“España violó mis derechos. Ahora espero que el Tribunal ponga fin a las 'devoluciones en caliente'. No puedo aceptar que unos seres humanos sean capaces de tratar a otras personas de tal forma. Quiero que se haga justicia para los que somos pobres y vulnerables, para los que no tenemos voz”. Son las palabras de N.D. en su declaración para la vista ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Es una de las dos personas que, según concluyó el tribunal hace casi un año, fueron expulsadas de forma ilegal en 2014 en la valla de Melilla.
La decisión fue recurrida por el Gobierno del PP y ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a defender ante Estrasburgo su gestión del flujo migratorio, en la vista pública celebrada sobre este caso por el que el tribunal ya condenó a España.
En ella, el representante del Gobierno ante el TEDH, Rafael León, ha diferenciado entre la “inmigración económica” del caso examinado y la de los refugiados sirios y de otros países en guerra, en la misma línea de los argumentos esgrimidos por el exministro Jorge Fernandez Díaz. En este caso, dijo, “el principio de no devolución no se aplica” y ha defendido que las personas pueden pedir asilo en la oficina fronteriza de Beni Enzar (Melilla), la misma justificación que utilizaba el Ejecutivo del PP.
Sin embargo, aunque esta oficina sí ha recibido peticiones de protección internacional desde su creación, los potenciales refugiados que logran acceder a este punto tienen un denominador común: la gran mayoría de ellos no son negros. Las personas negras en situación irregular no pueden llegar a la zona española, donde se sitúan estas dependencias, porque el control del país vecino les frena, tal y como ha recordado comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, presente en la vista.
El letrado ha vuelto a recurrir al argumento de la supuesta violencia empleada por los migrantes que han saltado la valla este verano recordando que varios agentes de la Guardia Civil han sido heridos en los “asaltos masivos” de la valla con “piedras, cuchillos y armas de fuego”. Se ha dirigido a los jueces para señalarles: “Ustedes están en su casa con su familia y ofrecen protección. Vienen personas golpeando las ventanas y ustedes las cierran. ¿Quién es el violento?, ¿quién es razonable y quién no?”.
La vista ha escuchado a las partes en el reexamen del fallo de Sala de octubre de 2017, que concluyó que la devolución de los inmigrantes N.D. de Mali y N.T. de Costa de Marfil fue una “expulsión de carácter colectivo”, contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo señaló además que España no protegió el derecho de los demandantes a un recurso efectivo y condenó al Estado español a abonar a cada una de las personas demandantes 5.000 euros de indemnización. La sentencia de la Gran Sala se hará pública en los primeros meses de 2019.
Según concluyó Estrasburgo en el fallo que el Gobierno quiere revocar, los demandantes saltaron la valla el 13 de agosto de 2014, fueron esposados y entregados a las autoridades marroquíes “sin ninguna medida administrativa o judicial previa” y “sin acceso a intérpretes y a una asistencia jurídica”. Ambos volvieron a intentar sin éxito saltar la valla de Melilla en octubre y diciembre de 2014. El primero se encuentra en Mali y el segundo está en el sur de España, según su defensa.
Mijatovic y la representante de la Agencia de la ONU para los refugiados, Grainne O'Hara, han considerado por su parte que la presión migratoria “no justifica actuar sin los valores del Convenio”. O'Hara ha recordado que, en los últimos años, “1.500 personas han sido expulsadas sin identificar en Ceuta y Melilla”.
Los abogados de los demandantes, el alemán Carsten Gericke y el español Gonzalo Boye, han defendido sus argumentos de la sentencia de Sala y afirman que “España intenta justificar su comportamiento ilegal por la presión migratoria”. Asimismo , apuntan que, según cifras del anterior comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de las demandas de asilo solicitadas en la UE en aquella época, solo un 2% correspondían a España.
En una conversación con eldiario.es, Boye ha acusado a España de “generar confusión”, ya que en su opinión se quiere centrar el caso en la cuestión del asilo y “nosotros lo que decimos es que tenían derecho a ser identificados y a un recurso efectivo”.
