Transportar a la fuerza a inmigrantes sin permiso de residencia a sus países de origen sube de precio. Este año, el coste de hora de vuelo de deportación se encarece en torno a un 10% respecto a las tarifas previas y puede llegar hasta los 22.000 euros por hora para los aviones de mayor capacidad, según las bases del concurso emitidas por el Gobierno. El Ejecutivo ha abierto el concurso público de estos servicios para este año, con un presupuesto de 11.985.600 euros, cerca de siete millones para 2015 y casi cinco para 2016. Las empresas podrán presentar sus solicitudes hasta el 23 de febrero.
De estos vuelos, criticados por ONG y organismos internacionales por la violencia policial y la vulneración de los derechos humanos de las personas que se convierten en pasajeros forzosos, apenas se saben datos. Al menos, oficiales, ya que las autoridades rechazan aportar información de los mismos al considerarlos operaciones policiales. Sin embargo, gracias a la convocatoria pública de sus servicios podemos conocer el coste del vuelo por hora.
Las cifras que marca el Ministerio del Interior varían en función de la capacidad de la nave, desde los aviones con 75 plazas hasta los que cuentan con más de 200 asientos. En todos los casos, según los datos que recoje el estudio sobre los vuelos de deportación de la Campaña por el Cierre de los CIE Paremos los vuelos, los precios aumentan en torno a un 10%.
Una hora en el aire de recorrido en las naves más pequeñas se pagará a 9.000 euros en 2015. Hasta el momento, se abonaban 8.500 euros. Si se trata de un avión de 76 a 120 plazas, la hora costará 10.500 euros; de 121 a 200 asientos el precio se situará en 17.000 euros. Por últimos, los 22.000 euros la hora de los vuelos de más de 200 pasajeros se pagaban hasta ahora a 20.000 euros.
La cantidad total de qué supone a las arcas públicas expulsar a estas personas se desconoce. Al gasto de los vuelos hay que añadir, entre otros conceptos, el coste de desplegar a un gran número de efectivos policiales para la deportación. Según el procolo policial sobre estos vuelos, el número de escoltas, como mínimo, debe igualar la cifra de personas expulsadas. En el equipo siempre deberá estar integrado, además, un médico y un ATS.
Para Eduardo Romero, de la Campaña por el Cierre de los CIE, colectio que realiza seguimiento de las deportaciones, el precio no es lo más importante. “Pero demuestra que detrás de la violencia que sufren estas personas hay un negocio y que hay empresas que se están beneficiando de ello”, critica.
Compromiso de silencio
Entre las condiciones técnicas y económicas, una de las exigencias que deben cumplir las empresas adjudicatarias del servicio es la confidencialidad. Lo que ocurre en el avión se queda en el avión.
“Todos los tripulantes de la aeronave, tanto de la tripulación técnica como la auxiliar, como cualquier otro empleado del adjudicatario que viaje a bordo (...), serán previa y adecuadamente instruidos por el propio adjudicatario en el sentido de que deben observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en todo en cuanto se refiera a los servicios objeto del mismo como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, (..) y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo”, reza el pliego con las prescripciones técnicas para los solicitantes.
El secretismo queda así establecido, negro sobre blanco, mediante el contrato con los adjudicatarios. Las denuncias de las personas expulsadas –como la sujeción a la fuerza de los pasajeros, la imposición de mascarillas “contra el vómito”, o la sedación de algunos de los ocupantes permitidas por el protocolo policial “por razones de seguridad”– no contará de este modo con la versión del resto de pasajeros del vuelo.
Eduardo Romero afirma que “lo que nos llega de los vuelos es lo que nos cuentan los inmigrantes generalmente. Aunque hemos hablado con algunos pilotos que nos han contado que, por ejemplo, en Air Europa hay 12 auxiliares de vuelo dedicados exclusivamente a las deportaciones”. De momento, más allá de las filtraciones, la información continúa limitada por contrato.