación entre amplios sectores en Suecia, desde los sindicatos de funcionarios hasta los ayuntamientos. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que la medida puede suponer el recorte de derechos básicos para las personas que no tengan una situación regularizada en el país, corriendo el riesgo de ser deportadas si acuden a algún servicio público.

“Combatir la sociedad en la sombra”

“Suecia tiene un problema creciente con las estancias ilegales, es decir, con personas que se quedan en el país y no tienen derecho a hacerlo”, afirmó la ministra de Migración, Maria Malmer Stenergard, en rueda de prensa junto a otros representantes de los cuatro partidos que firman la propuesta. “La denuncia obligatoria de ilegales en el sector público puede contrarrestar la sociedad en la sombra”, añadió en referencia a los migrantes sin papeles.

Desde las organizaciones civiles de derechos de los migrantes, como Civil Rights Defenders, se alerta de que “este es un camino equivocado para una sociedad democrática porque también tendrá efectos negativos en términos de acceso a los derechos más fundamentales para los inmigrantes indocumentados que viven en Suecia, ya que se pone en riesgo su derecho a la educación, a la atención sanitaria y a los servicios sociales”, dice a elDiario.es su director legal, John Stauffer.

Sanidad y educación

Uno de los puntos que ha levantado más controversia de la propuesta de ley es la posibilidad de incluir la obligación de denunciar a los migrantes en situación irregular que acudan a escuelas y centros sanitarios, ya que con la legislación vigente en Suecia la sanidad y la educación son derechos básicos garantizados para cualquier persona.

Este punto ha causado tensiones entre los Liberales y Demócratas de Suecia a la vez que ha provocado que organismos de gobierno regionales de los que dependen las competencias de sanidad y educación, como la Región de Skåne, se hayan opuesto con rotundidad a la medida.

A pesar de las duras críticas, la ministra Maria Malmer Stenergard no se mostró preocupada por este punto y subrayó que ahora la comisión de evaluación de la propuesta de ley tendrá que investigar la posibilidad de incluir excepciones sobre la obligación de denunciar en el ámbito sanitario y escolar: “El servicio de salud podría quedar exento de la obligación de denunciar a los inmigrantes ilegales. Aún no está claro si la escuela también podría estar exenta”, declaró la ministra.

“Es importante respetar las normas éticas, pero a la vez tenemos que encontrar un equilibrio entre todos los intereses y es muy importante mantener la inmigración de forma regulada y controlada”, añadió la responsable de la cartera de Migración.

El experto en derechos civiles, John Stauffer, subraya que las posibles excepciones en escuelas y centros sanitarios serían importantes para garantizar el acceso de las personas a los derechos básicos, pero sostiene que “aun así socavarán la confianza de las personas migrantes con las instituciones gubernamentales, aunque estén de forma legal en Suecia”.

“Tener personas sin papeles viviendo en una sociedad en la sombra puede ser problemático, pero esta propuesta no resolverá ese problema”, dice Stauffer. “Al contrario, llevará a estas personas a una situación en la que serán aún más vulnerables”.

Leyes para promover “un cambio de paradigma”

La ley de denuncias contra la inmigración irregular representa un punto más del acuerdo que firmaron las formaciones conservadoras junto con el partido de ultraderecha para fomentar un “cambio de paradigma”, tal y como lo denomina el Gobierno.

“Es importante ver esta propuesta como parte de un paquete más amplio y de mayor alcance que el Gobierno está impulsando”, enfatiza Stauffer. En el acuerdo de Gobierno presentado hace un año, bautizado como el Pacto del Tidö (en referencia al castillo donde se firmó), se recogen 33 puntos para reformar la legislación sobre inmigración y asilo. Entre las propuestas más destacadas, que algunas de ellas ya se están presentando en forma de proyectos de ley, se encuentra la posibilidad de retirar permisos de residencia permanente a inmigrantes y refugiados, poner más recursos y esfuerzos en promover las deportaciones voluntarias y endurecer los requisitos para conseguir la nacionalidad sueca.

Según Stauffer, estas medidas solo buscan “convertir a los migrantes en chivos expiatorios de los problemas de la sociedad y eso se extenderá no solo a las personas indocumentadas, sino también a las personas provenientes de entornos migratorios y a personas racializadas en general”, concluye.