El Consejo de Ministros ha aprobado el reglamento que regula el funcionamiento de los Centro de Internamiento para Extranjeros que, según la Ley de Extranjería, debería haber entrado en vigor en 2010. La norma mantiene las características básicas de los CIE, aunque incluye una serie de novedades con el supuesto objetivo de profundizar la división entre la seguridad del centro, que sigue a cargo de la Policía Nacional, y los servicios asistenciales internos de los que se encargará personal público y ONG, algo que ya se hacía en algunos centros. No obstante, la dirección de cada CIE y las competencias para determinar las normas internas siguen siendo policiales.
El reglamento no modifica la esencia de los Centros de Internamientos para Extranjeros, que continúan definidos como “establecimientos no penitenciarios destinados a la custodia preventiva o cautelar para garantizar la expulsión de inmigrantes” en situación irregular o “para la deportación de extranjeros a cambio de suplir una condena penal”. El periodo máximo de estancia se mantiene: los internos podrán permanecer encerrados durante un periodo máximo de 60 días.
Intenta profundizar en la diferencia de dos ámbitos dentro de los CIE. Por un lado la seguridad, a cargo de la Policía y, por otro, la asistencia social, cultural y jurídica que será cedida a personal público u ONG “en virtud de convenios que a estos efectos se consigan”, ha especificado el ministro de Interior en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La subcontratación de ONG para la asistencia social ya se hacía en algunos centros, por ejemplo a través de Cruz Roja.
Sin embargo, la dirección del centro continuará a cargo del Cuerpo Nacional de Policía y la normativa interna dependerá de cada centro, algo criticado durante años por organizaciones de defensa de los derechos humanos, recordando que los CIE no son centros penitenciarios.
La norma desarrolla las condiciones en las que viven los internos de los CIE. Según ha especificado el ministro, el texto garantiza el derecho a ser informados de su situación y de las resoluciones que les afecten en su idioma, velar por el respeto de su vida, recibir asistencia médica y sanitaria y ser atendido por los servicios sociales, comunicarse “libremente” con su abogado y con los representantes consulares de su país, recibir visitas, presentar quejas y peticiones, y contactar con ONG.
Fernández Díaz no ha especificado los detalles de cada uno de estos derechos recogidos en el texto definitivo. Interior solo añade que “se ejercerán atendiéndose a las normas de funcionamiento del centro”. El director, que continúa siendo un policía, determinará las “normas del régimen interior” en relación a los horarios, comunicaciones, actividades recreativas, facilitación de las prácticas religiosas, envío y recepción de paquetes.
De esta forma, cada CIE tendrá unas órdenes diferentes en relación a estos aspectos. Por tanto, no atienden a las recomendaciones efectuadas por los juzgados de control, la instancia a la que le compete la inspección de los centros, que establecía una serie de modificaciones concretas para garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades de los internos, y que exigían su introducción en el reglamento.
No obstante, a pesar de que el Ministerio asegura que se incorpora un “régimen mucho más pormenorizado respecto a las visitas de abogados, familiares y otras personas”, matiza que estas “estarán sometidas a las normas de régimen interior y a la prohibición de introducir objetos peligrosos”.
Otra de las novedades anunciadas por Interior es que “se procurará” la separación de los internos con condena penal separados de aquellos que no han cometido delito alguno, una petición exigida durante décadas por organizaciones sociales ya que potencian el establecimiento de una mayor dispositivo de seguridad en los CIE y un clima desagradable para las personas que solo han sido ingresadas debido a su situación irregular en el país.
El nuevo reglamento incluye la formación de funcionarios policiales y de los demás empleados públicos y de organizaciones, algo que se venía denunciando desde hace años tanto desde organizaciones sociales, como desde los propios agentes de los centros y solo se hacía en algunos CIE a iniciativa propia de cada director. En este sentido, incluye “el deber de observar un trato correcto con los internos”.
Cacheos con desnudo integral “si fuera indispensable”
En cuanto a las medidas de seguridad que imperarán en los Centro de Internamiento de Extranjeros, el reglamento autoriza los cacheos “en situaciones excepcionales” que incluso se podría realizar con desnudo integral “si fuera indispensable”, siempre por funcionarios del mismo sexo y con previa comunicación a una autoridad judicial.
En relación a los registros de ropas o habitaciones de los internos la regulación se ajusta, según Interior, al dictamen del Tribunal Constitucional al respecto, que establece una serie de exigencias para tratar de garantizar el derecho a la intimidad, como que haya un testigo durante la intervención o que se expliquen al interno las razones y los resultados del resgistro. Esto es una de las peticiones ejercidas por algunas organizaciones sociales y que no se había incluido en los borradores anteriores del reglamento.
La normativa también contempla el uso de la fuerza (“atendiendo a criterios de proporcionalidad”) o la separación en celdas de aislamiento por motivos de seguridad, aunque “en ningún caso podrá adoptarse sobre mujeres embarazadas, con hijos a su cargo o enfermos graves”. No incluye ninguna garantía nueva para controlar el uso de estas habitaciones, exigencia también de ONG. Cabe recordar que en una de estos cuartos reservados, según Interior, para personas “conflictivas”, es donde se ahorcó un interno de origen armenio en el CIE de Barcelona el pasado 13 de diciembre.
Para formalizar las novedades incluidas en la normativa, el Gobierno dedicará unos fondos presupuestarios totales de 14 millones de euros aproximadamente. Estos incluyen los 9 millones de euros establecidos en los Presupuestos Generales del Estado, tres millones de euros incluidos por “ajustes de Interior” y 2 millones “derivados de la aplicación del contenido del reglamento”. La información difundida por Interior -aún no se ha difundido el texto definitivo- solo menciona la exigencia de “comunicación previa a una autoridad judicial”, algo que ya se hacía hasta el momento.
En 2012 Interior hizo público un primer borrador del reglamento que ya incluía los derechos establecidos pero su redacción y falta de detalles fue criticado por las ONG porque, según sostenían, provocaba la falta de garantías y algunas restricciones en cuestiones relacionadas con las visitas de familiares o amigos y de organizaciones sociales, el acceso a los teléfonos móviles de los internos, la presentación de las quejas (debían pasar antes por el director del centro), el acceso al baño por la noche (no está regulado y en algunos centros se deniega) o el aviso con una antelación mínima de 12 horas antes de la expulsión a su país de origen. Por el momento se desconoce si el texto definitivo, que se publicará este sábado en el BOE, da respuestas a algunas de estas denuncias que también hicieron públicas los juzgados de control, responsables de la inspección de las condiciones de los CIE. Previsblemente, parece que continuará dependiendo de la dirección de cada centro.