Querían viajar a España para identificar los cuerpos de sus hijos, ver la playa del Tarajal donde les cuentan que murieron entre pelotas de goma y botes de humo, visitar las tumbas donde dicen que están. Pero el Gobierno considera que “el objeto de su viaje no ha sido justificado” y ha denegado los visados de las familias de las víctimas de las muertes de Ceuta que, entre otros motivos, pretendían presionar para someterse a las pruebas de ADN necesarias para identificar los cadáveres hallados en aguas españolas que continúan enterrados sin nombre.
Más de dos años después de la muerte de 15 personas en un intento de entrada a Ceuta repelido por la Guardia Civil con material antidisturbios, solo uno de los cinco cuerpos hallados en España ha sido identificado. Los familiares de las víctimas continúan sin saber con seguridad dónde se encuentran los restos mortales de sus seres queridos y todos los intentos de su abogada, que ha solicitado a la Guardia Civil el estudio de las pruebas de ADN realizadas a través de sus propios medios en Camerún, han resultado infructuosos.
Apoyados por la ONG Caminando Fronteras y por la Open Society Fundation, 14 miembros de la Asociación Familias Víctimas del Tarajal (en su mayoría madres y hermanos de las víctimas) solicitaron un visado de estancia temporal en la Embajada de España en Camerún para visitar diferentes puntos del país, mantener reuniones con organizaciones y representantes políticos y viajar a la ciudad autónoma. Después de tantas trabas, estaban decididos a recoger apoyos de la sociedad española y ser ellos mismos quienes pidiesen ante el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta la realización de una prueba de ADN. Estaban decididos a poner nombre a los nichos con placas vacías donde reposan los cuerpos hallados en la ciudad tras la tragedia de Ceuta.
Tampoco ha funcionado. La Embajada de España en Camerún ha rechazado la concesión de los visados porque, según expone la resolución de la solicitud, “el objetivo de la estancia planeada no ha sido justificado”. El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, añade que el solicitante “no ha proporcionado las pruebas para demostrar que tiene medios de subsistencia suficientes para la duración de la estancia planificada ni el regreso al país de origen”.
De esta forma, la Embajada resuelve que “su voluntad de salir del territorio europeo antes de la expiración de la visa no se ha podido demostrar”. Es decir, el Gobierno teme que los familiares de las víctimas pretendan permanecer en territorio Schengen de forma irregular.
“Hemos cumplido todos los requisitos que establece la normativa, no entendemos cómo pueden decir que el objeto de su viaje no está justificado. ¿Ver las tumbas de sus hijos no está justificado? ¿Intentar identificarles tampoco?”, dice Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras, a eldiario.es.
La petición de los visados iba acompañada de cartas de invitación de la fundación estadounidense Open Society (OSF) y la ONG Caminando Fronteras, afincada en Tánger. Ambas organizaciones se declararon responsables jurídicas de las 14 personas ante la Embajada de España, lo que incluye sufragar todos los gastos derivados del viaje y del regreso de los familiares de las víctimas a Camerún.
Helena Maleno asegura que su colectivo y la OSF también se han hecho cargo de todos los costes administrativos derivados de la tramitación de los visados que, apunta, han estado en torno a los mil euros. Por su parte, el alojamiento durante su estancia estaría en manos de la ONG Sercade (Servicio Capuchino para el Desarrollo).
“La resolución no se sostiene. Todo estaba justificado. Estamos trabajando en el recurso e iremos hasta un contencioso. Por el dolor, otro más, de las familias”, afirma Maleno.
Obstáculos desde el principio
Ningún representante gubernamental se ha puesto en contacto con las familias de las víctimas de las muertes de Ceuta, quienes dos años después de aquel 6 de febrero se han organizado para pedir justicia a través de la Asociación Familias Víctimas del Tarajal.
“Mi madre está muy abatida por el dolor, por el hecho de no poder ver el cuerpo de su hijo ni el lugar donde está enterrado. Está entre el dolor y la esperanza de recibir una llamada de su hijo diciéndole que solo estaba perdido, que no ha pasado nada”, reconocía hace cuatro meses Feric, portavoz de la Asociación. El cuerpo de su hermano aún no ha sido identificado y los datos de la ONG Caminando Fronteras apuntan a que se encuentra en Ceuta.
Los cinco cadáveres hallados en aguas españolas fueron enterrados poco más de 24 horas después de su localización. A falta de disposición oficial para identificar a las víctimas, las organizaciones sociales realizaron todas las gestiones para tratar de unir el nombre de los desaparecidos el 6 de febrero en la frontera de Ceuta con los cuerpos enterrados en Ceuta. Tan solo se logró la identificación de una persona. La Guardia Civil puso nombre meses después a uno de los cuerpos, el de Nana Chimie Roger, gracias a un teléfono móvil que guardaba en sus pantalones. Para el resto, los agentes necesitaban datos que, aunque fueron ofrecidos por la ONG Caminando Fronteras, fueron ignorados, según afirma Maleno.
“Las madres pensaban que por fin iban a ver las tumbas. Pensaban que por lo menos se les iba a escuchar. Que la justicia que no encuentran en los juzgados podría llegar a través del consuelo cuando se reúnen contigo, cuando te escuchan. Pensaban mitigar la ansiedad en el Estado español y ver ellas mismas si han identificado los cuerpos de sus hijos”, describe Helena Maleno después de hablar con las familias de las víctimas.
Pensaban visitar el cementerio de Santa Catalina, el lugar donde los restos mortales de sus hijos podrían reposar en algunos de los centenares de nichos sin placa. “Para hacer el duelo, nos dicen que necesitan coger un poco de la tierra con la que piensan que han sido enterrados. Íbamos a ir a ver la tumba de sus hijos y, al ver el nicho, y entender que no había arena, podrían traerla de la playa donde murieron”, añade Helena Maleno. “Tampoco les han permitido esto”.
El padre de Bikai Luc Firmin, otra de las víctimas, explicaba hace unos meses la dificultad de reparar el dolor en estas circunstancias de desconocimiento. “No sé cómo ha sido el entierro de mi hijo. ¿Le cubrieron con una sábana blanca? No lo sé. ¿Le bendijo un imán o un sacerdote? No lo sé. ¿Estaba vestido? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé”. De momento, seguirá sin saber.