El Gobierno aprueba el refuerzo de la frontera de Ceuta y Melilla y la retirada de las concertinas
El Ministerio del Interior retirará las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla en sus tramos “más vulnerables” y las sustituirá con un nuevo vallado que aporte control de estas fronteras pero “sin medios cruentos”. Así lo ha avanzado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha aprobado un plan dotado de 850 millones de euros para reformar las infraestructuras de seguridad del Estado en los próximos siete años.
Además de la reforma de las vallas fronterizas, el plan incluye reformar así como infraestructuras penitenciarias y también “obras de adecuación” en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Con respecto a este último punto Marlaska ha anunciado la creación de un nuevo CIE en Algeciras, muy criticada por organizaciones de derechos humanos.
Retirada de las cuchillas
La primera medida será la retirada de las concertinas en los tramos del vallado “más vulnerables”, es decir de aquellos que, bien por orografía o por otras circunstancias, son objeto de más intentos de saltos por parte de migrantes. En estas zonas, según ha avanzado el ministro, se colocarán “nuevos medios, siempre más seguros, que garanticen la seguridad de las fronteras” pero “sin medios cruentos”.
“El concepto de seguridad con humanidad inspira la decisión de este Gobierno, que anuncié nada más llegar al Ministerio, de reforzar la seguridad del sistema fronterizo de Ceuta y Melilla con elementos tecnológicos inteligentes que no resulten lesivos para las personas”, ha afirmado el ministro. El Ejecutivo avanzó el pasado junio su intención de quitar las concertinas, el alambre de cuchillas cortantes que se instaló en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Marlaska ha detallado que en junio de 2017 un informe de la inspección de Interior ya apuntó que las concertinas no son un elemento “disuasorio” para las personas que tratan de acceder a España por el vallado en Ceuta y Melilla.
“El informe ponía de relieve que hay muchos puntos vulnerables y que diversos elementos técnicos con los que tienen que trabajar los agentes de la Guardia Civil allí destinados están obsoletos y no cumplen ni de lejos la necesaria función de prevención y control de los flujos migratorios irregulares”, ha apuntado el titular de Interior, quien ha criticado que el documento “estaba en un cajón y evidentemente no se había cometido ninguna de las reformas sugeridas”.
El objetivo de las obras recogidas en el plan, ha dicho Grande-Marlaska, será una “mayor seguridad en el control, es decir, adecuación a los márgenes de seguridad importante que permite el estado de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial”. Asimismo, ha subrayado la “coordinación de esfuerzos y la transparencia” con Marruecos en el control migratorio.
A lo largo del año 2019, el Gobierno ha acordado instalar un nuevo sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), es decir, tecnología de videovigilancia, en el perímetro fronterizo de Ceuta, así como una “mejora de la red de fibra óptica y la ampliación” del sistema de videovigilancia en la frontera de Melilla.
El plan también incluye obras para adecuar las zonas de tránsito de peatones en el puesto fronterizo de El Tarajal de Ceuta. En este paso y en el de Beni Enzar, en Melilla, se incorporará un programa de reconocimiento facial, según ha adelantado el ministro del Interior. Las actuaciones a medio plazo irán encaminadas a una “reforma integral” del puesto de El Tarajal y avanzar en “una nueva frontera inteligente” en el paso melillense.
Reforma “integral” de los CIE
Otro de los proyectos incluidos en el plan de Interior aprobado este viernes consiste en el impulso de “una reforma integral de los ocho CIE existentes”, que se realizará durante un periodo de tres años. El primer centro que se construirá bajo este “nuevo modelo” se localizará en Algeciras. El anterior Gobierno firmó un protocolo de intención para construir el nuevo CIE en una parcela cuya cesión por parte del consistorio gaditano se ha concretado en un convenio suscrito el pasado noviembre.
Según ha explicado el ministro, “se trata de plan urgente de actuación para aproximarse a los requerimientos legales y huamanitarios”.
“Con estas obras se atienden las observaciones de los jueces de control y resto de organizaciones nacionales e internaiconales que señalaban que estos centros no reúnen las condiciones idóneas”, ha defendido Grande-Marlaska.
Sin embargo, las ONG exigen el cierre de los centros de internamiento para extranjeros porque, denuncian, su mera existencia supone una “vulneración de derechos humanos” debido a que en ellos se encierra a personas que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa.
