Han pasado seis meses desde la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Estado español por el incumplimiento de las cuotas de reubicación de refugicados pactados con la UE en 2015, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras recibir una demanda de ejecución por parte de la acusación popular, el Ejecutivo ha respondido preguntando al Supremo “cómo cumplirla”, según ha anunciado la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí. A su juicio, ya no hay personas pendientes de ser reubicadas en Grecia e Italia, algo que niega la ONG denunciante.
“Cumplimos las sentencias pero nos tienen que decir cómo tenemos que cumplirlas”, ha respondido Rumí, preguntada sobre si los presupuestos planteados para 2019 contemplan el cumplimiento de la condena, como se había comprometido el presidente del Gobierno tras el anuncio de esta.
Tras recordar que se trata de un incumplimiento de los compromisos de acogida perpetrado por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, Rumí ha defendido que, transcurridos más de tres años, “aquellas personas no están esperando donde estaban” por lo que su departamento se encuentra a la espera de que el Supremo le diga “de dónde” traer a los refugiados “objeto de reubicación”.
Desde la asociación que interpuso el recurso contra el gobierno por el incumplimiento de las cuotas, Stop Mare Mortum, aclaran a eldiario.es que “la Sala del Supremo no es el órgano competente para decir cómo tiene el Gobierno que cumplir la sentencia sino que es el Ejecutivo el que tiene que encontrar la manera”. Además, fuentes de la ONG apuntan que “lejos de la voluntad de cumplimiento” esgrimida desde la Secretaría de Estado de Migraciones, “el Abogado de Estado ha evidenciado que le Gobierno no quiere cumplir” con la sentencia.
En julio de 2018, el Tribunal Supremo condenó a España por no cumplir con la reubicación de 19.000 solicitantes de asilo provenientes de Grecia e Italia, un compromiso alcanzado con los Estados miembros de la Unión Europea durante la llamada crisis de refugiados.
Desde entonces, las llegadas de migrantes a Italia y a Grecia han experimentado una caída con respecto a las cifras alcanzadas entonces, pero la ONG denunciante, Stop Mare Mortum, asegura que todavía hay solicitantes de asilo bloqueados en las islas griegas que podrían ser reubicadas a España.
Desde la Secretaría de Estado de Migraciones confiesan que desconocen cómo localizar esos perfiles por lo que han solicitado una respuesta por parte del Tribunal Supremo. “Estamos a la espera de que el tribunal nos diga de donde podemos traer a esas personas que son objeto de reubicación”, sostiene Rumí, quien añade que el Ejecutivo también “lo ha puesto en consideración de la Unión Europea”.
Según el Ministerio de Inmigración griego, en Grecia viven alrededor de 70.000 refugiados, de los cuales 11.900 lo hacen en las islas del Egeo y 3.500 son menores no acompañados. Amnistía Internacional ha denunciado en varias ocasiones las “precarias condiciones” en las que residen los solicitantes de asilo en el campo de Moria (Lesbos), que acoge a alrededor de 5.000 personas a pesar de que tener capacidad para un máximo de 3.100 migrantes.
En cuanto a los acuerdos de reasentamiento anuales de los que forma parte el Ejecutivp, la secretaria de Estado de Migraciones ha recordado sus planes de acoger en 2019 a 1.200 refugiados desde países de tránsito del norte de África, una cifra aprobada el pasado diciembre en el Consejo de Ministros.
Esta operación de reasentamiento se realiza en el marco del cumplimiento a la Ley española de asilo de 2009, que establece que el Consejo de Ministros acordará anualmente el número de personas que podrán ser objeto de reasentamiento en España, una vez pactado con la Unión Europea.