El Gobierno ya no apoya el acuerdo con Turquía para llevar a cabo expulsiones colectivas de refugiados de suelo europeo a Ankara, que viola la Convención de Ginebra y varias directivas europeas sobre demandantes de asilo. La corrección ha venido del ministro español de Exteriores y Cooperación en funciones, José Manuel García-Margallo, que asegura que el acuerdo alcanzado el pasado lunes es “inaceptable”. Hace solo una semana, el Ejecutivo respaldó el pacto de dotar al Gobierno turco con otros 3.000 millones para que se encargase de todos los “nuevos” refugiados que lleguen a las islas griegas.
“Esa propuesta nos pareció desde el primer momento, desde el punto de vista del Gobierno, inaceptable”, ha asegurado García-Margallo a su llegada al Consejo de Exteriores de la UE. Pero esta postura supone un cambio con respecto a la adoptada por Mariano Rajoy, que respaldó la propuesta que hizo en el Consejo Europeo su presidente, Donald Tusk, para que Bruselas y Ankara se intercambiasen a los sirios que llegan a Grecia tras huir de su país por otros que ya están en suelo turco.
Según Margallo, España ahora sí “condena la posibilidad de expulsiones colectivas” y pide “que todo el que llegue a territorio de la UE tenga derecho a un tratamiento individualizado”. El ministro sostiene que ese retorno de los refugiados “ha de ser a un país seguro”, y apuntó que Turquía ha firmado la convención de Ginebra pero no “el protocolo que hace extensibles los derechos concedidos a ciudadanos de otros países, en concreto Siria”.
“Turquía ha dado garantías de que adoptará las medidas equivalentes a ese protocolo para que la protección a los refugiados sea absoluta”, precisó, y agregó que “me tranquiliza que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) esté trabajando en ese tema”. La ONU ya rechazó el acuerdo por no ajustarse a la legislación europea.
El ministro español recordó que en la cumbre del día 7 “no hubo ningún acuerdo” sino “una simple declaración”.
“El embajador (español en Bruselas) recibió instrucciones de ajustar esa oferta de Turquía a la legalidad internacional, al respeto a los derechos humanos”, de cara a la nueva cumbre del jueves y el viernes en que los líderes europeos volverán a reunirse con Davutoglu para intentar cerrar un pacto.
“Entendimos que era contraria a la legalidad internacional, a la Convención de Ginebra, los tratados europeos, el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la UE, a las directivas europeas de retorno, y que había que corregir esos defectos”, subrayó.
Así, enfatizó que España “sólo aceptaría negro sobre blanco un acuerdo coherente, compatible y obediente con la ley internacional y extraordinariamente respetuoso con los derechos” de estas personas.
Según García-Margallo, las solicitudes de asilo en Grecia “se tienen que tramitar en Grecia, según el acuerdo de Dublín”.
Por otra parte, el ministro señaló que para fijar la posición de España “es necesaria la aquiescencia” del Congreso de los Diputados al igual que ocurrió con el reciente acuerdo para intentar garantizar la permanencia del Reino Unido en la UE.