Meloni blinda con un decreto sus centros de internamiento para migrantes en Albania tras el varapalo de la Justicia italiana

Giorgia Meloni no quiere dar marcha atrás, no quiere que el plan de deportaciones a Albania, que se ha convertido en un modelo en la UE, acabe en un fracaso, después de que el viernes un Tribunal de Roma rechazara avalar la detención de los primeros 12 migrantes en los centros construidos por Italia en suelo albanés. Y así, tras dos días de ataques a los magistrados que recordaron los tonos más ásperos del eterno pulso entre Silvio Berlusconi y la justicia, la presidenta del Gobierno ha redoblado la apuesta en un Consejo de ministros reunido en la tarde de este lunes para aprobar un decreto cuya urgencia sólo se justifica con la intención de blindar lo antes posible esos enclaves de jurisdicción italiana levantados al otro lado del Adriático.

El decreto ley –con un rango superior al decreto ministerial vigente hasta ahora– establece una lista de “países seguros” para sortear el veto opuesto por los magistrados que se apoyaban en una reciente sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europa que, el pasado 4 de octubre, dictó que un país puede ser considerado seguro solo si realmente lo es en su totalidad. Una definición que eliminaba de facto de la lista a varios países, entre ellos Túnez, Egipto y Bangladés. Estos últimos dos eran los estados de procedencia de los 16 migrantes deportados en un primer momento a Albania, antes de que, pocas horas después del desembarco, cuatro de ellos tuvieran que ser devueltos a Italia, dos por ser menores y dos por ser considerados “vulnerables”.

El fallo de los jueces ponía en entredicho uno de los pilares del protocolo operativo firmado por Italia y Albania hace un año para la apertura de los centros en las localidades albanesas de Gjader y Shengjin: allí solo deberían ser enviados los hombres adultos rescatadas por las autoridades italianas en el Mediterráneo procedentes de países considerados seguros.

“Esto convierte en una norma primaria (...) para ofrecer la aplicación de una ley de interpretación inequívoca, a nuestro juicio. Lo digo con gran respeto por la magistratura”, ha afirmado en una rueda de prensa el ministro del Interior, Matteo Piantedosi. “Se trata de una lista de 19 países, frente a los 22 previstos inicialmente”, ha subrayado el responsable de Viminale. “Los que hemos excluido son Camerún, Colombia y Nigeria sobre la base de consideraciones que proceden precisamente de aquella sentencia de la Corte de Justicia de la UE que de alguna manera había introducido un criterio de valoración de la integridad del territorio de los países que se ven afectados por esta declaración. La operación que hemos hecho es resumirlas en una norma de ley, elevándolas así al rango de norma primaria, y ello también por una lógica de crear uniformidad de criterio en el territorio nacional”, ha añadido.

La procedencia de “países terceros seguros” permite la aplicación de otro de los pilares del plan albanés: la aplicación de un procedimiento acelerado para el examen de las solicitudes de asilo, que recorta los tiempos para la primera evaluación hasta 28 días y reduce a siete el plazo para presentar recurso en caso de un primer rechazo por parte de las comisiones encargadas, que, en el caso de los migrantes deportados a Albania, gestionan los trámites por videoconferencia.

Para el ministro de Justicia, Carlo Nordio, el blindaje aprobado por el Consejo de mInistros debería ser suficiente a evitar otras sentencias como las del Tribunal de Roma que él tacho de “anormal”, en unas declaraciones por las que la oposición pidió su dimisión. “Si el poder judicial se desborda, debemos intervenir”, afirmó Nordio. “La sentencia del Tribunal de la UE no fue desaplicada por nosotros, sino malinterpretada por nuestros jueces. La definición de país seguro no puede depender del poder judicial, sino que es una evaluación política dentro de los parámetros del derecho internacional”.

Sus palabras fueron la antesala de dos días de una ofensiva verbal por parte de varios representantes del Gobierno contra la “justicia politicizada” y las “togas rojas”, que acabaron con la publicación el domingo por parte de Meloni de fragmentos descontextualizados de un correo enviado por un magistrado en el que parece que los jueces se unan contra el Gobierno.

“Encontraré una solución también a este problema”, había dicho Meloni desde Beirut el viernes, tras tachar la decisión de los jueces de “prejuiciosa”. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha recurrido este martes el auto ante el Tribunal de Casación. Como llevan repitiendo varios expertos en los últimos días, no está nada claro que el atajo encontrado por el Gobierno liderado por el partido ultra Hermanos de Italia sirva para blindar de verdad el plan que Meloni quiere defender cueste lo que cueste.

En un sentido no figurado, los costes que los centros han supuesto y supondrán en los próximos años –unos mil millones de euros, según las estimaciones– han sido objeto de una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por parte del opositor Movimiento 5 Estrellas (M5S).

Pero el coste más alto –denuncian desde hace meses abogados y ONG– lo pagan los migrantes que se convierten en piezas del engranaje de este nuevo experimento, bendecido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, de erosión del derecho de asilo.