“No hemos visto diferencia en la postura española”
“No hemos visto diferencia entre la postura española anterior y la actual tras el cambio de Gobierno”, indica Boye, quien reitera que “Pedro Sánchez firmó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley mordaza, que va en nuestra línea, y el Reino de España viene hoy aquí a defender una línea totalmente opuesta”.
Desde la oposición, el presidente del Gobierno se posicionó en la primera línea de batalla contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluía la regularización del “rechazo en frontera”. El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad contra su legalidad, pendiente de resolución en el Alto Tribunal.
Durante la vista, León ha defendido que “la no admisión de extranjeros no significa expulsión” y ha preguntado a los jueces del Tribunal de Estrasburgo. En un escrito presentado el pasado agosto ante el tribunal europeo, la Abogacía ante Estrasburgo argumentaba, en la misma línea, que “no hay una expulsión sino una prevención de entrada”. “No lograron superar la línea policial” por lo que, añadían, no entraron “en la jurisdicción española”.
El argumento vuelve a resultar familiar. La hipótesis conocida como la “frontera flexible”construía una de las principales líneas de defensa de las devoluciones en caliente por parte del Partido Popular. En base a ello, el suelo español no empezaba a los pies de la valla hispano-marroquí, sino que su inicio estaría ligado a la línea imaginaria formada por los agentes de la Guardia Civil.
La primera vez que Jorge Fernández Díaz, entonces titular de Interior, desarrolló esta idea ante el Congreso de los Diputados, causó la perplejidad entre los parlamentarios de la oposición y el rechazo de juristas especializados.
Bajo esta teoría, el Gobierno de Rajoy consideraba que los migrantes que saltaban la valla no llegaban a suelo español hasta que no superaban la “totalidad del dispositivo antiintrusión”, que incluía el despliegue policial. Según su argumentario, no habría una 'devolución en caliente' sino un 'rechazo en frontera'. A su juicio, los migrantes no habrían entrado a España a pesar de sortear la alambrada fronteriza.
Esta teoría quedó desacreditada por el propio TEDH. “Desde el momento en que los demandantes bajaron de las vallas, estaban bajo el control continuo y exclusivo de las autoridades españolas”, señaló el Tribunal en el fallo que condenó a España por estas prácticas.
Desde Interior aseguraron a eldiario.es que el Ejecutivo “continúa con la intención de abandonar las devoluciones en caliente” pero tomó la decisión de mantener el recurso del PP para “esperar a la decisión de la Gran Sala”. Su objetivo, dice, es conocer su argumentación con el objetivo de “tener el marco jurídico adecuado” con el que, en su caso, modificar la ley que trata de amparar estas prácticas.
La sentencia aún tendrá que esperar. “La causa de N.D. y N.T. contra España ante el TEDH es un caso clave para los derechos de refugiados y migrantes. EL TEDH deberá determinar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos también aplica en las fronteras externas de la UE y que refugiados y migrantes tienen que tener acceso a derechos”, ha concluido Wolfgang Kaleck, Secretario General del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR).
El Consejo de Europa pide el fin de estas prácticas
El pasado 6 de septiembre, el Consejo de Europa volvió a dar un tirón de orejas a España por las devoluciones en caliente de los migrantes que tratan de acceder a Ceuta y Melilla. El representante especial del secretario general del Consejo sobre migraciones y refugiados, Tomas Bocek pidió a España cesar estas prácticas y reitera la petición que lleva años haciendo el organismo: crear un protocolo de actuación para los agentes fronterizos en Ceuta y Melilla para saber cómo actuar en las expulsiones de migrantes.
El Gobierno de Mariano Rajoy dejó pendiente este protocolo cuando trató de amparar las devoluciones en caliente bajo la figura de los “rechazos en frontera” en la Ley de Seguridad Ciudadana (la denominada 'Ley Mordaza'). Los “rechazos” son las expulsiones en las vallas de las ciudades autónomas, que según el texto de la norma deben respetar el derecho internacional, pero no se han dado directrices a los agentes fronterizos para hacerlo.
En la práctica, no lo hacen tal y como han denunciado Acnur y el propio Consejo de Europa. Sin identificación, asistencia letrada ni opción de pedir protecciones internacional, las expulsiones no cumplen los mínimos exigidos por la legislación internacional.